En una entrevista con infoLibre en mayo de 2020, cuando no se vislumbraba el final del túnel, la médico de familia Meritxell Sánchez Amat afirmaba que la Atención Primaria se había convertido en «la Cenicienta del sistema» y expresaba preocupación por su porvenir. Como médica del centro Besòs, en Barcelona, forma su juicio a ras de suelo. Como presidenta del Fòrum Català d’Atenció Primària, tiene visión de conjunto. ¿Cómo ve las cosas ahora? La respuesta indica que su preocupación estaba fundada. Y coincide con el diagnóstico general que componen las voces autorizadas de la Atención Primaria, que lanzan un mensaje de SOS que incluye la alerta de que el deterioro de la medicina de familia está fomentando la primavera del aseguramiento privado, haciendo retroceder de facto la universalidad del sistema público.
Sánchez Amat resiste al catastrofismo: cree que el discurso del todo mal empuja a la gente a acudir a urgencias o a hacerse un seguro privado. Pero tampoco quiere poner paños calientes: «Vamos recuperando ritmo, con cosas atrasadas. Falta personal, hay menos presencialidad que antes de la pandemia. Arrastramos carencias, para las que no ha habido inyección de recursos». Ella tiene un punto entusiasta, pero no es ciega a lo que hay a su alrededor: cansancio y escasas perspectivas de mejora… «Hay médicos primaristas convencidos que lo está dejando porque no quieren trabajar sin poder mantener unos estándares mínimos [en la asistencia]. Se van al extranjero, o de excedencia… Hay gente joven que se va a Urgencias. Lo que más quema no es lo de uno mismo, es no poder atender bien a la gente, no tan bien como quisieras. Ves a la gente impaciente, que quiere su exploración, su prueba. No están bien, y sufres por el paciente, claro…».
Esta visión es coincidente en lo esencial con el resto de impresiones recabadas para este artículo, que alertan de la ausencia de una respuesta ante la inminente oleada de jubilaciones, agravada por la «fuga de batas blancas». El presupuesto estatal de 2022, pendiente de aprobación, ha sido recibido con decepción, al tiempo que cunden las críticas por la falta de explicaciones del Ministerio de Sanidad sobre el destino dado a los 1.089 millones pintados en las cuentas de 2021. Analistas, sindicatos y sociedades médicas reclaman que la inversión en Atención Primaria se acerque al 25% del gasto sanitario. De seguir así, las consecuencias para quienes enfermen de cáncer pueden ser «nefastas», denuncia la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) reclama 2.500 millones. La de Médicos de Atención Primaria (Semergen) estima entre 9.000 y 11.000 los profesionales que faltan para el «relevo generacional».
Se extiende además el convencimiento de que el deterioro de la Atención Primaria abona el terreno para que siga el boom del aseguramiento privado, que en 2021 lleva camino de superar su récord de 2020. Si no se corrige la tendencia, señala un manifiesto impulsado por la Fadsp, «la Atención Primaria perderá prestigio y cada vez más personas […] tenderán a acudir a la asistencia privada buscando soluciones ágiles y utilizando los centros de salud como un mero paso para acceder a medicamentos y pruebas complementarias».
«Uno de los grandes activos de la Atención Primaria –apunta Marciano Sánchez Bayle, presidente de la Fadsp– es el gran aprecio que le tiene la población. Si eso se pierde, malo». También Martínez Olmos cree que «una primaria poco accesible» agudizará la «búsqueda de soluciones privadas», lo cual genera desigualdad. Similar convencimiento expone el médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria, que sostiene que hay una relación directamente proporcional entre empeoramiento del sistema público y salida hacia el privado: «Ya sabemos qué hay que hacer si se quiere que los seguros médicos privados sigan viviendo sus mejores años: reducir la inversión sanitaria pública, sobre todo en Atención Primaria y, más específicamente, en médicos de atención primaria».
Así lo está comprobando en su día a día Meritxell Sánchez Amat, con la que arrancábamos el artículo. «Hay mucho comentario de ese tipo, sí. ‘Nos hemos tenido que hacer de una mutua’, me dicen. Por eso a mí no me gusta entrar en ese discurso sobre la Atención Primaria según el cual no se atiende a la gente. Eso llega mucho a la calle. Y además muchos dicen, y así te lo cuentan, que con un seguro privado le están ahorrando dinero al sistema público, lo cual no es cierto«, explica Sánchez Amat.
Problemas previos
El deterioro viene de atrás. La Atención Primaria venía ya tocada por la Gran Recesión y los recortes antes del covid. Si en 2009 el gasto en Primaria se situaba en los 10.400 millones euros, diez años después fueron 9.874 millones. El porcentaje de inversión sanitaria en atención primaria cayó en el mismo periodo del 14,9% al 14,2%. Una falta de inversión que se tradujo en 2019 en una ratio de médicos de 0,78 por cada 1.000 habitantes y de 0,7 enfermeros por cada millar de habitantes, por debajo de la media de la OCDE y a mucha distancia de Portugal –más de 2–, Bélgica, Francia o Irlanda.
