La caridad sustituye al estado del bienestar, favoreciendo intereses privados y religiosos con fondos públicos.
La caridad no es algo del siglo XXI; ya en la Edad Media, por no remontarme más atrás en la historia, existía una doble caridad: la religiosa y la estamental, que procedía de los nobles. Pero ya en esa época, esa caridad dependía del poder económico, y los diezmos eran su pago, una forma de esclavizar la caridad por servidumbre. Siglos después, en el Estado contemporáneo, el estado de beneficencia pasó a ser un proceso pacífico e incluso anticlerical, con cierto cariz de liberalismo burgués.
Durante las luchas sociales del siglo XIX, el estado del bienestar social era un estado mediocre. Actualmente, la precariedad laboral vuelve a incidir en la caridad e indica que la Europa del bienestar social implica, en muchos casos, una caridad equivocada. Es más, se da más dinero a instituciones religiosas e, incluso, como detalle, las residencias religiosas tienen más plazas de oferta pública que las administraciones.
Además, la tutela pública de menores y de programas de asistencia social, comedores sociales y hasta bancos de alimentos están en poder de organizaciones religiosas que, algunas veces, actúan para mejorar el bienestar social de una manera sectaria y con muy poca transparencia respecto a los medios económicos que reciben de las administraciones para llevar adelante estos programas dirigidos a mejorar el estado del bienestar de las clases más necesitadas.
El tipo de caridad que muchas de estas instituciones religiosas realizan con fondos públicos se utiliza para competir con empresas mercantiles privadas que pretenden hacerse con el negocio. En pocas palabras, se comercializa con la caridad y se convierte en un negocio donde empresas privadas y religiosas compiten por llevarse el beneficio. Y lo peor es que estas últimas utilizan los recursos públicos que reciben del tesoro público y de los contribuyentes —con la «X» de Hacienda— para su negocio competitivo, con el fin de hacerse con el mayor número de personas y edificios.
Y lo peor también: amparándose en el Concordato y acuerdos con el Estado, existe una pequeña o gran trampa fiscal, pues no se pagan algunos impuestos.
Actualmente, millones de personas tienen problemas de exclusión social en nuestro país; de ellos, millones no reciben ninguna ayuda y 800.000 reciben rentas. Por lo tanto, es una postura neoliberal la externalización de la caridad, y lo peor es que se hace con el beneplácito de los estamentos económicos y entidades mercantiles, y con la vista ciega de ciertos poderes públicos y partidos políticos. Esto genera que se perciban determinadas maniobras paralelas de la economía liberal para acabar con los servicios públicos como sistema de negocio, no de caridad ni de mejora del bienestar.
