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La Comunidad de Madrid se niega a investigar las terapias para curar homosexuales porque las pruebas “son ilegales”

El ejecutivo regional pide otro tio de pruebas sobre las prácticas realizadas por el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá

La consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha instado a que se presenten pruebas que “no sean ilegales” sobre las  terapias de conversión de la homosexualidad que habría practicado el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá.

Según ha recordado, los hechos se remontan a abril de 2019 a raíz de una información publicada por ‘eldiario.es‘ que aludía a que esas terapias estaban siendo realizadas en el marco del Centro de Orientación Familiar Regina, un servicio perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares.

El escrito de la Secretaría General Técnica exponía que con fecha de 2 de abril tuvo entrada un escrito de denuncia, por parte de Más Madrid, por la posible infracción de la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de orientación sexual en la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente, la Asociación Arcópoli registró en la Consejería de Presidencia otra denuncia en este sentido, al igual que hizo COGAM en el Ayuntamiento de Madrid. La consejera indica que el periodista que suscribe estos hechos “afirma haber llevado a cabo una investigación haciéndose pasar por un joven que quiere cambiar su orientación”.

El 8 de mayo de 2010, relata, entra en la Secretaría un informe de la dirección general de servicios sociales en el que se elaboran los hechos y se califican como infracción muy grave, por lo que propone la incoación del correspondiente procedimiento. El redactor, al mes siguiente, lleva las pruebas “que eran grabaciones obtenidas sin el consentimiento y la documentación con correos electrónicos sobre la supuesta terapia reparativa de la homosexualidad”.

En este punto, el servicio jurídico de la Consejería emitió informe sobre si era posible “incorporar a un procedimiento administrativo sancionador la grabación de una conversación entre particulares obtenida sin el consentimiento de uno de los interlocutores“.

“El informe señala que una grabación no consentida pueda afectar a la privacidad del interesado y señala que para incoar el procedimiento sancionador sería necesario aportar otros medios como prueba (…) En este caso, las pruebas obtenidas no se obtuvieron de acuerdo a la legalidad exigible“, ha lanzado, para a continuación añadir que los órganos competentes en esta materia han actuado en todo momento “conforme a la legalidad vigente”.

Dancausa ha defendido que, por su parte, se están cumpliendo las leyes vigentes y los procedimientos sancionadores, pero tienen que hacerse con “las garantías constitucionales”. “Hay que presentar pruebas que sean tenidas en cuenta y no de forma ilegal“, ha zanjado.

Más Madrid recurre la decisión “ilegal”

Esta semana Más Madrid ha interpuesto un recurso de alzada contra la Consejería de Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid después de que la Secretaría General Técnica estimara no sancionar al obispo de Alcalá de Henares.

“Estamos ante una decisión completamente ilegal por parte de la Consejería. Han cerrado una investigación de forma fraudulenta. Si no rectifican iremos a los tribunales. Han dilatado los plazos por más de 948 días con el único objetivo de que este tipo de terapias prescribieran”,ha indicado el presidente del grupo parlamentario Más Madrid en la Asamblea, Eduardo Rubiño.

“Lo único que pone de manifiesto es que el PP quiere seguir incumpliendo la Ley LGTBI que sanciona estas terapias con hasta 40.000 euros de multa”, denunciaba. “Han hecho una chapuza administrativa para decretar la impunidad de los autores de estas terapias. Es un caso gravísimo por el que han pasado decenas de víctimas. Las grabaciones son perfectamente válidas y existen testimonios verídicos de las víctimas. Incluso la propia web del Obispado reconocen las terapias que se siguen llevando a cabo”, ha añadido. 

Así, ha acusado a Dancausa de poner “excusas” insistiendo en que Vox quiere derogar estas leyes ante un PP “totalmente subordinado”.

Esa posición tampoco la comparte el activista LGTB Ramón Martínez, que ha reaccionado irritado a la propuesta: “Parece que el PP de Madrid quiere aprovechar su Congreso para adelantar por la derecha a los ultras a través de la homofobia. Me pregunto si Dancausa es consciente de que cuando retuerce las leyes para evitar la aplicación de la Ley LGTB está también retorciendo el cuello de los derechos humanos. Esas prácticas no son una terapia: son una tortura, y con esta inacción la consejera se nos presenta como cómplice de esas torturas”.

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