En un ambiente político enrarecido y viciado, presagio de tormentas y vendavales, el partido del gobierno está incumpliendo lo que prometió en la oposición. Desde muchos lados se achaca al partido socialista que esté utilizando el gobierno como plataforma electoral pensando que, a través de algunos gestos izquierdistas, pueda recuperar la credibilidad de un electorado perdido. Pero tienen razón los independentistas catalanes: los gestos no son suficientes. Los sindicatos también lo han dicho con toda claridad: hay que comenzar a derogar la reforma laboral y emprender acciones contra la situación intolerable de pobreza y precariedad laboral que existe en nuestro país. Hay poca ambición y mucha efervescencia publicitaria. Algunos gestos, además, rayan en el esperpento como la exhumación de la momia de Franco. ¿Cómo es posible que un gobierno soberano tenga que arrodillarse, ante la Iglesia católica, para enterrar, donde le venga en gana, al último dictador del fascismo europeo?
En el caso de la educación, la ambición no parece existir. Ni siquiera para parar las medidas de los recortes, ya que el proyecto de ley que se ha tramitado deja en manos de las Comunidades Autónomas la determinación final de la carga del horario lectivo del profesorado y del número de alumnos por aula. Además, la reforma y pseudoderogación de la LOMCE proyectada plantea un regreso a la ley anterior manteniendo, en esencia, los equilibrios existentes en el sistema educativo en España. No existe un propósito de política de largo aliento en educación. Siempre se dice que la educación es lo más importante pero no es cierto ya que las debilidades de nuestro sistema educativo son crónicas e intolerables para un país con un PIB como el español y lo que produce más desasosiego es que ni los partidos políticos, ni la sociedad en su conjunto, se interrogan, de forma radical, sobre el futuro de la educación. El negocio de la educación ya se ha consolidado en España y la red escolar se ha dividido en un complicado puzle que erosiona la igualdad y la cohesión social. Se podrá decir de mil maneras y de mil maneras se ha dicho: en España existe una segregación social en el acceso a la educación intolerable, constituyendo la educación el primer factor de reproducción de la desigualdad, después de la renta. Mientras no se ponga en cuestión esa famosa libertad de educación no habrá nada que hacer. La libertad de educación es una falacia y es la justificación para reproducir la desigualdad y hacer de la educación un negocio económico e ideológico. La derecha española, en todas sus vertientes, no ha tenido la más mínima compasión y se ha abrazado en manos de la educación como negocio y la izquierda socialdemócrata, pese a lo que se proclame en tiempos de oposición, ha dado cobertura legal y presupuestaria a un sistema educativo que promueve la desigualdad. El modelo educativo que se ha ido fraguando en España es el de la desigualdad y el de la mediocridad, como se ha comprobado en el esperpento nacional de los masters y doctorados de la “clase” política de nuestro país. Recientemente en el humilde y edificante ensayo “Sobre la Educación” el profesor Emilio Lledó lo ha dicho como nadie lo podría decir: “El permitir que el poder económico pueda determinar la calidad de la enseñanza o, lo que es más sarcástico, que el Estado subvencione con dinero público ciertos intereses ideológicos de una buen aparte de colegios más o menos elitistas parece, en principio, no solo una aberración pedagógica sino un clamorosa injusticia “ y más adelante concluye con este lucido pensamiento: “Solo las sociedades que luchan por la igualdad son las que pueden producir más riqueza cultural , más bienes materiales. Los pueblos marcados por grandes diferencias entre sus clases sociales son los más amenazados (…) El principio esencial del sueño igualitario es la educación. Su más equitativo y generoso instrumento es la educación pública, con la pedagogía de la justicia y la solidaridad. El mal más terrible que puede instalarse en la consciencia democrática es, por el contario, el cultivo solapado e hipócrita de la diferencia y la desigualdad”.
