“Es urgente porque vamos tarde”, dice la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, para justificar el decreto por vía de urgencia que pueda permitir (¡por fin!) la exhumación “legal” de los restos del dictador, cuya tumba preside la basílica del Valle de los Caídos.
Demasiado tarde, diríamos otros, porque, efectivamente, como sigue diciendo: “un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia …”. Presunta incompatibilidad que, sin embargo, se ha mantenido durante cuarenta años. Del mismo modo como se sigue manteniendo la impunidad de los crímenes franquistas, que ningún gobierno ni ley “democrática” se ha atrevido a resolver “en justicia”, pese a que han sido calificados, reiteradamente, por tribunales y organismos internacionales de Derechos Humanos de “crímenes de lesa humanidad”, que ni prescriben ni son amnistiables.
Por eso, además de muchos otros capítulos de la herencia franquista que obviamos aquí, cabe poner en cuestión el final de la frase de la ministra vicepresidenta, que da por hecho que estamos en una “democracia consolidada”. Porque, sin salirnos del mismo tema y apoyando este “gesto” del actual gobierno -fruto de una larga presión social y política-, tiene poco de democrático pretender, a la vez, la permanencia misma de ese aberrante monumento al crimen y que, además, se intente mantenerlo como “símbolo de reconciliación” entre víctimas y victimarios. Tanto más, cuando prolongando la impunidad de los crímenes franquistas, las víctimas republicanas aún no han sido reconocidas como tales, carecen del derecho a “Verdad, Justicia y Reparación” y, en modo alguno, fue decisión de ellos o de sus familiares compartir el “sagrado lugar” levantado, expresamente, para enaltecimiento de la “Cruzada”. Un monumento que, además, fue construido utilizando el trabajo forzado -con muchas muertes de por medio- de miles de presos políticos.
Aparte de la triquiñuela legal del decreto: “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, requisito que excluye a Franco (pero no al fundador de la Falange, José Antonio, por ejemplo), se adelanta el destino “reconciliador” que se quiere atribuir al lugar, nuevamente sin contar con la voluntad de los afectados.
Pero, en esta ocasión, también es preciso llamar la atención sobre una trama, que solo ha aparecido de soslayo y parcialmente en los medios y, digamos, a toro pasado. Se trata del papel de la Iglesia, que a través del arzobispado de Madrid y pasando por la propia abadía de los benedictinos -custodios del nefasto monumento y de su hospedería abierta a todo tipo de eventos fascistas-, nos lleva al propio Vaticano y a las facultades para una decisión determinante que le atribuyen los Acuerdos con la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979.
Efectivamente, el primero de ellos, “ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS, “prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre las dos Partes”, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia para “crear, modificar o suprimir Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica”. Así mismo: “El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Órdenes, Congregaciones religiosas”. Y en su apartado 5: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado”; continuando en el siguiente: “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos (de las distintas instancias de la Iglesia)”. Concesiones, a las que se han añadido otras por distintas vías y cuyas consecuencias seguimos sufriendo “en democracia”.
Es, en función de estos Acuerdos y su prevalencia -por el carácter internacional otorgado-, sobre leyes y decretos nacionales, por lo que, antes de tomar la decisión y verla viable, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto obligado a negociar con la Iglesia a todos los niveles. Tenía la llave.
Ahora sale a la luz y se aplaude la discreta labor “mediadora” que en ese sentido ha llevado a cabo Pedro Sánchez a través del lobby “Cristianos Socialistas” y, en particular, su dirigente Carlos García de Andoin, para lograr el placet privativo de la Iglesia. El arzobispo Osoro ha sido el primero que manifestó, tras su “cordial” entrevista con el nuevo inquilino de la Moncloa, su disposición a no poner trabas; y ahora declara que “la decisión corresponde al gobierno y a la familia”, a los que insta ponerse de acuerdo, y que “la Iglesia está dispuesta a recibir en su seno a un bautizado”. Para la Iglesia, tan sabia durante siglos para nadar y guardar los hábitos en todas las aguas, y muy celosa en atribuirse el monopolio de los valores morales: ¡Franco solo era y es un simple “bautizado”!, sin más connotaciones.
Pero las cosas no se quedan ahí. La familia había manifestado ante notario que dejaba en manos del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera (candidato de Falange en los años 90), la responsabilidad de la custodia y permanencia de los restos de Franco. Como la orden benedictina, que tutela la basílica y tiene personalidad jurídica para defender la “inviolabilidad” del lugar sagrado, depende de la Abadía francesa de Solesmes, y ésta, a su vez, directamente del Vaticano, pues resulta que hasta el Papa ha llegado la cuestión, muy preocupado ahora por una imagen deteriorada por otros “pecados”. Como se decía en un artículo de hace unos días recogido en laicismo.org, al final, decisiones sobre temas políticamente importantes para nuestro país, se pueden tomar desde un “Estado” extranjero. El Concordato franquista de 1953 y su actualización con los post o para-constitucionales Acuerdos de 1979 lo permiten y avalan.
Si las jerarquías eclesiásticas no se hubieran avenido al acuerdo, se hubieran inclinado por blandir la “inviolabilidad” del lugar sagrado y, como amenazaba el prior benedictino, denunciar al gobierno “por profanación de tumbas”, añadido al derecho que asiste a los familiares para disponer sobre el traslado de los restos, probablemente la sentencia última en los tribunales no sería favorable a la decisión del gobierno. Está por ver el desenlace final.
Sin embargo, aquí nadie cede por nada. Parece que la “moderación” y “mediación” interna de Osoro ha sido a cambio de arrancar la garantía del gobierno sobre la permanencia de los Acuerdos con la Santa Sede. Y la familia Franco, a la que “en democracia” se le han prolongado y respetado privilegios y pingües negocios en continuidad con la herencia recibida, tendría mucho que perder si pusieran demasiado empeño en defender la figura y bochornosos honores hasta ahora dispensados al “Soldado de España”. Llevan razón: después de 43 años, todos tienen otros intereses más inmediatos de los que preocuparse.
Pero todo este affaire deja claro un hecho: los Acuerdos de 1979 con el Vaticano y los privilegios ahí protegidos para la Iglesia Católica siguen pesando como una losa y ningún “apaño” circunstancial -con la venia de la jerarquía eclesial- puede ocultar su intolerable raíz antidemocrática.
Son muchas las tareas y retos que tiene pendientes el movimiento laicista y democrático en nuestro país, pero, en modo alguno, hay que perder de vista que la Denuncia y Derogación de tales Acuerdos se sitúan en el centro de las prioridades, en tanto son la fuente y aval de la mayoría de los privilegios heredados de la dictadura de los que sigue disfrutando la Iglesia.
Fermín Rodríguez Castro
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