La «Coalición de la Sociedad Civil para las Libertades Individuales» pidió al gobierno tunecino y al Parlamento la anulación de una circular que ordena el cierre de establecimientos hosteleros y la prohibición de venta de alcohol durante el mes sagrado de Ramadán, que comenzó hoy.
«Durante los últimos años se han cometido múltiples ataques y violaciones contra las libertades individuales por parte de las autoridades públicas, grupos e individuos, autoproclamados protectores de la religión y la moral, en un contexto de impunidad total», denunció la misiva firmada por una veintena de organizaciones locales en defensa de los Derechos Humanos.
En la carta se acusó, asimismo, a las autoridades de permitir una «lectura limitada, selectiva y conservadora» de la Constitución, lo que, en su opinión, aumenta el discurso de odio contra la diversidad religiosa y amenaza la libertad de conciencia, religión, opinión y expresión.
Por otro lado, el Colectivo acusó al Ministerio del Interior de practicar arrestos «ilegales» contra aquellas personas que no ayunan y pidió al gobierno velar por el respeto a la Constitución, derogar las circulares y revisar las leyes que violen la Carta Magna.
Aunque no existe ninguna ley que obligue al ayuno o prohíba comer en público durante este mes, las autoridades tunecinas se aferran a una circular de 1981 que ordena el cierre de establecimientos hosteleros y la prohibición de venta de alcohol.
Un texto considerado anticonstitucional por las organizaciones de derechos humanos ya que contradice el artículo 6 sobre la libertad de conciencia de la nueva constitución de 2014, una de las más avanzadas de la región y fruto de la revolución que en 2011 puso fin a la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Alí.
