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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador por encarcelar a una mujer que sufrió un aborto espontáneo

La sentencia reconoce que Manuela sufrió una emergencia obstétrica y señala como sistemática la persecución judicial a las mujeres en el país centroamericano.

Manuela siempre fue inocente. Lo sabía su familia y lo probaron sus abogadas, pero faltaba que un tribunal lo confirmara para que El Salvador fuera señalado oficialmente como responsable de violar todos sus derechos. Manuela fue encarcelada injustamente por una emergencia obstétrica. Murió de cáncer bajo detención. Este martes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que el Estado salvadoreño se equivocó: Manuela no debió morir en la cárcel. La Corte ha condenado a El Salvador por la criminalización arbitraria de una mujer por intentar acceder a servicios de salud cuando enfrentó un parto precipitado.

La sentencia del más alto tribunal americano de derechos humanos sienta un histórico precedente a favor de las mujeres en El Salvador, un país en donde perder un embarazo se castiga como un homicidio. A Manuela le fue impuesta una pena de 30 años, la pena mínima prevista para el delito de homicidio agravado, que puede llegar hasta los 50 años.

“En el presente caso no cabe duda de que Manuela sufrió una emergencia obstétrica causada por la preeclampsia. La Corte rescata que las emergencias obstétricas, por tratarse de una condición médica, no pueden dar lugar automáticamente a una sanción penal”, señala el tribunal, que enumera varios puntos que el país debe ajustar para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.

La sentencia ordena regular el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica y desarrollar un protocolo para atender la atención de emergencias obstétricas. “Hemos esperado largo tiempo esta sentencia de la Corte, podemos decir que se ha hecho justicia porque los médicos tendrán que garantizar el secreto profesional de sus pacientes y nunca más mujeres criminalizadas por complicaciones obstétricas en El Salvador”, señaló Morena Herrera, activista de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.

El fallo, explica Catalina Martínez, coordinadora regional del Centro de Derechos Reproductivos, reconoce que en ese país casos como el de Manuela se dan en un contexto de persecución sistemática a las mujeres que sufren abortos espontáneos. Un patrón que se ha apoyado en la prohibición absoluta del aborto. “También se reconoce la tortura a la que Manuela fue sometida cuando la engrilletan a la camilla, detenida, aún estando convaleciente. Ese acto fue considerado por la Corte como tortura”, señala Martínez.

🚨Última hora🇸🇻: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH ) confirma que el Estado salvadoreño se equivocó, Manuela tuvo una emergencia obstétrica.

Se hizo justicia, Manuela siempre fue inocente.#ManuelaJusticiayEsperanza pic.twitter.com/QAs56YX2sM— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) November 30, 2021

Manuela, su mamá, su papá, y sus hijos sufrieron todas las injusticias posibles. La sentencia destaca que no se le respetaron las garantías al debido proceso, la justicia no quiso escuchar los testimonios de su familia. “El Salvador vulneró su derecho a la integridad personal, a vivir libre de violencia, a no ser discriminada”, agrega Martínez, que explica que, aunque el caso no tuvo como centro del debate el aborto porque se trató de una emergencia, sí reconoce que las mujeres son perseguidas incluso por perder sus embarazos.

Manuela tenía 31 años cuando fue llevada a prisión. El personal médico que la atendió cuando llegó después de sufrir un desmayo la denunció y la acusó de provocarse un aborto. El cáncer linfático que ya empezaba a afectar su salud durante el embarazo no fue tenido en cuenta y en 2010, dos años después de ser encarcelada, murió.

Su mamá buscaba desde 2008 justicia. Cada palabra del fallo reivindica la lucha que ha mantenido para que la inocencia de su hija, de la que nunca dudó, por fin sea respaldada con una sentencia, que además ordena reparaciones a su favor y crea un marco de jurisprudencia para todos los países que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos.

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