Tanto en la Carta Programática como en la actividad desarrollada por Europa Laica, la defensa del carácter laico de la Escuela contra del adoctrinamiento dogmático en las aulas ha ocupado un lugar primordial.
La influencia y privilegios heredados de siglos de imposición clerical en la Enseñanza, y especialmente con la etapa franquista del nacionalcatolicismo, se han prolongado en el tiempo no sólo por las resistencias de la Iglesia a perder el control ideológico en un terreno trascendental como es la educación, sino también por la tibieza e incluso connivencia de los sucesivos gobiernos frente a poderes fácticos, que han permanecido aferrados a intereses y privilegios contrarios a los más elementales principios de la democracia. El llamado “consenso constitucional” sobre la enseñanza ha mantenido los acuerdos de fondo, por más que en la confrontación política se hayan exagerado las diferencias de forma. Ese acuerdo, respetado en todas las leyes educativas, ha permitido, de una parte, la continuidad del adoctrinamiento religioso tanto en centros públicos como privados, y, de otra, la financiación con fondos públicos no sólo de esa labor catequizadora sino también del propio sostenimiento y desarrollo de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente confesional, en claro detrimento de la Escuela Pública.
Si bien hemos de reconocer que, debido a ese cúmulo de intereses y complicidades, han sido magros los frutos de las múltiples iniciativas y campañas desarrolladas en defensa de la Escuela Pública y Laica, hoy aparentemente se abren nuevas perspectivas a la par con las aspiraciones de cambio y mayores exigencias democráticas reflejadas en la sociedad civil y en sus diversas expresiones políticas. Entendemos que asistimos a un momento histórico donde, con una mayor secularización de la sociedad y con el apoyo en generaciones jóvenes -que en buena medida se han desprendido de herencias políticas y clericales- parece posible avanzar pasos decisivos en las reivindicaciones laicistas y, en particular, dentro del ámbito escolar.
Al mismo tiempo, no desconocemos la aparición de nuevos peligros que pueden reforzar la actual fragmentación del sistema educativo en diferentes redes, con sus particulares connotaciones ideológicas. La “liberalización” de los servicios públicos, incluida la educación, propugnada por organismos internacionales de corte neoliberal, es una descarada apuesta por su progresiva privatización, por la configuración de un mercado educativo diferenciado y sometido a las leyes de la oferta y la demanda. Si se quiere confinar la Escuela Pública a la marginalidad (o subsidiariedad) y se reduce cada vez más el espacio público y común, también quedan fuera de juego la laicidad y la neutralidad ideológica exigida a las instituciones y servicios públicos en tanto que instrumentos destinados a satisfacer, en términos de igualdad, derechos universales de la ciudadanía. A nadie se le oculta que la desigualdad de las ofertas educativas incluye, entre otros elementos selectivos y segregadores, el diferente “carácter propio” (y sesgo ideológico) de cada centro de enseñanza, amparándose en su consideración de “iniciativa social” privada que, por otra parte, se ha visto avalada en las distintas leyes de reforma educativa, incluida la LOE (artículo 108.4). Destruidos los principios de universalidad e igualdad, que deben investir al espacio público, queda poco lugar y argumento para la laicidad.
En continuidad con el trabajo desarrollado hasta el presente, pero encarando las particularidades del nuevo periodo, estamos obligados a replantear los objetivos y formulaciones de la lucha por la Escuela Pública y Laica que, curiosamente, muchos de los agentes y colectivos implicados en la enseñanza prefieren obviar o relegar a segundo plano.