La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que el Consejo de Gobierno iniciará mañana la tramitación de un decreto para elevar la duración de los conciertos educativos en la región de seis a diez años. Se trata del instrumento jurídico que permite que haya centros privados sostenidos con fondos públicos, los conocidos como centros concertados.
“Hemos decidido que para dar mayor seguridad a las familias que optan por la educación concertada vamos a alargar estos conciertos hasta diez años”, ha anunciado la presidenta madrileña, tras participar en la firma de un protocolo con las grandes superficies para promocionar el consumo de los productos autóctonos. De esta manera, «no van a vencer (los conciertos) dentro de dos años sino dentro de seis, por tanto, las familias tendrán más tiempo para seguir optando libremente a este modelo educativo», ha declarado la presidenta regional en la línea contraria a la anunciada por el Ministerio de Educación con la nueva ley . «Las familias madrileñas pueden estar tranquilas», ha insistido la dirigente del PP después en sus redes sociales.
La medida anunciada por Ayuso llega ante la inminente aprobación de la nueva ley educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), que actualmente está pendiente de tramitación en el Senado. El Ejecutivo regional ha decidido así alargar los conciertos ahora para que estos no se vean perjudicados por la nueva ley del Gobierno.
Según se establece en la Ley Orgánica de Educación actual y en la normativa autonómica madrileña, los conciertos educativos tienen una duración de seis años, pero se permite que las comunidades autónomas cambien el tiempo de los mismos. En el caso de la Comunidad de Madrid, los conciertos que actualmente están vigentes en la región iban a vencer dentro de dos años y con el decreto se ampliarán cuatro más.
La Lomloe incluye varias novedades respecto a la situación, extensión y rol de la escuela concertada en el sistema educativo: elimina el concepto «demanda social» como eje sobre el que se vertebra la programación de plazas educativas; prohibe segregar al alumnado por sexo así como ceder suelo público a los centros concertados. Además, establece que se garantice un reparto «equilibrado y transparente» del alumnado por los centros para evitar guetos; se priorice la creación de plazas públicas; y se garantice la gratuidad de todo el sistema, ya que hay centros concertados que cobran cuotas a las familias pese a que se financian con fondos públicos.
El Ejecutivo regional no está conforme con la intención del Gobierno de reducir el papel de la educación concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la «demanda social», la cesión de terrenos y la educación diferenciada, reconicen desde el Gobierno regional. «En la Comunidad de Madrid, el 29% de las familias ha optado este curso escolar por educación concertada, lo que se traduce en cerca de 370.000 alumnos», ha informado el Ejecutivo madrileño en una nota de prensa.
No es la única medida con la que el Gobierno regional se ha dispuesto a torpedear la inminente aprobación de la nueva ley educativa. La Comunidad de Madrid, al igual que han hecho el resto de regiones gobernadas por el PP, ha adelantado el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para garantizar la libertad de elección de las familias.
