El obispado ha suspendido ahora a un sacerdote por hechos cometidos en 1986 en un seminario de Elche, pero no revela cómo se actuó entonces tras la denuncia de la víctima, ni dónde ha estado asignado hasta 2022
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.
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Un caso de abusos sobre un menor de un sacerdote de la diócesis de Orihuela-Alicante en el seminario marista de La Marina de Elche, cometido en 1986 y destapado por EL PAÍS, es un ejemplode cómo está siendo la actuación de la Iglesia en la mayoría de las denuncias: se da el mínimo de información y se ocultan aspectos fundamentales para evitar que la verdad salga a la luz. En esta ocasión, tanto los maristas como el obispado, dirigido por José Ignacio Munilla, se niegan a aclarar cómo se ha encubierto este caso durante 35 años, puesto que la víctima afirma que lo dio a conocer entonces a la orden, y quiénes son los responsables. Tampoco explican si se está investigando ese encubrimiento, como obligan las normas vaticanas.Y sobre todo la diócesis no revela a los feligreses las parroquias o destinos dónde ha estado todo este tiempo ese cura, del que solo se sabe el nombre, Antonio, ni si conocen más víctimas. Los maristas no detallan si lo comunicaron entonces a la diócesis, y si es así, cinco obispos han pasado por ella en ese periodo sin haber tomado medidas contra él. EL PAÍS ha contabilizado 39 obispos españoles sospechosos de haber silenciado, ocultado o encubierto casos de abusos en las últimas décadas, sin ninguna consecuencia.
Casos como este ponen en evidencia la relevancia que puede tener la investigación del Defensor del Pueblo, y una de las cuestiones clave, que aún debe ser abordada: su voluntad y capacidad para pedir esa información interna que órdenes y obispos se niegan a revelar, y la disposición de la Iglesia a entregarla. El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aseguró en septiembre que aún no ha pedido la colaboración de la Iglesia, pero lo hará, aunque no ha notado “mucho entusiasmo” en la otra parte: “Yo voy a pedirles expresamente formas de colaboración, pero muy concretas, no del tipo colaboramos o no colaboramos, sino: sobre estos casos qué puede decirnos, qué ocurre en estas congregaciones, qué pasa en estos archivos”. De momento, tanto los maristas como la diócesis de Alicante-Orihuela, no explican cómo actuarán si, en este caso concreto, el Defensor les pidiera información. “Siguiendo los criterios dados de la Conferencia Episcopal Española, tendremos la colaboración oportuna con el Defensor del Pueblo”, dice el obispado. Los maristas precisan: “No hemos recibido ninguna comunicación del Defensor del Pueblo. Cuando se plantee alguna cuestión por su parte, la abordaremos sin problema”. Y este es solo uno de los 855 casos de pederastia en la Iglesia, con al menos 1607 víctimas, que se conocen hasta ahora, según la contabilidad que lleva EL PAÍS, ante la ausencia de datos oficiales. La unidad de atención a víctimas del Defensor del Pueblo ha recibido ya más de 400 mensajes.
Este caso ha salido a la luz a través del informe que este diario entregó en diciembre de 2021 al Papa y a la Conferencia Episcopal, con testimonios inéditos que acusan a 251 sacerdotes y religiosos. Fue asumido, en un principio, por los maristas, pues los abusos sucedieron en el seminario de su orden en Elche, donde este cura era el capellán y además hay otros dos acusados en los años setenta. Sin embargo, la orden transmitió luego el caso al obispado alicantino, la institución de la que dependía el sacerdote. La diócesis contactó entonces con la víctima, por mediación de EL PAÍS, y finalmente condenó al cura este verano, con la suspensión del ministerio, aunque no lo hizo público. Este diario lo dio a conocer el pasado mes de octubre, pero tanto la diócesis como los maristas se niegan a aclarar todo lo demás. Ni siquiera la víctima ha podido conocer el nombre de su agresor, y tampoco se le ha entregado una copia de la sentencia canónica, como es su derecho.
La diócesis se niega a explicar lo que sabe del caso y su posible encubrimiento. Argumenta que la ley de Protección de Datos le impide dar más información sobre los detalles, “sobre todo, nuestro empeño está centrado en la atención y acompañamiento a las víctimas en su dolor, así como en la reparación del daño causado”, expone un portavoz. Hace tiempo que la estrategia que se va imponiendo en la Iglesia, tras superar la etapa inicial de la negación del problema, es primar el argumento de que lo importante es la atención a las víctimas, y no el conocimiento público de la verdad sobre lo ocurrido y rendir cuentas sobre la responsabilidad de la institución. El hasta ahora secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, ya dijo que la Iglesia no sería “proactiva” en la investigación y que preferían centrarse en la atención a las personas. No obstante, el aumento de casos obligó a la CEE a cambiar totalmente de postura y encargó el pasado mes de febrero una investigación a un bufete de abogados. El nuevo secretario general de los obispos nombrado esta semana, César García Magán, ha declarado en su primera rueda de prensa su “compromiso de transparencia”, pero aún es una asignatura pendiente.
“No hablamos ni hacemos exposición pública”
Los maristas tampoco dan ninguna información de cómo gestionaron el caso en los años ochenta. Adoptan la misma postura: “Investigamos todo lo que nos llega sobre esta materia. Y, al mismo tiempo, como explicamos siempre al hablar de nuestro tratamiento de estas cuestiones, nosotros no hablamos ni hacemos exposición pública de los detalles de los casos (…) Nuestras investigaciones están siempre orientadas a las víctimas y ellas son nuestra prioridad; atendemos sus necesidades fundamentalmente”.
La total falta de transparencia es el punto más débil de los intentos de órdenes y diócesis por hacer ver que ha cambiado su actitud hacia las denuncias de pederastia. Solo los jesuitas han presentado un informe de los casos que conocen en su seno, en enero de 2021, pero sin aportar ningún detalle de nombres, fechas y lugares. En cuanto a las diócesis, salvo excepciones, como Madrid o Barcelona, la mayoría de los obispados son reacios a informar a los fieles de los casos que conocen y a dar cuenta de cómo han actuado.
Uno de los efectos más claros de la reducción de la información al mínimo, además de contribuir a silenciar el problema, es que no favorece que afloren nuevas posibles víctimas. Otra de las razones para el secretismo es el temor a demandas e indemnizaciones, y por eso las admisiones de casos son con cuentagotas, aunque las víctimas tienen derecho a una compensación, pero raras veces se les comunica. Las víctimas de la pederastia del clero en España comienzan a explorar también las reclamaciones en la justicia civil, como acaba de hacer Miguel Hurtado, que destapó los abusos en la abadía benedictina de Montserrat y ahora ha presentado una demanda de 150.000 euros tanto por los daños como por el encubrimiento institucional del agresor.
En todo caso, cada diócesis tiene un concepto distinto de transparencia, en función de la sensibilidad de cada obispo. Algunas informan puntualmente de cada caso que conocen y los pasos que dan. La de Sevilla, por ejemplo, emitió un comunicado el mes pasado para anunciar que había conocido una denuncia contra un monitor de un grupo católico juvenil y daba sus iniciales. La de Cartagena anunció en marzo de 2021 que había recibido una denuncia contra un cura y lo identificaba como párroco de una iglesia determinada. Pero la mayoría de diócesis y órdenes solo revelan los casos, y sin dar detalles, cuando se ven forzados por los medios de comunicación. Si no, continúan ocultos.
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