En el convenio firmado también por las Diócesis de Teruel y Albarracín, que participan con cantidades similares procedentes en su mayor parte de dinero público, se detallan tareas de conservación y restauración en un total 17 iglesias
El presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, el Obispo de la Diócesis de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, y el jefe de la Obra Social de la Fundación Bancaria Ibercaja, Juan Carlos Sánchez, han suscrito este viernes un convenio de colaboración institucional para la restauración del patrimonio artístico y arquitectónico de la Diócesis de Teruel y Albarracín durante el ejercicio 2017.
Merced a este acuerdo, este año podrán acometerse tareas de conservación y restauración en un total 17 iglesias de la Diócesis de Teruel y Albarracín que requieren actuaciones urgentes y necesarias debido a su estado de deterioro.
El listado incluye gastos de conservación en la Ermita del Cristo de Albarracín; la Ermita de los Santos en Villahermosa, y diferentes obras en las iglesias de Arroyofrío, Blesa, Bueña, CastelVispal, Cuevas Labradas, Jaganta, Monteagudo, Monterde, Pitarque, Tormón, Torrijas, Torrijo, barriada de Utrillas, Villahermosa, Villalba Baja y Visiedo.
70.000 euros directos de la Diputación de Teruel
En total se invertirán en estas obras 224.000 euros, de los que 70.000 euros corresponden a la aportación de la Diputación de Teruel; 69.000 euros a la aportación del Obispado, 70.000 euros de las parroquias afectadas y los 15.000 euros restantes a la aportación de la Fundación Bancaria Ibercaja.
Para el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, con este convenio la institución provincial participa en la conservación y mantenimiento del patrimonio artístico y arquitectónico como “testimonio de la rica historia” del territorio turolense.
Según Ramón Millán, “las instituciones tenemos un compromiso no sólo con los turolenses que acuden asiduamente a las iglesias sino también una corresponsabilidad con estos lugares como legado de nuestros antepasados y que permiten construir parte de la identidad de los municipios en los que se encuentran”. “Además, una iglesia es primordialmente un lugar de culto pero también se convierte en un espacio abierto a la convivencia con fines sociales, culturales y de servicio a la comunidad y por supuesto, en muchos casos constituye el principal y único recurso turístico del que disponen muchas localidades”, ha aseverado Millán.
Las 17 iglesias que serán rehabilitadas en 2017 gracias a este convenio presentan fundamentalmente daños en tejados y aleros así como problemas de humedades aunque en otros casos, también se contemplan trabajos para la supresión de las barreras arquitectónicas que presentan.
El convenio suscrito contempla la creación de una comisión de seguimiento integrada por dos miembros de la Diputación de Teruel, dos por parte del Obispado y uno de Ibercaja cuyo cometido será el de asegurar el cumplimiento de las obras impulsando sus actuaciones y aprobando modificaciones si fuera necesario.
El dinero que aporta la Iglesia, en gran parte público
Se podría decir que se trata de un convenio firmado a partes iguales, con una pequeña aportación de Ibercaja, que precisamente en estas últimas semanas anunciaba un ERE de extinción de empleo para casi 600 trabajadores y el cierre de 150 oficinas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el dinero aportado por la Iglesia proviene, en gran parte, también de las arcas públicas. Según un informe de la Asociación Europa Laica, fechado en 2015, las aportaciones del Estado a la Iglesia Católica, ya sea por asignación directa, por exención de impuestos o por conciertos educativos y hospitalarios, suponen aproximadamente 11.000 millones de euros.
Según este mismo informe, la iglesia católica española es propietaria de una buena parte del patrimonio que posee, por vías ilegítimas e ilegales, con el consentimiento o la complicidad del Estado. “A través de sus más de 40.000 instituciones conforma un enorme patrimonio, consistente en bienes mobiliarios e inmobiliarios. Más de 110.000 propiedades, entre lugares de culto, pisos, locales y otros, que pese a estar muchos de ellos alquilados a terceros, no son declarados como negocio ni la Iglesia paga impuestos por ellos.
Este tipo de convenios, permite a la Iglesia mantener un impulso económico extra a esos 11.000 euros, con la excusa de la conservación de importante patrimonio histórico, del que en muchas ocasiones es único usufructuario, sacando incluso beneficios no regulados por sus visitas.
