La imposición de una medalla a una imagen de la Virgen en el Ayuntamiento de Cádiz ha desatado una polémica que ya es antigua en la Historia de España. ¿Son posibles unas instituciones públicas laicas en nuestro país? Creo que previamente conviene reflexionar sobre dos hechos.
La Iglesia Católica constata día a día que los contenidos de su fe (dogma, vida sobrenatural, moral y liturgia) son de manera inexorable obviados en la práctica por parte de los que se autocalifican de católicos.
Ante ello se ha enrocado en torno a tres ejes de actuación. La sobreabundancia de actos religiosos de oropel: romerías, procesiones, actos castrenses y demás atavismos idolátricos. La práctica parasitaria de las arcas públicas a través de subvenciones, exenciones fiscales, inmatriculaciones, etc. Y en último lugar ejerciendo una intromisión en los expedientes de los alumnos de primaria y secundaria a causa de las clases de religión y la validez de su puntuación como si de otra asignatura se tratase.
Por otra parte, multitud de sedicentes militantes y cargos públicos de la izquierda que olvidando la influencia de la Ilustración en la génesis de la izquierda, acogen en las instituciones a imágenes religiosas, participan en procesiones, romerías y otros fastos religiosos con la argumentación de que la religiosidad popular debe tener acogida en las instituciones de un Estado que, precisamente, carece de religión oficial.
Pareciera como si la palabra popular fuese en sí misma un salvoconducto para transitar por la inconsecuencia. Porque el problema en cuestión reside en la normalización del Estado de Derecho en el que las iglesias y las confesiones religiosas forman parte de la esfera de lo privado.
No se trata de expulsar de la legalidad, sino justamente lo contrario, situar a las iglesias en el lugar de las demás manifestaciones culturales, filosófica o filantrópicas. Es decir justamente en su sitio. Lo que ocurre es que la Iglesia Católica española está muy mal acostumbrada tanto por tirios como por troyanos.
