Entre los efectos más perversos de estos años de severa crisis económica se halla el progresivo empobrecimiento de un segmento de la clase media que ha visto reducir de forma imparable su calidad de vida hasta rozar líneas rojas de pobreza y exclusión social. Son los llamados nuevos pobres. Núcleos familiares a los que la creciente asfixia económica obliga a sobrevivir en la cuerda floja de la precariedad, gestionando con mano de hierro los limitados recursos y descartando cualquier gasto que si antes era considerado como normal, ahora no deja de ser superfluo y por tanto del todo evitable.
El fenómeno adquiere sus tintes más sombríos cuando afecta a ámbitos sensibles como el de la enseñanza, donde cada vez es mayor el número de familias que, acuciadas por ese ahogo presupuestario, rechazan llevar a sus hijos a determinadas actividades de pago. El caso es especialmente preocupante en el ámbito de las actividades extraescolares (idiomas, música, deportes, colonias…) que, lejos de ser disciplinas marías, acaban marcando la calidad formativa del escolar.
Al estrangulamiento de las economías familiares se añaden las políticas de austeridad y consiguientes recortes de las administraciones públicas que aplican las tijeras de forma drástica en estos ámbitos educativos que menosprecian de forma equivocada. Esta situación conduce a agrandar cada vez más la brecha social ya en las mismas aulas entre alumnos procedentes de familias que pueden costearse esas actividades frente a los que provienen de las más desfavorecidas y azotadas por la recesión.
El futuro no parece nada halagüeño. El Departament de Benestar Social ha reducido de forma drástica las ayudas a las entidades de ocio y el de Ensenyament ha suprimido totalmente las que iban a los ayuntamientos y a las asociaciones de padres de alumnos. Drásticos recortes que no pueden ser justificados solo por la falta de financiación del Estado a las autonomías.
Presenta ahora el Síndic de Greuges en el Parlament un duro informe sobre la violación del derecho al ocio educativo y su estrecha relación con las desigualdades. Contundente en sus argumentos, el defensor del pueblo exige una nueva normativa y ayudas públicas que garanticen una escuela más igualitaria y una sociedad menos injusta. Su queja no puede caer en saco roto.
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