El complejo proceso de recopilación de datos en diócesis y congregaciones complicaría que el informe encargado por los obispos esté listo en febrero
¿Llegarán a tiempo el despacho de abogados Cremades&Calvo Sotelo para presentar la auditoría externa encargada por la Conferencia Episcopal Española? Es la pregunta que se hacen algunos obispos españoles, unas dudas que han compartido con esta revista estas últimas semanas. Quedan dos meses para que expire el plazo marcado a priori para dar a conocer, no solo los resultados de la primera radiografía oficial de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia española, sino también para el informe complementario en el que un panel de 31 expertos internacionales evaluará el alcance de esta lacra en nuestro país y establecerán recomendaciones en materia de prevención y justicia restaurativa, entre otras materias.
El equipo de Cremades&Calvo Sotelo se empeña en estas últimas semanas del año para continuar recopilando datos y verificando las denuncias llegadas tanto a las diócesis españolas como a las congregaciones. De hecho, en estos días las llamadas a los superiores mayores de los institutos de vida consagrada se estarían multiplicando. Sin embargo, admiten que este proceso “va más lento de lo esperado”.
Lo cierto es que, durante la Asamblea Plenaria del Episcopado, celebrada entre el 21 y el 25 de noviembre, además de la aprobación del nuevo protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso, también se dio la oportunidad a los obispos de valorar el trabajo de los auditores. Según ha podido confirmar Vida Nueva por parte de algunos prelados, un grupo significativo de pastores habría manifestado su extrañeza y cierto malestar por no haber sido contactados todavía para participar en el estudio.
Proceso complejo
Desde Cremades&Calvo Sotelo aseguran a esta revista que, a día de hoy, ya habrían elaborado la investigación correspondiente a 58 de las 70 diócesis españolas. La inspección de la decena que quedarían en el aire se habría pospuesto a petición de la propia Conferencia Episcopal para sondear a las más de 600 congregaciones que están presentes en nuestro país. “Tenemos por delante un tiempo para ir desarrollando el trabajo”, exponen desde el bufete, confiados en rematar la misión que tienen por delante.
Tal y como verbalizan algunos obispos, el problema de una posible demora en el trabajo no vendría porque en las diócesis analizadas hubieran encontrado un número ingente de casos, sino porque el propio proceso de recopilación de datos está siendo más complejo y largo de lo inicialmente previsto por el despacho de abogados. Además, no todos los obispados han respondido con la misma celeridad y en los mismos términos a las peticiones realizadas, lo que ha complicado algo más la auditoría a la hora de homologar todos los datos para el informe final.
