Sindicatos y trabajadores reclamarán ante los tribunales un servicio público con más cobertura y sin discriminaciones laborales.
Asturias tiene 72 escuelas infantiles, repartidas entre 44 municipios y con 3.513 alumnos matriculados, aunque las listas finales pueden mostrar menos usuarios una vez depuradas las posibles duplicidades derivadas de solicitar sitio en varios concejos. Desde el partido socialista, Mari Luz Pontón, secretaria de Educación, Política Lingüística y Universidad de la Federación Socialista Asturiana (FSA), señala que el compromiso del Gobierno es “continuar ampliando esta red con la incorporación de nuevas escuelas en aquellos concejos que carecen de este servicio y con la creación de nuevas unidades en aquellos territorios con mayor demanda. Los Fondos Next Generation van a suponer una gran oportunidad para el desarrollo de esta red educativa’.
Sin embargo, Nuria Rodríguez, diputada de Podemos, en declaraciones a Nortes se muestra muy crítica con ‘una legislatura perdida que apenas ha avanzado en este campo, porque si seguimos con un Gobierno que continúa tonteando con la derecha, va a ir a más, por ejemplo, a pesar de las firmas de las personas afectadas, ha cerrado escuelas en Laviana y Begoña de Gijón y no las implanta si no hay suficientes niños, porque actúa con un criterio de ahorro absolutamente inaceptable. Pero olvida que estos centros pueden provocar un efecto llamada para familias que deseen asentarse en núcleos rurales y para quienes ya lo están, que no tengan que abandonarlos porque no puedan compatibilizar su vida profesional y privada’. Con similar planteamiento, Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de Asturias de CCOO, demanda que esta etapa se considere educativa, con unidades integradas dentro de los colegios públicos, lo que impulsa la fidelización de los escolares con su centro. No ve problemas en que existan empresas privadas que dispongan de una oferta para estos pequeños, pero la base debería estar enfocada como un derecho 100% público.
Diferencias entre Ayuntamientos
El modelo actual reposa sobre los Ayuntamientos, a los que se les delega esta facultad y se les sufragan los gastos del personal contratado, aunque existen plazas públicas insuficientes en algunos lugares, lo que origina sus correspondientes listas de espera. Uno de los problemas mayores de este modelo de prestación pública es que cada Ayuntamiento interpreta las normas de manera distinta. Así, en Siero, a diferencia de otros concejos donde no se pide este requisito, al hijo de Mario Gutiérrez, le exigen que tenga al menos tres meses en el momento de la matriculación y ‘esto provoca agravios comparativos, ya que hay familias que poseen mayor capacidad económica y tienen más puntos que otras que lo necesitarían más al tener menos recursos. Se aplica un sesgo discriminatorio por razón de edad al adjudicar la plaza, cuando en infantil, pero en el tramo obligatorio, los inscribes y cumplen años durante el curso escolar’. En su caso particular, también confirma que primero intentaron solucionarlo con el Consistorio, pero no tiene más recorrido y como resignarse no es una opción, no descarta como última jugada acudir a los tribunales si la situación no se desatasca.
“A día de hoy solo el concejo de San Martín del Rey Aurelio tiene una política de escuelas infantiles 100% gratuitas”
Otra diferencia importante entre concejos son el coste de las matrículas. Mientras algunos ayuntamientos han hecho fuertes apuestas por becar al alumnado, otros han planteado políticas más restrictivas. A día de hoy solo el concejo de San Martín del Rey Aurelio tiene una política de escuelas infantiles 100% gratuitas. Un pacto entre PSOE y Podemos en octubre del año pasado ha permitido que las familias de los 52 niños y niñas que acuden a las escuelas de Sotrondio y L´Entregu no pagen ni un euro.
Además, los efectos de los dispares criterios en la Administración local repercuten también en quienes prestan el servicio. Según explica Ana Castellano, coordinadora de Escuelas Infantiles de UGT, ‘entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones y con igual categoría se dan diferencias salariales y de otros derechos laborales, como permisos, solo por el hecho de en qué concejo radique su empleo, lo que es inadmisible. Esto se solucionaría a través de un organismo público que centralizara la gestión borrando tales diferencias y que dependiera de la Consejería, evitando así el complicado encaje jurídico de un manejo directo por parte de esta’. A lo cual añade que se ha de cumplir con la norma de estabilización laboral del personal de la Administración pública, pero varios Ayuntamientos no aceptan ese aumento de su plantilla por diferentes motivos. Es el caso de Avilés, Gozón, Grado, Mieres, Navia, Noreña y Siero. Podemos, IU, Ciudadanos y PP han pedido al Principado que sea la administración regional la que asuma la estabilización de la plantilla, a lo que el Principado se ha negado alegando que se trata de personal municipal. Tanto desde los ayuntamientos como desde la oposición critican que el Principado delegue en los Ayuntamientos una competencia que consideran corresponde a la administración autonómica, como es la educativa.
Más trabajadoras afectadas
Olivia– nombre ficticio para evitar represalias, según pide a Nortes– es una de las educadoras que no entrará en el plan de estabilización que, encima, califica de insuficiente, porque serían necesarios unos ratios más elevados de docentes por aula. Afirma que ya pasaron un concurso-oposición para entrar en esa bolsa con la que cubren los puestos, así que tendrían derecho a su regularización. A través de los sindicatos se han presentado recursos administrativos y el paso siguiente será la vía judicial. Cuando les indican que no son personal estructural responde que falta solidez al motivo, ya que su centro lleva funcionando hace más de una década. Eso sí, todos los años les dicen en agosto si continúan, dependiendo de si desde el Principado les renuevan la subvención. También les manifiestan que no son personal del Ayuntamiento cuando quien firma los contratos es el alcalde y que la diferencia con otros empleados municipales es que si se diera el caso a aquellos los podrían reubicar, pero no a ellas- mayoritariamente son mujeres-.
Asimismo, la falta de esta posibilidad de ayuda con el cuidado de los niños repercute en especial sobre perspectivas y desarrollos profesionales. Llorente incide en que la universalización y gratuidad de las escuelas igualmente funciona como ‘una herramienta para reducir la brecha salarial, porque 9 de cada 10 permisos se los cogen ellas para atender a los hijos, por lo que la extensión es crucial’. En este sentido, la Comisión Europea ha enunciado en reiteradas ocasiones, como en el Pacto Europeo para la Igualdad de Género 2011-2020, que nos hallamos ante un derecho fundamental que permite el avance en la incorporación femenina al mercado laboral.