La Generalitat de Catalunya ha presentado esta semana una partida presupuestaria extra para el próximo curso escolar con el objetivo de amortiguar las desigualdades socioeconómicas que la pandemia acentuó. Las críticas han llegado tras las reuniones sectoriales para tratar de entender para qué y para quién son las partidas desglosadas no demasiado claramente. La Federación de Ampas de Catalunya (FaPaC) advierte de que al menos 20 de los 48 millones destinados a compensar desigualdades financiarán actividades fuera del horario lectivo y que buena parte de ellos recaerán sobre entidades privadas, con especial mención sobre la escuela concertada. “Lo importante es hacer cambios estructurales y que vengan para quedarse”, resume la directora de la FaPaC, Lidón Gasull, tras lo que considera una oportunidad perdida de cimentar la educación pública.
La financiación del Plan para la Mejora de Oportunidades Educativas 2020/2021 asciende a 48 millones de euros destinados a 500 centros de alta y máxima complejidad. Entre las medidas que redundarán positivamente en las familias socioeconómicamente vulnerables, Educación establece, por primera vez desde la anterior crisis económica, que los materiales escolares de estos centros públicos sean gratuitos (4,2 millones), así como las salidas y colonias escolares (5 millones). En Catalunya, desde hace una década, los materiales escolares son de pago y las familias abonan de media 88 euros por curso, tal y como advirtió la FaPaC y el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo).
Tras las dos primeras partidas, que han sido bien recibidas por los profesionales de la educación, llega la tercera: 1,6 millones para becar las actividades complementarias de los alumnos vulnerables que asisten específicamente a centros concertados. Gasull recuerda que la concertada y la pública ofrecen actividades y extraescolares distintas. Mientras la pública intenta ofrecer actividades a las que pueda asistir todo el alumnado, la concertada elige en función de otros criterios y brillan las actividades llamativas. Más que financiar complementarias solo en centros concertados, “por lo que se debería apostar es por unificar actividades”, apunta Gasull.
El segundo bloque asciende a 26,9 millones, más de la mitad del presupuesto. La última partida (13,5 millones) se destinará a reforzar el personal con educadores sociales y técnicos. El resto del presupuesto (otros 13,5 millones) terminará en manos de entidades privadas que realizarán talleres de estudio asistido, mentoría social, promoción escolar, acompañamiento emocional, etc. Se da la circunstancia de que precisamente a ello se ha dedicado Escola Nova 21, una alianza público-privada entre la Fundación Bofill, La Caixa, la Diputació de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya y la Unesco. El pasado diciembre concluyó este programa de “transformación organizativa” en 30 centros, que ha tenido una duración de tres años y medio.
La directora del centro de alta complejidad La Ribera, Àngels Longan, que se negó a recaudar la cuota de materiales escolares, forzando a Educación a asumir el gasto, considera tras leer el plan que “pretender que compensemos así unas desigualdades educativas tan graves, dentro de un marco de segregación alarmante y en medio de una pandemia, quizá es pedir demasiado”. Esta profesional de la educación considera que “una administración que no apueste por hacer cambios estructurales en el sistema, que serían más eficaces a largo plazo, está condenada a fracasar”.
CONTRATAR A MÁS PROFESORADO
El portavoz del sindicato mayoritario en educación, Ramón Font, de Ustec, contextualiza históricamente este presupuesto, que se inserta en los 450 millones de recursos complementarios destinados para el próximo curso y que la Generalitat anunció el mes pasado: “El plan hace ver que hacen alguna cosa cuando prácticamente no hacen nada. La aportación extraordinaria no llega ni a la capacidad del servicio educativo de 2010. Con este plan incorporarán 3.200 profesores a la pública, cuando deberían ser 8.000, y en sus cuentas han metido en el mismo saco a los monitores que trabajan 12,5h junto con el profesorado”.
Font se refiere a las 8.258 contrataciones totales anunciadas. El número de maestros para la pública y la concertada es de 5.417, mientras que el resto son educadores de apoyo (1.265), monitores de comedor (1.239) y personal de administración (337). La Ustec reclamaba un incremento de 44.500 profesores funcionarios para la escuela pública para hacer frente sanitariamente a este próximo curso en el que se prevé una segunda oleada de covid-19: con un profesor para diez alumnos de la etapa infantil y otro por cada 15 de primaria y 15 de secundaria.
Marina Sureda, la portavoz del sindicato de clase Intersindical-SCS, alerta de que “hay que dedicar esfuerzos a la vía normativa y a la escuela reglada, en vez de llenarse la boca con una dotación extraordinaria de profesorado que proviene de fondos europeos y que no tiene que ver con la pandemia, sino que lo único que consigue es reducir las aulas que se encontraban sobre la ratio permitida. Con esta dotación extraordinaria de personal solo da para llegar al máximo de alumnos por aula permitido en situación normal: 25 en primaria, 30 en secundaria. No estás reduciendo ratios, estás tapando sobrerratios que no deberían seguir existiendo”.
DIGITALIZACIÓN EN LAS AULAS
La última pata del plan de Educación para afrontar el próximo curso en pandemia radica en la digitalización del alumnado. El departamento anunció la compra de 300.000 ordenadores, de los cuales 85.000 serán para que el profesorado pueda teletrabajar y el resto, para alumnos de a partir de tercero de la ESO que se encuentren en situaciones vulnerables. Cada centro ha determinado a final de curso qué alumnos no podían conectarse, por lo que el programa de digitalización también implica 110.000 “paquetes de conectividad”. Es decir, instalar internet en los hogares de las familias vulnerables para que los adolescentes puedan seguir estudiando en caso de confinamiento o de estudio híbrido (semipresencial).
Este programa tampoco ha resultado del agrado del colectivo XNet, cuya portavoz, Simona Levi, ha denunciado que no recoge el acuerdo que habían alcanzado con el Departamento d’Educació para poner freno a Google en los ordenadores de los menores de edad y proteger sus datos privados mediante servidores propios.
Al respecto, desde Educación aseguran a El Salto, sin ofrecer más detalles, que “la apuesta por el uso de un programa libre sigue presente en el plan de Educación 2020-23 y nuestro compromiso sigue firme con el suyo para trabajar la excelencia a largo plazo en suits libres, la privacidad de los datos y la tecnocultura”.