Desde diversos ámbitos se pensaba que el sistema político español estaba agotado y que era necesario un reseteo e, incluso, un proceso constituyente para poner el cuentakilómetros a cero y emprender las reformas sociales necesarias. Pero nos hemos equivocado. Al contrario, se ha producido un apuntalamiento de este sistema político y las reformas se aplazan sine die intentando hacer frente, como se puede, a la vorágine del presente o se pretende, peor aún, otra vuelta de tuerca, ante un sistema político cada día más escorado a la derecha. No encontramos, entonces, en un momento muy difícil. Desde las organizaciones y asociaciones pertenecientes a la sociedad civil nos tendremos que conformar, a nuestro pesar, con exigir casi exclusivamente mayores inversiones en la educación pública y exigir medidas contra la expansión de la educación privada. Mientras la mayoría de la sociedad y de los partidos políticos no entiendan que es necesario avanzar hacia una escuela única, pública y laica insertada en los nuevos desafíos de la enseñanza no habrá otra posibilidad. Pero hay asuntos que no pueden si quiera demorarse ni un momento y nos referimos al adoctrinamiento de los menores en los colegios públicos y privados por una legión de catequistas católicos que está siendo sufragado por el Estado. El partido socialista y los grupos parlamentarios que hoy sustentan su gobierno, aprobaron, en Febrero del año pasado, una proposición no de ley, a instancias del Grupo Unidos Podemos y en la cual estuvimos involucrados asociaciones como Europa Laica, en la que se instaba al gobierno del Partido Popular a denunciar y derogar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y a sacar la asignatura de adoctrinamiento religioso fuera del sistema escolar. Por supuesto el gobierno del Partido Popular hizo caso omiso a esa proposición no de ley aprobada mayoritariamente, también con los votos del partido socialista. ¿Cómo es posible que en un mismo periodo legislativo el partido que está en la oposición exigiendo tal y tales cosas al gobierno y teniendo la oportunidad de, por una moción de censura, de estar en el gobierno acabe actuado como el gobierno anterior? Sin duda alguna es un ejercicio de cinismo político y de desfachatez que, además, pone en evidencia que las denominadas proposiciones no de ley no son más que unos papeluchos arrugados tirados a la papelera y que demuestran la calidad de la democracia española. Esto mismo que ha hecho el partido socialista con la clase de religión católica lo ha hecho con el listado de los bienes inmatriculados de la Iglesia Católica ya que el Partido Socialista también instó, mediante otra proposición no de ley, a que el Gobierno del Partido Popular publicara el listado completo de bienes inmatriculados y ahora que está en el Gobierno no solo lo está incumpliendo sino que ha declarado estar negociando, en mesa camilla, con los obispos, el futuro de nuestro patrimonio histórico artístico, riéndose, al tiempo, de la promesas que dirigentes del Partido socialista habían realizado a la movimiento social agrupado en la plataforma “Recuperando” y de la que Europa Laica forma parte.
Ante una pregunta del incombustible luchador por el laicismo, el senador por Compromís, Carlos Mulet, sobre la denuncia de los Acuerdos de Santa Sede, el gobierno respondió en iguales términos que había respondido el gobierno del partido popular, manifestado que no tenía ninguna intención de su denuncia: “Los Acuerdos forman parte de nuestro Ordenamiento jurídico y mantienen su vigencia de manera que los poderes públicos están obligados a cumplirlos e interpretarlos en cualquier caso conforme a la Constitución, como el resto del mismo Ordenamiento”.
En cuanto al grupo Parlamentario Unidos Podemos y puesto que éste también instó al gobierno del Partido Popular a sacar la religión de la educación o a denunciar los Acuerdos de la Santa Sede, constatamos que no ha aprovechado su privilegiada situación en la correlación de fuerzas parlamentarias, exigiendo al Gobierno a que saquen la religión del proyecto de ley de reforma (sic) educativa que se está tramitando y al mismo tiempo exigiendo al gobierno a denunciar de inmediato el vergonzoso concordato de 1979. Ni lo uno ni lo otro. Parece que el grupo Unidos Podemos se ha adaptado, muy pronto, al cretinismo parlamentario imperante en nuestro país.
Antonio Gómez Movellán. Presidente de Europa Laica
