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La Comunidad de Madrid paga 2,5 millones en siete años por la asistencia religiosa en sus residencias

Desde Europa Laica no ven con malos ojos que se garantice la “asistencia religiosa” a aquellas personas que no pueden desplazarse, pero rechazan tajantemente que eso se financie con fondos públicos: “Tiene que ser algo que pague cada una de las confesiones religiosas”

En la Residencia de Mayores Reina Sofía, ubicada en el municipio madrileño de Las Rozas, el capellán casi tiene jornada completa. Con un centenar de plazas, los residentes pueden disfrutar de casi cuarenta horas semanales de asistencia religiosa. No es algo que ofrezca la Iglesia Católica de forma altruista. Ni mucho menos. Es la Comunidad de Madrid la que corre con los costes. Y, como en este, en el resto de los veinticinco geriátricos públicos que están bajo la batuta de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). En los últimos siete años, el Gobierno regional ha pagado 2,57 millones por este tipo de servicios en los centros sociosanitarios. Más de 350.000 euros de media anuales.

El papel de la religión católica en estos centros es algo que aparece recogido en los acuerdos con la Santa Sede rubricados tras el fin de la dictadura. Así, el cuarto artículo del pacto sobre Asuntos Jurídicos contempla el compromiso del Estado a reconocer y garantizar “el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares“. Tanto privados como públicos. Eso sí, en este último caso, el “régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral” deberá ser regulada “de común acuerdo” entre las autoridades competentes tanto de la Iglesia como del Estado.

Poco después, Ejecutivo regional y autoridades religiosas sellaron los primeros acuerdos para que la Administración madrileña financiase estas actividades en sus residencias. Una relación que se ha mantenido hasta la fecha. En los últimos siete años, el Gobierno autonómico ha pagado 2,57 millones para la prestación de los servicios pastorales y asistencia religiosa católica a los residentes. Las cantidades no siempre han sido las mismas. En 2015, cuando Cristina Cifuentes llegó a la Puerta del Sol, se desembolsaron 362.567 euros. En los dos años posteriores, esta cantidad se incrementó ligeramente: 353.480 euros en 2016 y 381.575 euros en 2017. Y en 2018 alcanzó los 420.453 euros.

Con la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Puerta del Sol, las cantidades empezaron a disminuir, según los datos facilitados por el Gobierno autonómico al Grupo Parlamentario Socialista a raíz de una petición de información registrada en la Asamblea por una de sus diputadas. En 2019, la partida en cuestión se recortó un 3,4%, hasta quedarse en los 406.054 euros. Tras esto, estalló la pandemia. A pesar de las dificultades económicas, los servicios se mantuvieron. Eso sí, revisando a la baja los fondos destinados a esta labor. En el año negro de la crisis sanitaria, el Gobierno madrileño puso sobre la mesa 312.231 euros para este fin, un 23% menos que en el ejercicio anterior. Una cantidad que casi ni se movió a lo largo de 2021: 314.352 euros.

Lorena Morales, portavoz del PSOE en la Comisión de Política Social, no ve con buenos ojos el uso de dinero público para ofrecer estos servicios. “Si quieren ir, que lo hagan gratis”, apunta la diputada, quien se queja, además, de que la Iglesia esté cobrando “más por hora” que “parte del personal” que desempeña sus labores en estos centros sociosanitarios. Es algo que le parece “escandaloso” en cualquier momento. Pero más aún, dice, en los momentos más duros de la pandemia. “Es increíble que se pagase a la Iglesia por estas labores en 2020, con la que estaba cayendo en las residencias, esas mismas que se negaban a medicalizar y en las que fallecieron personas sin ser derivadas al hospital”, concluye.

En la misma línea se pronuncia Paloma García, diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Política Social de la Asamblea de Madrid. La coalición electoral deja claro que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que considere necesario. Eso sí, igual que desde las filas socialistas, consideran un “abuso” que la Iglesia se embolsase esas cantidades en plena crisis sanitaria. “Los centros residenciales necesitan un cambio estructural, más profesionales, residencias más pequeñas, mayores cuidados centrados en las personas. Creemos que cada quien puede tener su fe religiosa, pero nos parece un abuso por parte de la Iglesia cobrar esa pasta cuando saben cómo están”, señala.

Desde Europa Laica, un colectivo creado a comienzos de siglo que lleva años reclamando la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y el fin del trato “privilegiado” que recibe la religión católica, son partidarios de que se garantice la “asistencia religiosa” a aquellas personas que no pueden desplazarse, como sucede en las prisiones, cuarteles, hospitales o residencias. “Al final, es una manera de defender la libertad de conciencia”, resalta al otro lado del teléfono Juanjo Picó, presidente de la organización. Eso sí, como Morales, deja claro que ni un solo euro del dinero de todos para estos servicios. “Tiene que ser algo que lo pague cada una de las confesiones religiosas”, dice.

