En los últimos cinco años, ocho países han abolido las leyes de blasfemia: estos son Noruega, Islandia, Malta, la región de Alsacia y Mosela en Francia, Dinamarca, Canadá, Nueva Zelanda y Grecia (en Irlanda la cuestión está en proceso, después de un referéndum el año pasado en el que se decidió eliminar de la Constitución el artículo que establece que la blasfemia es un delito). Sin embargo, todavía hay 69 estados en los que la blasfemia es castigada por la ley, en 6 de ellos con la pena de muerte; y todavía hay al menos 18 países que castigan la apostasía, 12 de ellos con la pena de muerte.
Esta es la imagen que surge de la nueva edición, publicada hace unos días, del Informe sobre la libertad de pensamiento en el mundo, promovido por Humanist International (Hi, de la cual forma parte la Unión de ateos y agnósticos racionalistas).
Y hay más: si bien es cierto que algunos casos dan esperanza, como el de la pakistaní Asia Bibi, indultada de la acusación de blasfemia y reparada en Canadá, es igualmente cierto que en varios países las sanciones y los enjuiciamientos se están endureciendo. Este es el caso en Brunei y Mauritania, que en los últimos dos años han aumentado las penas por blasfemia y apostasía. El nuevo código penal de Brunei, aprobado en 2019, hace que la blasfemia y la apostasía, así como el adulterio y la homosexualidad, se castiguen con la muerte. Mauritania, por su parte, introdujo la sentencia de muerte obligatoria por blasfemia y apostasía en abril de 2018. Ambos países se encuentran entre los últimos diez en el ranking mundial sobre libertad de pensamiento en el mundo elaborado por Humanist International (junto a Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Maldivas, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Malasia y Sudán).
Europa no escapa por completo a las críticas, aunque sea claramente un caso de gravedad bastante diferente. En particular, Italia (159º lugar en el ranking mundial) y España (91º) se destacan por enjuiciamientos contra artistas y manifestantes.
“Las leyes sobre blasfemia y apostasía son una injusticia en sí mismas”, dijo Andrew Copson, presidente de Hi, pero también brindan una falsa legitimidad a quienes cometen asesinatos y actos de terrorismo en su nombre. Como muestra nuestro informe, cuando los gobiernos toman medidas al amparo de tales leyes, solo se agravan los problemas del extremismo religioso. La derogación de estas leyes en función de las obligaciones establecidas por los tratados de derechos humanos de los que casi todos los países son signatarios debe ser una prioridad. No resolverá todas las otras formas de discriminación contra los humanistas y otras minorías religiosas o de creencias, pero será un paso hacia la deslegitimación del extremismo religioso que amenaza a tantas sociedades en gran parte del mundo “.
Prefacio a la edición 2019 del «Informe sobre la libertad de conciencia en el mundo» [extracto]
Por Andrew Copson
Andrew Copson es presidente de Humanists International
Las leyes contra la “apostasía” y la “blasfemia” siempre violan los derechos humanos a la libertad de pensamiento y libertad de expresión. También siguen siendo una de las formas más notorias de discriminación legal contra las minorías no religiosas, así como contra otras minorías religiosas o de creencias, ya que se usan con mayor frecuencia contra miembros de grupos religiosos o de creencias fuera de la corriente principal de un país.
Los casos de “blasfemia” que con mayor frecuencia aparecen en los titulares incluyen a artistas y escritores, manifestantes y activistas, quienes a través de su trabajo creativo o social causan “ofensa” a una religión dominante. A veces, la ofensa como tal es algo intencional, como cuando un novelista juega con los límites de la fe, o un artista representa algún aspecto de la fe o la crítica en una novela, o de modo satírico. Otras veces, las leyes y los tabúes de “blasfemia” se utilizan para intimidar o enjuiciar a las personas que expresan su disenso contra algún aspecto de la religión dominante, ya sea desde “dentro” o “fuera” de la tradición. Esto puede significar que las críticas a las creencias, prácticas, líderes o instituciones particulares se convierten en tabú, incluso cuando existe un claro caso moral para el debate, la crítica, la reforma o la justicia.
Cada sociedad contiene personas que, en el ejercicio de su propio juicio, llegan a conclusiones sobre las preguntas filosóficas generales a las que las diferentes religiones pretenden ofrecer respuestas. Al hacerlo, pueden estar alejándose de creencias particulares; creencias que se suponían de ellos o que la familia o la sociedad les imprimían. Solo por buscar sus propias respuestas, o por expresar sus propias ideas, especialmente cuando estas ideas contradicen una religión mayoritaria, las leyes contra la “blasfemia” y la “apostasía” tachan a personas como herejes, infieles o disidentes.
A veces se les dice que la expresión misma de su cambio (o supuesto cambio) en las creencias es un crimen porque contradice una prohibición religiosa contra la ‘apostasía’, que por supuesto es una lógica circular peculiar y no algo que debería tener ninguna influencia moral, y mucho menos legal, sobre un no participante de esas creencias. O se les dice que la expresión de su “apostasía” es una forma de traición contra la consanguinidad, o traición contra la cultura o el país, lo que por supuesto es una reacción exagerada en extremo. O les dicen que sus ideas “sacuden la fe” de los demás, como si el que las propias creencias le dieran a alguien una pausa para pensar o un momento de duda fuera un gran crimen, y desmintiendo también la fragilidad de cualquier creencia que necesite tal protección mimosa del mero hecho de estar en desacuerdo, o que cualquiera de estas cosas sea tan grave que la mera expresión de los pensamientos debe ser castigada con prisión o incluso la muerte.
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Como tales, las leyes de “blasfemia” y “apostasía” no solo violan los derechos del individuo; ni siquiera es cierto que la “sociedad” en su conjunto se beneficie de alguna manera. Por el contrario, una y otra vez, está claro que donde hay tabúes culturales contra el sacrilegio, la no creencia o la conversión religiosa, el codificar esos tabúes en las leyes solo aumenta la confianza de los radicales religiosos, disminuye el espacio para las libertades personales y la sociedad civil, y propaga creencias cada vez más extremas, tabúes extremos, y la primacía de las creencias religiosas, particularmente las creencias religiosas conservadoras, sobre el bienestar de todos en la sociedad.
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Informe completo original en inglés
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