La consellera de Justicia respeta pero no comparte la decisión judicial de paralizar la retirada de la Cruz de los Caídos – El Ayuntamiento también solicita al alto tribunal que revoque su decisión
«Un espectáculo lamentable». Gabriela Bravo, consellera de Justicia y Administración Pública, expresó su respaldo al Ayuntamiento de Callosa y su desacuerdo con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que decidió paralizar la retirada de la Cruz de los Caídos que se levantaba en la plaza de España de la localidad y que ya había sido separada de su pedestal.
«Lo que está ocurriendo en Callosa del Segura me parece un espectáculo lamentable», afirmó la consellera en un desayuno en València organizado por Nueva Economía Forum. Bravo respaldó la decisión municipal de retirar el símbolo: «El Ayuntamiento ha actuado correctamente».
Y apuntó que no comparte, aunque respeta, la decisión judicial, «más allá de que ha llegado cuando la cruz ya se había retirado, por tanto es de imposible ejecución esa medida cautelarísima».
Memoria
La consellera recordó que hay una Ley de Memoria Histórica, vigente desde 2007, «que obliga claramente a la retirada de cualquier vestigio que esté en recuerdo o conmemoración a hechos relacionados con la dictadura franquista».
Así afirmó que, en concreto, la Cruz de Callosa del Segura «se levantó en homenaje a los caídos que trataron de salvar a José Antonio y a nadie le cabe duda de que es un elemento en los términos que describe la ley y ordena su retirada».
Bravo insistió en que el ayuntamiento actuó «en el marco de sus competencias y en obligación de lo que una ley estatal establece». Además, ha recordado que esa Cruz se levantó en un lugar declarado Bien de Interés Cultural y desde Patrimonio se había pedido al consistorio que se retirase para trasladarla a un museo.
El Ayuntamiento de Callosa, que acordó la retirada de la Cruz de los Caídos, se dirigió al TSJCV para solicitar que revoque el auto de suspensión cautelar del traslado del monumento.
El consistorio remitió al alto tribunal un escrito en el que recuerda que la actuación de retirada de la Cruz se desarrolló bajo el «amparo de los principios de legalidad y ejecutividad».
Fran Maciá, alcalde socialista de Callosa de Segura, apuntó: «Me parece el mundo al revés. El Estado de Derecho girado porque hay personas que siguen intentando negar una realidad muy clara, estamos haciendo el traslado de un monumento asociado a un vestigio franquista y para nada representa lo que algunos intentan vender que es que la cruz es un símbolo exclusivamente religioso».
