La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, se ha procurado ya en la educación concertada a los primeros enemigos del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos que aún está por salir adelante. La cuestión, si la libertad de los padres a elegir el centro educativo de sus hijos es un derecho constitucional o no.
La titular de Educación aprovechó el XV Congreso de Escuelas Católicas (que representa al 60% de centros concertados) para decir que la enseñanza religiosa no es un «derecho constitucional». Los abucheos de la sala no frenaron a Celaá, que insistió en que la elección de centro forma parte de un «haz de derechos que pueden tener padres y madres en las condiciones legales que se determinen» pero no «un derecho emanado de la Constitución».
Desde el sector, y concretamente la Confederación Católica de Padres y Madres de Alumnos (Concapa), han considerado las declaraciones como «un ataque directo a la libertad de la familia para decidir sobre la educación de sus hijos». Su presidente, Pedro José Caballero, ha asegurado a El Independiente que este lunes se reunirá en Toledo con patronales de centros, padres y sindicatos para «debatir y ver qué hoja de ruta seguir».
Caballero afirma, además, que las declaraciones de la ministra no fueron puntuales sino que forman parte de un plan que tiene que ver con la reforma educativa que ya planteó el Gobierno en febrero y que puede poner sobre la diana a la educación religiosa. «Concapa lo tiene claro. Si se vulnera el derecho de las familias saldremos a la calle a movilizarnos, porque sabemos que hay mucha gente que nos apoya y que no es radical como la ministra, que quiere que haya una educación pública única y laica», afirma.
Reacciones del PP y «nada que temer» de la ministra
Algunos – como también Concapa – ven en las manifestaciones de Celaá un guiño a Podemos, su socio en el recién firmado acuerdo de coalición. La formación morada ha rehusado ofrecer declaraciones – en pro de las negociaciones, según fuentes de prensa – aunque en su ideario está la defensa de la educación pública. El diputado canario Manuel Marrero, afirmó en febrero pasado que la educación concertada y la oferta de religión en los centros educativos públicos son «anomalías democráticas».
