Tras el intento de recusación del juez que tumba los recursos de ‘Abogados Cristianos’, la entidad presidida por Polonia Castellanos sostiene que el Ayuntamiento de Castelló ha contratado a una “empresa fantasma”
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha echado toda la carne en el asador para intentar evitar la retirada de la cruz franquista del parque Ribalta de Castelló y su posterior entrega al obispado. La entidad ultraconservadora, que ha tratado de recusar al juez que les tumba los recursos, va a por la empresa adjudicataria de las obras. Así, ‘Abogados Cristianos’ ha ampliado su querella inicial por un presunto delito de prevaricación con el supuesto agravante de discriminación por motivos religiosos contra la edil Pilar Escuder aludiendo a la “incapacidad de la empresa adjudicataria para proceder a la retirada con las garantías que exige la situación jurídica”.
La ampliación de la querella sostiene que Solaris Purgaret SL, la firma adjudicataria de los trabajos de retirada de la cruz, “fue creada el 2 de julio del 2021 y la concesión fue hecha unos pocos meses después, no constando más actividad de la empresa”. Además, considera que la sede social de la empresa es “ficticia”. La dirección alberga, al parecer, un coworking “encontrado”, según ‘Abogados Cristianos’, “para dar credibilidad a la empresa”.
La entidad ultra que preside la letrada Polonia Castellanos ha aportado una grabación, de la que no da más información, en la que alguien sin identificar comenta que en esa dirección de Castelló llegan notificaciones de Hacienda y cartas de una entidad bancaria. El texto de la ampliación de la querella aporta una serie de conclusiones sin confirmar: “No es localizable en la dirección que ofrece; es más, da la sensación de poco menos que empresa fantasma”, señala. “Al parecer Hacienda está teniendo los mismos problemas para localizar a la empresa y a su responsable”, agrega. Así, concluye que “la gran cantidad de notificaciones de Hacienda hacen suponer algún tipo de impago con la misma”.
‘Abogados Cristianos’ también pone en duda la idoneidad de la firma, que obtuvo la máxima puntuación en el proceso de licitación. “No resulta lógico que una empresa cuyo objeto es la preparación de terrenos vaya a realizar trabajos de demolición y de traslado de la cruz sin que esta sufra daño alguno, sobre todo vista además su falta de recorrido en el sector, ya que su constitución fue en julio del año 2021”, reza la ampliación de la querella. La Fundación de Abogados Cristianos deduce que la empresa Solaris Purgaret SL “se encuentra inhabilitada para contratar con cualquier administración pública”.
La entidad ultra incluso ha repasado en el Registro Mercantil otras sociedades del empresario adjudicatario. Así, la otra firma (que nada tiene que ver con las obras de la cruz del parque Ribalta de Castelló) cuenta con “una incidencia con la Seguridad Social de Valencia que le acarreó un acta de infracción”.
La fundación presidida por la abogada Polonia Castellano ha desplegado una ofensiva judicial ante el inicio de las obras para el traslado del monumento franquista y su entrega al Obispado de Segorbe-Castelló. Además de la querella contra la concejal Pilar Escuder, la entidad ultraconservadora ha intentado recusar al titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castelló aludiendo a “indicios más que razonables de una imparcialidad judicial comprometida”. Se trata del magistrado que ha tumbado los recursos de ‘Abogados Cristianos’ sobre la cruz franquista y el intento de secuestro de libros de temática LGTBI para los centros docentes de Castelló.
