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Una vez más el debate de una Ley de Educación ha llevado a una confrontación política entre la izquierda y la derecha. Por mucho que algunos lo intenten camuflar bajo la cuestión del lugar que ocupa el castellano en la enseñanza en alguna comunidad autónoma o en lo referente a la asignatura de religión el verdadero enfrentamiento político consiste en cual ha de ser el papel de la enseñanza concertada y cual tiene que ser en su caso la financiación pública.
En nuestro país la cuestión educativa tiene su origen en el control que el nacionalcatolicismo tuvo sobre el conjunto de la enseñanza. La dictadura delegó en las organizaciones de la iglesia católica todo lo relativo a la enseñanza y la enseñanza pública quedó reducida a un papel de enseñanza de poca calidad dedicada a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Esta situación ha pesado en la regulación de la enseñanza en la democracia.
Durante el periodo democrático se ha impulsado de forma importante la enseñanza pública en cantidad y calidad, especialmente durante los Gobiernos del PSOE. Pero en el momento inicial y ante la imposibilidad de asumir de entrada el derecho a toda la enseñanza a cargo del estado desde el sector público éste permitió el mantenimiento de la enseñanza concertada, es decir aquella que en principio sustituye la carencia de plazas en el sector público y por tanto establece un concierto educativo, una financiación pública de estos centros privados, mayoritariamente a cargo de comunidades religiosas.
En principio el concepto original de la educación concertada era ser subsidiaria de la red pública. Pero esta situación no tan solo se ha eternizado sino que durante los mandatos de la derecha en el Estado y en las comunidades autónomas se ha incrementado la financiación de las escuelas concertadas en detrimento de la red pública.
La propia condición de subsidiariedad de la educación concertada parecería indicar que con el tiempo la concertada iría a un proceso de progresiva desaparición en beneficio de la enseñanza pública que se habría generalizado, es decir que sólo deberían haber dos tipos de enseñanza: la pública a cargo del Estado y la privada a cargo de los particulares.
Pero no ha sido así. ¿Por qué? Básicamente porque el mantenimiento de la enseñanza concertada esconde una vez más una discriminación social y es una de las bases de la desigualdad existente. Todo bajo la falsa excusa de la defensa de la libertad. ¿Por qué falsa excusa? Porque la educación pública que tienen que financiar los poderes públicos tiene como objetivo garantizar la igualdad de conjunto de los estudiantes. Si alguien quiere una educación diferente puede optar por una educación privada, pero que se debería tener que pagar de su propio bolsillo. Y esto es lo que la derecha, de cualquier tipo, no acepta.
España es uno de los países de la UE que destina menos dinero público a la educación. Alrededor del 4%, frente a una media alrededor del 5% del conjunto de la UE. España es el sexto país con menos inversión educativa de toda la UE y está lejos de los más avanzados cómo son los países nórdicos entre el 6% y el 7%, pero también de Portugal. Hay que reseñar que Portugal que invierte un 6% ha priorizado la enseñanza pública eliminando casi totalmente las subvenciones a la concertada
Aquí en todo hemos ido al revés de nuestros vecinos. En los años de Gobierno del PP con Rajoy al frente, se hizo un recorte de 3.000 millones a la inversión en educación. Si en 2007 la inversión en educación por parte del Estado tenía una distribución del 89,5% para la educación pública y 10,5% para la concertada, en 2017 la distribución se había corregido y la pública bajaba al 87,5% mientras la concertada lograba el 12,5%.
La derecha en connivencia con las escuelas religiosas ha tratado siempre de bonificar la enseñanza concertada en detrimento de la pública. Y no ha sido exclusivamente el PP, esto es algo propio de todas las diversas derechas. Con las competencias transferidas podemos observar que la educación concertada recibe por encima del 40% de financiación pública en Euskadi, por encima del 30% en Navarra y Madrid y cerca del 30% en Cataluña. No se trata pues de religión ni de lenguas, se trata de clasismo. En la educación pública según un estudio del BBVA un 60% de los alumnos vienen de entornos de clase media, un 33% de alumnos con menor capacidad adquisitiva y un 7% con muy pocos recursos. A la concertada un 92,5% proviene de familias acomodadas o de rentas medias y sólo un 7,5 de entornos menos favorecidos.
Hay que decir que las escuelas concertadas no están en los mismos entornos sociales y no utilizan los mismos baremos de entrada que la escuela pública y esto es uno de los temas que la nueva ley trata de mejorar.
Las fuerzas de izquierdas y progresistas, políticas y sociales, tendrían que hacer una defensa enconada de ir hacia el objetivo de conseguir que la totalidad de los fondos públicos para la educación fueran más y fueran dirigidos a la enseñanza pública.
Hay que combatir de forma radical la falsa idea de libertad de elección que fomentan las derechas. Nadie niega la libertad de elección pero para eso existen las escuelas privadas, pero la educación pública, que se paga con dinero público y abierta a todo el mundo es la única que debería financiarse con fondos públicos. Y esto no es ser iliberal ni de izquierdas, esto significa progreso y tendría que ser aceptado por todo el mundo. Hay que decir que en un país reconocido por su modelo de excelencia educativa como es Finlandia, una democracia consolidada y con pleno respecto a las libertades públicas, ya hace tiempo que optó, sin que ninguna fuerza política lo impugne, por un sistema educativo totalmente público desde las guarderías hasta la Universidad.
Es falso que la escuela concertada gestione mejor que la pública. Lo que esconde la escuela concertada y más aún la privada es la defensa de la desigualdad social y el recorte de la igualdad de oportunidades para el conjunto del alumnado. Todo esto al margen de formas irregulares de financiación mediante fundaciones que los padres tienen que pagar y las peores condiciones laborales de buena parte del profesorado.
Para dejar las cosas claras los fondos públicos, que salen de los impuestos, en el campo educativo se deben dirigir a financiar una educación pública de calidad y abierta a todo el mundo que nos ayude a conseguir una sociedad menos desigual y a fomentar la igualdad de oportunidades.
