El sector, capitaneado por el arzobispo Cañizares, amenaza con seguir en la batalla judicial
Muchas son las cábalas que se hacen estos días -coincidiendo con el proceso de admisión escolar y la próxima publicación del arreglo escolar en los colegios concertados- sobre si Vicent Marzà continuará al frente de la Conselleria de Educación. Es indudable que, en el sector de la enseñanza concertada, se preferiría otro perfil en Campanar. De hecho, no hay que olvidar que la escuela concertada fue uno de los sectores que antes y con más fuerza promovió en la calle las protestas contra el primer Consell del Botànic y en los tribunales la batalla contra muchas de las normas educativas. Así que ante la próxima configuración del nuevo Gobierno valenciano, la concertada apeló al propio presidente de la Generalitat para que contrarreste la política educativa de Compromís.
«Hay que hacer nuestras las palabras del presidente Ximo Puig ante la asamblea de la CEV prometiendo diálogo e interlocución con las empresas, porque hará falta una buena dosis en la comunidad educativa», afirmó el director gerente de la patronal de colegios Feceval, Mariano Vivancos. Lo hizo precisamente durante la escenificación del «éxito» de la campaña #yoelijo que puso en marcha la concertada este año -auspiciada por el Arzobispado de Valencia – de cara al proceso de admisión escolar. El objetivo era básicamente defender el «derecho de las familias» a elegir la educación para sus hijos.
«Estamos a las puertas de saber la configuración del nuevo Gobierno, que será una oportunidad para evitar errores del pasado», insistió Vivancos. «No somos ingenuos y hay dinámicas que continuarán, pero hay que mirarlo con expectativas», sentenció.
De hecho, el presidente de FCAPA Valencia y portavoz de la campaña, Vicente Morro, recordó que la concertada ha tenido que acudir en múltiples ocasiones a los tribunales para «preservar los derechos fundamentales» que reconoce en esta materia la Constitución. Y aquí entran desde la eliminación de aulas concertadas en Infantil, Bachillerato y Formación Profesional hasta la regulación del modelo de plurilingüismo, la exclusión de la red de centros privados y concertados de las ayudas para el primer ciclo de Infantil, la orden de pago delegado o la imposibilidad para los alumnos de universidades privadas de optar a becas o prácticas en el sistema sanitario público.
«Nadie tiene derecho a imponer una escuela única, pública y laica», dijo Morro, mientras la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, advirtió de que «la escuela concertada puede quedar reducida a la mínima expresión».
Por su parte, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, subrayó que el artículo 27 de la Constitución española, «garantiza que los padres son los que educan y no el Estado, porque si no estaríamos en una dictadura». «Haremos todo lo posible por que se cumpla la Constitución», señaló, para augurar a continuación que «la batalla va a ser para rato». «Se ve demasiada ideología y desapego a la verdad, y la verdad nos hace libres», concluyó.
En este sentido, se asume que, como ya se vio en la primera legislatura del Botànic, la Conselleria de Educación es una pieza codiciada por Compromís. Hay quien interpreta que Marzà está llamado a repetir precisamente porque una segunda legislatura en Campanar se presume considerablemente más fácil.
Al plurilingüismo solo le queda consolidarse tras el via crucis judicial, el desarrollo del plan Edificant permitirá en los próximos años ir acabando con los barracones y podrá seguir sacándose pecho de la generalización de Xarxa Llibres o el aumento de todo tipo de becas para el alumnado. Eso sí, a la espera de la decisión judicial está una cuestión espinosa como la concertación de la etapa de Bachillerato.
En todo caso, desde la enseñanza concertada ya desliza que no se piensa renunciar a la vía judicial para «combatir» la política educativa del tripartito. La jornada de ayer, que reunió también al rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, y al decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Elías Durán, se presentó como una exigencia a la Generalitat para que «respete la Constitución para no tener que seguir recurriendo a los tribunales de justicia».
