Un antiguo sacerdote lo había denunciado y reclamaba que pasase de la Iglesia a manos de la ciudad, a su juicio la legítima propietaria. Ahora se descarta un delito de falsificación documental, aunque queda abierta la vía civil
La Fiscalía Provincial de Burgos ha archivado la denuncia presentada por un antiguo coadjutor de la parroquia de San Pedro y San Felices en la que aludía a un posible delito de falsificación documental a raíz de la inmatriculación del colegio del mismo nombre en favor de la Diócesis de Burgos, hace ya varias décadas.
Este excura, que abandonó el sacerdocio en los años 60, era el presidente de la Junta de Apostolado Social que movilizó al barrio en aquella época y logró sacar adelante, con la aportación individual de muchos vecinos y pequeños negocios, la construcción de un centro social concebido inicialmente para la formación profesional aunque en la actualidad se imparte enseñanza infantil, primaria, secundaria y bachillerato.
En el escrito que la Fiscalía remite al denunciante, Francisco Angulo, se advierte de que aún podría reproducir la denuncia ante la jurisdicción civil. El interesado descarta hacerlo personalmente, aludiendo entre otras razones a su edad de 81 años, aunque insiste en que la ciudad podría intentarlo para que el centro fuera público y no concertado.
«Como suponíamos en nuestra denuncia, el fraude por vía penal ha sido archivado al haber prescrito, una vez transcurridos más de 50 años desde que sucedieron los hechos, pero el fiscal dejó la puerta abierta a la vía civil, si la ciudad deseara recuperar el Centro que financió», explica Angulo.
Destaca el denunciante que el centro «fue adquirido por el Obispado por renuncia del derecho de superficie» pero «ni el presidente, destinado a la Audiencia de Valladolid, ni ningún otro miembro de la Junta tuvo conocimiento de dicha renuncia». Además, recalca que la Junta de Apostolado no era parroquial ni episcopal, sino «laical, al contar con vecinos que no pisaron la iglesia en su vida».
De hecho, sostiene que el párroco de entonces fue «su máximo detractor» y que el arzobispo eludió «toda responsabilidad civil subsidiaria en un proyecto que creyó de ilusos». Por eso, concluye, «resulta imposible que nadie se arrogara los derechos de todo un barrio que sacó el dinero debajo de las piedras. Una Fuenteovejuna muy difícil de ningunear»
Alusión al ayuntamiento. En su día, y advertida por este periódico de la denuncia presentada ante la Fiscalía, la Diócesis defendió la legitimidad de su propiedad y alegó que incluso el arzobispo podría suprimir si quisiera esa Junta de Apostolado Social. Angulo admite que así es, que podría eliminarla, «pero no a sus legítimos dueños, que pagaron el centro de sus bolsillos. Hoy todos murieron excepto el promotor, que con 81 años está para pocos trotes, y deberán ser otros los que aclaren los hechos y lleguen a algún acuerdo», en alusión al Ayuntamiento de Burgos como supuesto garante del interés de la ciudad.
