EL PAÍS viaja por el Medio Oeste, uno de los frentes más cruentos de la última ola restrictiva contra los derechos de las mujeres: de la isla permisiva de Illinois a Misuri, que ya lo ha prohibido, pasando por Iowa, cuyo futuro es incierto
La clínica de salud reproductiva Joseph F. Rosenfield, en Des Moines, parece estos días una de esas fichas de dominó que se mantienen erguidas sin que esté claro por cuánto tiempo. El aborto es aún legal en Iowa durante las 20 semanas posteriores a la fertilización, pero su gobernadora, la republicana Kim Reynolds, anunció el martes que hará lo posible para que eso cambie cuanto antes. Tiene prisa por alinearse con la reciente sentencia del Supremo que derogó el fallo Roe contra Wade, que en 1973 dio rango constitucional a ese derecho. Con su decisión, que no coincide con el sentir mayoritario de la sociedad reflejado en las encuestas, el alto tribunal devolvió a los Estados la potestad de regular sobre el aborto. Se calcula que 26 de los 50 están dispuestos a acabar con él.
Así que mientras Washington aún arrastra la resaca político-judicial, la guerra en torno a la salud reproductiva de las mujeres se libra ahora Estado a Estado. En esta última semana, las organizaciones que defienden el derecho a decidir han impugnado normas en 11 de ellos, y han logrado pararlas en cuatro. Y en mitad de ese confuso y cambiante panorama, destaca la vasta y predominantemente conservadora región del Medio Oeste, donde se están librando algunas de las batallas más cruentas entre ambos bandos.
En Iowa hay una ley, parada por los jueces, que bajaría el límite a las seis semanas, lo que en la práctica se parece mucho a una prohibición. De momento, Reynolds, que se juega el puesto en las elecciones de noviembre, ha logrado sacar adelante una norma que obliga, tanto para los abortos quirúrgicos como para la administración de pastillas, a la celebración de dos visitas y a que pasen al menos 24 horas entre ellas. En la primera, la paciente debe firmar un consentimiento, recibe información sobre las alternativas a la interrupción del embarazo, se le hace una ecografía y se le da la opción de mirarla. En la segunda, la operan o le administran las píldoras. Esa provisión está pensada para que las embarazadas recapaciten, pero Elizabeth Nash, del Instituto Guttmacher, organización inependiente de referencia en la investigación sobre el tema en Estados Unidos, advierte que, según sus estudios, “un 92% no necesita pensárselo dos veces: lo tienen decidido de antemano”.
Megan Amato, una de las enfermeras tituladas del centro de Des Moines, que, como la mayoría de las clínicas de salud sexual y reproductiva que se reparten por Estados Unidos, pertenece a la red de Planned Parenthood, explicó este miércoles en el lugar en el que trabaja “desde hace 15 años” que el cambio normativo les obligó a un puzle logístico para recolocar a quienes ya contaban con una cita. “No es sino otra manera de impedirnos hacer nuestro trabajo”, dijo. La directora, Jordawn Williams, añadió que eso lo sufren sobre todo quienes se ven obligadas a viajar para recibir la atención que les niegan en casa; Iowa linda con tres de los siete Estados (Wisconsin, Dakota del Sur y Misuri) que ya han prohibido totalmente el aborto en la última semana, así que la clínica Rosenfield (uno de los siete centros que Planned Parenthood tiene en Iowa; de los cuales, solo dos, este incluido, proveen abortos quirúrgicos) se ha convertido en un referente en el Medio Oeste.
Pero no solo aquí. Una médico del centro, que accedió a hablar con EL PAÍS protegida por el anonimato, contó después que acababa de tratar a alguien llegado desde Nueva Orleans, a 1.600 kilómetros de distancia. Como la mujer en cuestión podía permitírselo, miró clínicas Estado por Estado hacia el Norte, hasta que consiguió la primera cita disponible en Iowa.
