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La Iglesia Católica confiesa haber ocupado 67 inmuebles en Extremadura

Tras el informe del Ministerio de la Presidencia sabemos que, del millar de bienes (que la Iglesia reconoce) indebidamente inmatriculados entre 1998 y 2015, 67 pertenecen a Extremadura: 16 de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, 21 en el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres y 30 en la Diócesis de Plasencia.

Hace unos años, la ocupación de viviendas copaba la inmensa mayoría de informativos televisivos, portadas de periódicos, tertulias, programas y espacios informativos de los medios de comunicación.

Como ya explicamos en un artículo del mes de septiembre del año 2020, en plena mediatización de la “okupación”, era más probable morir asesinado que sufrir un allanamiento en la región. Sin embargo, los datos oficiales no fueron óbice para los profesionales de la desinformación y el alarmismo social.

Poco importaba que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se resolvieran entre 2018 y 2019 únicamente treinta y seis casos relacionados con la ocupación de viviendas en Extremadura (un 0,007% de casos en dos años), o que, según el Instituto Nacional de Estadística, de los 6.028 casos de usurpación habidos en el Estado español en 2018, solo 71 infracciones se produjeran en esa misma comunidad autónoma (de los cuales los allanamientos de morada suponían, en años como el 2019, un 0,00018% del total).

A pesar de la alarma social que los medios de comunicación trasladaron a la ciudadanía, la ocupación de viviendas no parecía (ni parece) ser el mayor de los problemas de los extremeños y las extremeñas. Sin embargo, gracias al estudio oficial sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica elaborado por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno de España, reconocemos que la ocupación sí era una infracción estructural, problemática, orgánica y continua a lo largo de los años en España, y también en Extremadura. Solo que quienes protagonizaban los asaltos a las viviendas ajenas no eran jóvenes socialcomunistas, peligrosos inmigrantes ni parias de la tierra, sino mangantes de sotana y crucifijo, saqueadores de jerarquía y hábitos monacales.

La ocupación sí era una infracción estructural, problemática, orgánica y continua a lo largo de los años en España. Quienes protagonizaban los asaltos a las viviendas ajenas no eran jóvenes socialcomunistas ni parias de la tierra, sino mangantes de sotana y crucifijo

La Iglesia ha reconocido que registró a su nombre cerca de mil inmuebles que no le correspondían. Concretamente, la Conferencia Episcopal ha admitido que —gracias a la ley franquista que reformó Aznar, para otorgar más privilegios a la Iglesia en el año 1998—, inmatriculó 34.961 bienes inmuebles, de los cuales, reconoce la propia institución eclesiástica, al menos 965 fueron inadecuadamente inmatriculados.

Bienes inmatriculados de la Iglesia Católica (1998-2015)

La Iglesia ha reconocido que engordó su patrimonio ocupando casas, edificios, garajes, cementerios, colegios, terrenos turísticos y urbanos, fincas, huertos, parroquias, catedrales… que no eran suyas. Diecisiete años de expolio y usurpación, de apropiación ilegítima de propiedades de manera incontrolada, opaca, antidemocrática y en connivencia con la dictadura y el Gobierno de Aznar.

Diecisiete años de expolio y usurpación, de apropiación ilegítima de propiedades de manera incontrolada, opaca, antidemocrática y en connivencia con la dictadura y el Gobierno de Aznar

Según el estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica a cargo del Ministerio de la Presidencia, “se han inmatriculado a favor de la Iglesia Católica entre el 1 de enero de 1998 y hasta la entrada en vigor de la Ley 13/2015 un total de 34.961 fincas”. Del total de esas inmatriculaciones, “20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o dependencias complementarias a los mismos y 14.947 a fincas con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etc….)”. Por otra parte, “y en relación a estas 34.961 fincas inmatriculadas a favor de la Iglesia Católica, 30.335 lo han sido en virtud de certificación eclesiástica (…), y en 4626 fincas consta que la inscripción se ha practicado en base un título distinto”.

Entre esas decenas y decenas de bienes cedidos, vendidos y expropiados que serán objeto de un proceso de regularización, 982 bienes se contabilizan en Extremadura. En desglose, resultan ser 668 templos y dependencias complementarias y 314 entre fincas, viviendas, solares, etc.  

Extremadura: 67 ocupaciones reconocidas por la IglesiaDe los 35.000 títulos de certificación eclesiástica contabilizados en toda España, 893 pertenecen a Extremadura. Concretamente, 407 corresponden a la provincia de Badajoz y 486 a la de Cáceres. La Iglesia Católica reconoce que el número de inmatriculaciones indebidas son 67: 16 de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, 21 en el caso de la Diócesis de Coria-Cáceres y 30 en la Diócesis de Plasencia.

Las diócesis extremeñas corroboran el hecho de que en estos inmuebles inscritos en la región concurren circunstancias irregulares, puesto que algunas están duplicadas o es imposible acreditar su propiedad, otras se adquirieron mediante permutas o herencias, e incluso algunas conciernen a otras entidades religiosas. La mayoría de las ocupaciones son fincas o viviendas, aunque también hay más de veinte lugares de culto.

Las diócesis extremeñas corroboran el hecho de que en estos inmuebles inscritos en la región concurren circunstancias irregulares, puesto que algunas están duplicadas o es imposible acreditar su propiedad

Teniendo en cuenta que el número de inmatriculaciones en las ciudades de Mérida, Cáceres y Plasencia son 14, 22 y 23 respectivamente, destaca el elevado número de inmatriculaciones en localidades como Rebollar (37) Tamurejo (30), Ribera del Fresno (19), Valencia del Ventoso (14) y Olivenza (10).

¿Y ahora qué? La Iglesia pretende devolver sólo el 2% del expolio

Aunque la Conferencia Episcopal ha reconocido la ocupación irregular de centenares de inmuebles, lo que los colectivos en defensa del patrimonio enajenado por la Iglesia llevan denunciando meses parece cada vez más plausible: en el horizonte, la regularización amenaza con llevarse a cabo a través de modificaciones en sus exenciones fiscales o “salidas en falso”. Como alertaran hace años estos colectivos, “el Gobierno puede dejar en manos de las administraciones locales y particulares las eventuales reclamaciones judiciales”, lo que supondría otra inexplicable injusticia y otro antidemocrático favor al clero. Y es que, de recuperar el Estado solo el 2,8% de los bienes, como pretende solucionar  la Iglesia este expolio, se le concederían a la misma los 34.000 inmuebles restantes.

Y es que, de recuperar el Estado solo el 2,8% de los bienes, como pretende solucionar  la Iglesia este expolio, se le concederían a la misma los 34.000 inmuebles restantes

En Extremadura, la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, ha asegurado en un comunicado sobre el escándalo de los  bienes inmatriculados, junto a las diócesis de Coria-Cáceres y la de Plasencia, que “la intención de las diócesis de la Provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz (es) hacer, a través de nuestros servicios jurídicos, un análisis detallado de los inmuebles en los que se haya detectado alguna clase de anomalía, y proceder a su regularización. Una vez tengamos verificados los casos concretos en que nos afecte, informaremos de ello con toda transparencia, como es nuestro compromiso, al igual que ha hecho la Conferencia Episcopal”.

De no atajar esta corrupción sistemática de manera global y eficaz, en palabras del colectivo Recuperando, “El Gobierno más progresista de la historia estaría convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia”, y también incumpliría “su compromiso programático, expresado solemnemente en el Congreso de los Diputados por el presidente Sánchez en su investidura, cuando anunció que promovería una reforma legislativa para ‘revertir las inmatriculaciones’ practicadas por la Iglesia católica, por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional”.

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