El adoctrinamiento, sea político, ideológio o religioso no puede formar parte de la actividad de un centro escolar, pero resulta curiosa la diligencia de la Fiscalía para actuar en este caso cuando nada hacen si se trata de actos religiosos o confesionales, tan vulneradores de la libertad de conciencia y de los derechos del menor, como los que se pretenden investigar en este ahora.
La Fiscalía de Menores de Baleares ha iniciado una investigación sobre la posible participación obligada o la implicación de menores en actos reivindicativos, manifestaciones o concentraciones «ajenos al ámbito educativo» y en horas lectivas en centros de las islas. Entre los actos investigados, estaría el instituto público Pau Casesnoves de Inca (Mallorca) que, tal y como ha publicado EL MUNDO, obligó a sus alumnos a apoyar en horario lectivo el referéndum catalán.
La investigación está «relacionada con las informaciones divulgadas a través de diferentes medios de comunicación de la posible realización en algunos centros educativos de Baleares» de este tipo de actos, informa en un comunicado la Sección de Menores de la Fiscalía.
El objetivo es «concretar y evaluar», al margen de posibles responsabilidades disciplinarias o administrativas en el ámbito educativo, si estas actuaciones «han podido incidir en los derechos de todo tipo en el ámbito de la protección de los menores». Además, la Fiscalía prevé determinar la «existencia de posibles situaciones de riesgo» para los infantes, y en definitiva investigar y constatar «las responsabilidades de todo tipo que se hubieran podido derivar» de estos actos.
Tal y como recoge EL MUNDO, en el IES Pau Casesnoves de Inca los alumnos fueron obligados el lunes pasado a secundar un acto de protesta a favor del referéndum y en contra de la acción policial en Cataluña , un día después de que se celebrara el referéndum ilegal del 1-O.
Los chavales, de diferentes cursos, fueron convocados en el patio durante el horario lectivo y sin el pertinente consentimiento de los padres. Según denunció el padre de un alumno del centro, «los chavales, que estaban en clase, fueron convocados en el patio, donde se organizó una sentada; allí los menores de edad fueron adoctrinados y recibieron varias consignas a favor del independentismo, en contra del Estado español y se criticó la violencia policial durante la jornada del 1 de octubre».
El acto fue promovido y apoyado por una profesora adjunta al jefe de estudios, que se sentó con los estudiantes en el patio y apoyó las diferentes consignas a favor del referéndum, según aseguraron a este diario varios estudiantes. La misma docente, prohibió a un alumno esa semana que portara una bandera de España anudada al cuello, alegando que «está prohibida».
Educación, a disposición de la fiscalía
Desde la Conselleria de Educación y Universidad se han puesto a disposición de la Fiscalía para «cualquier información que pueda necesitar en relación a cualquier hecho que implique los centros educativos de las Islas».
Asimismo, Educación ha constatado que cuenta con el servicio de Inspección que informa sobre cualquier circunstancia que afecte al desarrollo del quehacer habitual en los centros educativos, según informa el Govern en un comunicado.
En este sentido, la Conselleria ha señalado que «informará la Fiscalía de cualquier incidente que desde este servicio se haya podido constatar así como las medidas que se hayan podido adoptar».
La Conselleria de Educación y la Fiscalía de Menores firmaron el mes de noviembre de 2016 un convenio de coordinación institucional especialmente relacionado con la comunicación de incidencias a los centros docentes, atendido el interés mutuo que tienen para actuar en defensa de los derechos de los menores y, así, colaborar a satisfacer las necesidades educativas de esta Comunidad Autónoma.
Ciudadanos pide la dimisión del conseller
Por su parte, Ciudadanos (Cs) ha reclamado este mismo lunes la dimisión del conseller de Educación, Martí March, «por su inacción ante los abusos de adoctrinamiento ideológico en las aulas» denunciados por padres de alumnos e investigados por la Fiscalía de Menores.
En un comunicado, la diputada Olga Ballester alude concretamente al caso de sentada reivindicativa en horario lectivo en el instituto Pau Casesnoves de Inca sobre el que informa este diario, centro en el que «no es la primera vez que se adoctrina a los estudiantes«.
«Rechazamos el inmoral uso de menores para fines políticos y adoctrinadores por parte de docentes de ideología nacionalista, en horario lectivo y mediante abuso de autoridad», subraya Ballester.
La diputada denuncia «la absoluta indiferencia del conseller ante estos hechos» y considera «intolerable» que Mach exprese «su apoyo a los centros, a sus directores y a los profesores de ideología nacionalista cuando estos hechos de acoso y humillación de menores salen a la luz y se denuncian».
«En paralelo con el adoctrinamiento salvaje que se ha dado durante décadas en Cataluña y cuyo resultado es la crisis política actual, el nacionalismo balear no se quiere quedar atrás y está usando la estrategia del miedo sobre los menores y sus familias», ha sostenido Ballester.
