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La derecha se une a nacionalistas vascos y catalanes en el Congreso para garantizar las plazas “suficientes” de la Concertada

PP, Ciudadanos y Vox anunciaron que apoyarían la transaccional presentada por PNV y JxCat, que permita que sean las comunidades autónomas las que gestionen directamente el número de plazas en colegios concertados. La propuesta no va a salir adelante

Los obispos, “preocupados” por el futuro de la enseñanza concertada y la falta de alternativa a la clase de Religión, y “molestos” porque el Ministerio de Educación ni siquiera ha respondido a su oferta de un Área de Valores, mientras que sí ofertará una asignatura de Cultura Religiosa en Primaria y Secundaria

En estos momentos, el Congreso de los Diputados debate, y vota, el dictamen de la ‘Ley Celaá’, la octava ley de Educación de nuestra democracia. Una ley que nace con polémica, y que ayer fue analizado por los obispos en su Asamblea Plenaria semivirtual.

Los prelados, según han reconocido a RD, están “preocupados” por el futuro de la enseñanza concertada y la falta de alternativa a la clase de Religión, y “molestos” porque el Ministerio de Educación ni siquiera ha respondido a su oferta de un Área de Valores, mientras que sí ofertará una asignatura de Cultura Religiosa en Primaria y Secundaria.

Mientras tanto, anoche, a última hora, los grupos de centro-derecha de la Cámara consensuaron una enmienda al dictamen, que también se votará a lo largo del día, y que busca garantizar las plazas “suficientes” para la enseñanza concertada. Una concertada que hoy se ha concentrado a las puertas del Congreso.

Celaá, en el Congreso

A la espera de la abstención de ERC

Un giro de tuerca que podría garantizar la supervivencia de estas escuelas (en su mayor parte religiosas), siempre y cuando ERC se abstenga en la votación, cosa que según apunta TVE no se va a producir, pese a la implantación y potencia de la escuela concertada en Cataluña.

Así, el PP, Ciudadanos y Vox anunciaron que apoyarían la transaccional presentada por PNV y JxCat, en la que apunta que “las Administraciones programarán la oferta educativa de modo que garanticen la existencia suficiente de plazas públicas y aquellas que garanticen la prestación del servicio público de la educación, especialmente en las zonas de nueva población”. Esto es: que sean las comunidades autónomas las que gestionen directamente el número de plazas en los colegios concertadas.

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