Desde que en los últimos meses, en lugares como Texas u Oklahoma, empezaron a promulgarse leyes restrictivas, el centro de Des Moines ha recibido, al igual que otros por todo el país, a mujeres llegadas desde mucho más allá de lo acostumbrado. Su directora calcula que la semana pasada hubo un día en que atendieron a “42 pacientes”, “lo más parecido a un récord”. “Las que carecen de recursos no pueden pagarse un hotel, y conducen durante horas”, añadió. Y puso un ejemplo cualquiera en un país en el que todo queda demasiado lejos: una mujer viajó para la primera consulta tres horas de ida (y tres de vuelta) desde Dubuque (Iowa). A los dos días, tuvo que hacer otras seis horas para la segunda.
Si la ficha de dominó de Des Moines cae, la presión que ahora soporta ese centro tomará rumbo a lugares donde el aborto siga siendo legal. Sobre todo a Illinois. Vecino hacia el este, se ha convertido en la América pos-Roe en una isla de permisividad rodeada por Estados donde está prohibido o amenazan con prohibirlo o restringirlo pronto.
Un viaje de cinco horas a través de una autopista en línea recta —por la que los camiones de 32 ruedas zumban entre los interminables campos de maíz― separa Des Moines de Flossmoor, al sur de Chicago, donde se encuentra una de las 29 clínicas abortivas de Illinois. Allí también están trabajando más que nunca, según explicó el martes pasado en una de las oficinas del centro de salud Mary Jane Maharry, de la filial de Planned Parenthood en el Estado. Está ubicado en un suburbio cualquiera, cuya tranquilidad alteran, cada mañana, los activistas antiaborto que protestan “en grupos de al menos cinco personas”, según contó la auxiliar Beatriz González, antes de posar embarazada para un retrato en la “sala de recuperación, donde las pacientes descansan 45 minutos” tras la rápida intervención.
Planned Parenthood tiene 17 centros en Illinois, donde el aborto está cubierto por la seguridad social (Medicaid) desde 2017. En ellos, atienden a unas 60.000 pacientes anuales. Llevan preparándose, según Maharry, “desde 2016, cuando Donald Trump llegó al poder”, para lo que veían venir: que el Supremo más conservador en ocho décadas, que el expresidente dejó atado y bien atado con la paciente colaboración de Mitch McConnell, líder republicano en el Senado, tumbara un precedente con el que las mujeres en Estados Unidos contaban desde hace medio siglo. Solían ver unas 1.000 pacientes de fuera del Estado, según Maharry; ahora esperan “entre 20.000 y 30.000 al año”. “Empezamos a observar un incremento espectacular a partir de la ley tejana [aprobada en septiembre]”, explica. “Nuestro motor de búsqueda de citas se volvió loco entre el viernes y el sábado. Y el día de la sentencia [24 de junio] recibimos el doble de llamadas de lo habitual”.
El centro de Flossmoor lo abrieron en 2018. En 2020, inauguraron uno en Waukegan, al norte, para atender las necesidades de la vecina y prohibicionista Wisconsin. Aunque el que mayor presión recibe en el Estado de Illinois pertenece en realidad a la filial de Planned Parenthood para la Región del Sudoeste de Misuri. Situado en Fairview Heights, está a 20 kilómetros de San Luis, al otro lado de la frontera natural del río Misisipi.
Yamelsie Rodríguez, la presidenta de la filial, explicó el martes pasado que, antes de que el fiscal general de Misuri corriera a prohibir el aborto tras conocerse la sentencia (tardó más o menos 20 minutos), la clínica de San Luis daba servicio a 1,3 millones de mujeres en edad reproductiva. Ahora las atenderán al otro lado de la frontera, en unas instalaciones que “abrieron en 2019 estratégicamente y en silencio”. En el periodo legislativo que ahora termina, recuerda Rodríguez, Misuri trató de aprobar una ley que prohibiera a las pacientes viajar a otro Estado para interrumpir el embarazo. “No lo lograron, pero han advertido que volverán a intentarlo en el próximo curso”, añade.