“Independencia sobre el contenido y la forma”

El último convenio de colaboración para ofrecer estos servicios en las residencias públicas se suscribió a finales de diciembre de 2020, si bien fue prorrogado un año más tarde. Por un lado, el consejero de Políticas Sociales del entonces gobierno de coalición, Javier Luengo. Por otro, el vicario general de Getafe, Francisco Javier Mairata, en representación de la Provincia Eclesiástica de Madrid. “La asistencia religiosa a las personas mayores usuarias de residencias que voluntariamente lo soliciten como una prestación complementaria a la asistencial que, con carácter general, se les ofrece en los centros residenciales, se considera conveniente regularla”, arranca el convenio.

Son apenas siete páginas y una docena de cláusulas en las que se recogen todo tipo de aspectos, como la aportación económica, la vigencia o las causas de modificación o resolución del convenio en cuestión. En materia de medios materiales, por ejemplo, se establece que “cada residencia” facilitará para el desarrollo del servicio de asistencia religiosa católica “un local para la oración de los fieles y la celebración del culto” que deberá situarse “en un lugar idóneo y de fácil acceso”, un “espacio” para la “estancia del capellán o persona designada” que le permita “recibir visitas o guardar documentación” y aquellos materiales necesarios “para las celebraciones”.

El servicio de asistencia religiosa, además, “tendrá independencia sobre el contenido y la forma” de prestar estas labores, “que serán determinados exclusivamente por la autoridad eclesiástica competente”. Además, estará integrado por “capellanes” o por aquellas personas designadas por “el obispo diocesano u ordinario del lugar”, dependiendo el número de los mismos “de la demanda” estimada en cada centro. Lo mismo sucede con el número de horas de dedicación presencial. Así, por ejemplo, en las residencias Reina Sofía o González Bueno,con más de medio millar de plazas, son 39 horas semanales, mientras que en Vista Alegre, con un centenar de sitios, el texto estipula cinco horas.

Desde la Consejería de Políticas Sociales explican que este servicio se lleva prestando desde 1990. Entonces, se hacía a través de un convenio que salía de Presidencia. Sin embargo, en pleno año de la pandemia, el Gobierno de coalición decidió “adaptarlo” a la realidad actual. “Se comprobó que seguía siendo un servicio demandado en los centros y lo que se hizo fue estudiar las necesidades existentes en ese momento para reajustarlo”, señalan desde el departamento que dirige Concepción Dancausa, al tiempo que resaltan que a través de este acuerdo se garantiza que en los centros “se celebren actividades de culto, se administren sacramentos o se colabore en la humanización de la asistencia”.

El nuevo convenio trajo consigo una revisión a la baja de las cantidades abonadas anualmente por la Administración regional. Así, el texto suscrito por Luengo recoge que en cada ejercicio la cantidad que aportará el Ejecutivo regional con cargo a los presupuestos para estas labores será de 230.000 euros, de los que 226.691,28 euros se corresponden con los gastos de personal, seguridad social incluida, y los otros 3.308,72 euros “para cubrir los gastos de equipamiento y material del servicio religioso”. Eso sí, el importe “podrá revisarse al alza anualmente en relación con la subida del salario mínimo interprofesional o índice que condicione la cuantía de los salarios”.

Casi un millón por capellanes en hospitales

No es el único convenio que vincula a la Comunidad de Madrid con la Iglesia. También hay vigente un acuerdo de la Agencia para Reeducación y Reinserción del Menor Infractor para la atención religiosa católica dirigida a aquellos menores que cumplen una medida judicial de internamiento en régimen cerrado en centros de ejecución de medidas judiciales. U otro del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para que se presten estos mismos servicios en los hospitales públicos de la región.

De hecho, este último se suscribió justo tras la primera ola de la pandemia. En un momento en el que la región apenas llegaba a los dos centenares de rastradores, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió firmar un acuerdo con la Provincia Eclesiástica de Madrid por el cual el Ejecutivo se comprometía a desembolsar casi un millón de euros anuales para que unos setenta capellanes desarrollaran sus labores en los hospitales de la comunidad. La “aportación económica” a la Provincia Eclesiástica de Madrid que saldrá de las arcas públicas regionales quedaba fijada en los 14.967,29 euros por cada religioso a tiempo pleno y de 7.574,81 euros por cada uno de los que esté a jornada parcial.

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