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¿Nos creemos que el gobierno va a derogar por fin el delito de blasfemia?
En España tenemos un juez que se hizo famoso en los años ochenta por detener a un centenar de mujeres que intentaban abortar (y decenas de empleados de las clínicas de interrupción del embarazo), que más adelante impidió la donación de órganos de una de las víctimas de Madrid Arena, que no vio nada raro en que Esperanza Aguirre arrollara la moto de un policía, que rechazó que Pedro Sánchez declarara por escrito en la causa contra su mujer y le obligó a hacerlo en persona en La Moncloa.
Es el juez, el magistrado, Carlos Valle, que a instancias de los cansinos de Abogados Cristianos le ha montado un juicio esperpéntico al humorista Héctor de Miguel (Quequé) por bromear en Hora Veintipico, su divertidísimo podcast, sobre dinamitar el Valle de los Caídos. Tan esperpéntico fue el juicio que el magistrado se permitió comparar esa broma con apedrear a homosexuales en la plaza Pedro Zerolo, situada en el barrio madrileño de Chueca.
El propio De Miguel le tuvo que explicar al juez que esa plaza y el Valle de los Caídos no simbolizan precisamente lo mismo y que, en cualquier caso, si también se tratara de una broma, su estupidez igualmente estaría enmarcada dentro de la libertad de expresión.
Nos podemos reír mucho de ese juez carca, sobre todo ahora que se ha archivado la delirante denuncia de HazteOir contra Lalachus y David Broncano, los humoristas que mostraron una estampita religiosa un poco tuneada durante la presentación de las campanadas de Nochevieja en TVE. Ese juez sigue imparable, e incluso ha encausado a Pablo Echenique por afirmar algo evidente: “Es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante”. Le da también igual que sistemáticamente este tipo de denuncias queden en agua de borrajas. Aunque no siempre.
Hace algunos años una feminista malagueña fue condenada por la “procesión del Santo Chumino Rebelde”, que tuvo lugar durante una de las manifestaciones contra el proyecto de la reforma de la Ley del aborto planeada por el exministro ultracatólico Ruiz Gallardón. Ni al gobierno de entonces ni a los sucesivos les pareció reseñable que esa mujer tuviera que pagar 2.700 euros por blasfemia. Quizás por eso, un juzgado ha admitido la demanda de Abogados Cristianos contra las feministas que este mismo 8 de marzo procesionaron en Gijón a la “Virgen de Queervadonga” (no me digan que no tienen arte esas asturianas).
Seguro que recuerdan aquello del candidato Pedro Sánchez de que, ‘sin la menor duda’, iba a derogar la Ley Mordaza en cuanto llegara al poder y luego fue reformar y luego blablabla. Pues eso, Bolaños, ¿sin la menor duda lo vas a derogar?
El problema de jueces como este no se reduce a su ideología antidemocrática y ultracatólica, sino a que juzguen en función de ella. El gobierno ha hecho bien en anunciar una reforma de las oposiciones a la judicatura, pero una vez más se trata de un parche, una de esas reformas a medias tan caras al PSOE. Hacen falta mecanismos de control muchos más férreos para garantizar juicios justos.
De momento, para empezar, ¿por qué no derogan de una vez el delito de blasfemias, rebautizado en democracia como de “ofensas a los sentimientos religiosos”? El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se puso muy gallito en X cuando llegó la denuncia a los dos humoristas estrella de TVE (nunca antes, por cierto). Que iba a derogar ese delito, decía. Supongo que porque él no está de acuerdo con eso de que “España es una democracia plena”, como decía Pedro Sánchez antes de que a él mismo y su familia le fabricaran un par de casos.
¿Nos creemos ahora que lo van a derogar? Bueno, para empezar Bolaños decía “reformar”. ¿Les va sonando ya eso más familiar? Seguro que recuerdan aquello del candidato Pedro Sánchez de que, “sin la menor duda”, iba a derogar la Ley Mordaza en cuanto llegara al poder y luego fue reformar y luego blablabla. Pues eso, Bolaños, ¿sin la menor duda lo vas a derogar?