No son los únicos: lograr parar ese éxodo está entre los siguientes objetivos del movimiento antiabortista en Estados Unidos. Según publicó esta semana The Washington Post, hay una firma conservadora de Chicago llamada Sociedad Tomás Moro que prepara una legislación modelo para ponerla a disposición de los Estados que la necesiten. Está inspirada en la ley tejana, e invita a los ciudadanos a demandar a cualquier persona que ayude a una mujer a emprender el viaje. El Departamento de Justicia ya ha dicho que combatirá esas normas, y el tema incluso se trató en la sentencia del Supremo que derogó el aborto. La polémica estaba enterrada en la opinión concurrente del juez conservador Brett Kavanaugh. Este se preguntaba si son legítimas esas prohibiciones. “En mi opinión”, se contestaba, “la respuesta es no, basándome en el derecho constitucional a los viajes interestatales”. De los 52.780 abortos que, según el Instituto Guttmacher, se practicaron en 2020 en Illinois, alrededor de uno de cada cinco fue a una paciente llegada de fuera.
Rodríguez no piensa, con todo, esperar sentada a que impongan más restricciones, dado que los republicanos ya no ocultan su aspiración a sacar adelante una ley que prohíba el aborto a nivel federal. La clínica que dirige espera 14.000 pacientes más este año (que se sumarán a las 8.000 que atienden de media). “Ahora estamos abiertos seis días a la semana, pero para poder absorber la demanda ampliaremos a siete días; también planeamos aumentar el número de proveedores de servicio y estamos trabajando con el gobernador de Illinois [el demócrata J. B. Pritzker] para que apruebe una ley que permita a las enfermeras cualificadas recetar medicamentos abortivos”, advierte.
En torno a las píldoras ―que en 2020 se emplearon en la mitad de los abortos en Estados Unidos (de nuevo, según el Instituto Guttmacher)― también hay una guerra en marcha. Frente a lugares como Illinois, donde basta con una consulta remota (aunque para recibir a vuelta de correo los medicamentos hay que pedirlos desde un teléfono o un ordenador cuya IP conste dentro del Estado), en Iowa es obligatorio que todo el proceso sea presencial. Las pastillas están prohibidas en sitios como Misuri o Dakota del Sur, donde el viernes entró en vigor una ley que amenaza con penas graves a quienes prescriban medicamentos para el aborto sin licencia de las autoridades locales, una norma diseñada para evitar que facultativos de otros Estados puedan tratar a las pacientes de Dakota del Sur. Como respuesta a esa medida, las clínicas de Planned Parenthood de Montana, vecino del norte, han anunciado que exigirán a las solicitantes que demuestren su residencia, para evitar poner en aprietos legales a sus médicos.
La doctora anónima de Des Moines explicó en su entrevista con EL PAÍS que ellos también están sometidos a una enorme presión. A la que ya soportaban (muchos, como ella misma, no viven en el mismo lugar en el que trabajan para evitarse problemas), se ha unido ahora en los Estados más restrictivos la amenaza de incurrir en un delito y el dilema de tener que elegir entre cumplir la ley o el juramento hipocrático. “Ya hay historias de mujeres que llegan con embarazos ectópicos, y para intervenir, los doctores tienen que demostrar que son inestables y que la presión arterial cae decididamente antes de poder tratarlas. De lo contrario, se arriesgan a la cárcel”, aclara. También son problemáticas las excepciones, que admiten solo algunas leyes, como la violación o el incesto. La mujer tiene que denunciar a la policía para acceder a un aborto legal y seguro, y muchas, que se encuentran entre las que más sufren las consecuencias de estas nuevas leyes, son inmigrantes indocumentadas que temen ser deportadas si acuden a las autoridades.
Pese a todo, la doctora afirma que este es el trabajo “más gratificante” que ha hecho nunca. “Cuando llegan a mí, las pacientes se hallan ante una disyuntiva vital. Yo les ayudo a tomar el control sobre su futuro. Y eso sucede varias veces al día”, dice. “La idea de un futuro en el que ya no pueda hacerlo, en el que tenga las manos atadas, es realmente desgarradora”. Se define como “optimista”. Así que solo le queda confiar en que la ficha de dominó de Iowa se mantenga erguida y no acabe cayendo.