Más del 41% de los médicos de familia tenían, antes de la pandemia, cupos superiores a los 1.500 pacientes, frontera que Sanidad cree que no debe superarse. El futuro de la Atención Primaria era antes del covid ya «preocupante», según el estudio del Ministerio de Sanidad Estimación de la oferta y demanda de médicos especialistas 2018-2030. ¿Por qué «preocupante»? Porque sólo un 13% de los sanitarios tienen menos de 39 años. A esto se suma la inestabilidad. En 2017 sólo el 6,9% de los contratos de los médicos de familia fueron indefinidos.
«Consecuencias nefastas» para enfermos de cáncer
José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, recuerda que problemas como los aquí cuantificados movieron al Ministerio de Sanidad a la elaboración de un marco estratégico cuya aplicación ha habido que «aplazar» por la pandemia. Pero los retos, dice, siguen pendientes. El marco ya decía que la Atención Primaria, sin reformar en 30 años, «fue el servicio sanitario que más sufrió durante la crisis». A eso hay que sumarle la pandemia.
«La situación era mala antes, sí, sobre todo en Madrid y Cataluña. Pero hay que sumar que con la pandemia los centros han estado prácticamente cerrados, dando citas telefónicas para veinte días. En la práctica, no hay Atención Primaria. En Madrid, los SUAP [servicios de urgencias de Atención Primaria] siguen sin abrir. La situación es grave», explica Sánchez Bayle, de la Fadsp, que ha impulsado un manifiesto al que se han sumado asociaciones como Medicus Mundi, Médicos del Mundo, Red Española de Atención Primaria, CCOO y UGT. El manifiesto alerta de una «progresiva degradación» y «saturación» de la Atención Primaria, donde las comunidades se han lanzado a un uso masivo del servicio a distancia que tendrá «consecuencias nefastas» para la población más pobre, de más edad y con enfermedades agudas sobrevenidas como el cáncer.
Los 1.089 millones
Pasada la fase más aguda de la pandemia, las alertas y protestas se oyen cada vez más. El Ministerio de Sanidad ha respondido este mismo mes con el anuncio de un plan para antes de que acabe el año. Sánchez Bayle es escéptico: «No se puede recurrir siempre, una y otra vez, a las buenas intenciones». Varias voces se han alzado contra el presupuesto para 2022 que pretende sacar adelante el Gobierno, con 176 millones para Primaria. La cantidad contrasta con los 1.089 millones de 2021. Es cierto que la sanidad es una competencia autonómica, y que lo de 2021 fue un gasto extraordinario, pero también que el uso que finalmente se ha dado a los 1.089 millones publicitados suscita dudas.
¿Qué ha sido de ese dinero? Rosa Medel, portavoz de Sanidad de Unidas Podemos, es clara: «No aparecen. No se han remitido a las comunidades autónomas. No se han ejecutado. Es posible que exista una estrategia de Atención Primaria a la que esté dedicado ese dinero y que se esté revisando, pero no tenemos información sobre ello». Sánchez Bayle también afirma que no hay constancia de ejecución de los 1.089 millones. «Quizás en vacunas», se aventura. José Polo, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), cree que los fondos, al no ser finalistas, han podido ir «a tapar agujeros». Polo lleva años quejándose de que la Atención Primaria no sólo no recibe el 25% de la inversión sanitaria que reclama, sino que Administraciones, a la hora de explicar a qué dedican los fondos, le imputan un presupuesto muy elevado de prescripción farmacéutica a la medicina de familia, aunque venga del hospital.
José Martínez Olmos, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, aporta un punto de vista diferente sobre los 1.089 millones: «Al margen de que no se haya ejecutado todo, la inversión no debe ser sólo del Gobierno central. Las competencias son autonómicas. Para poner la Atención Primaria en condiciones hacen falta entre 8.000 y 10.000 millones».
infoLibre ha tratado reiteradamente de recabar del Ministerio de Sanidad una explicación sobre el destino de los 1.089 millones, sin éxito.
Las sociedades sanitarias se mueven
La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), en su congreso celebrado en octubre, ha reclamado 2.500 millones para hacer frente a tres amenazas: la ola de jubilaciones por venir, la «fuga de batas blancas» y las renuncias de residentes. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha presentado también este mes un documento en el que advierte de la falta de «recambio generacional» y pide una «reforma integral» apoyada en un 25% de la inversión. “Muchos médicos no quieren trabajar en Atención Primaria debido a la presión asistencial y a las precarias condiciones de trabajo”, recoge el documento. La SEMG ha cifrado entre 15 y 20 días la demora que puede llegar a alcanzar la primera atención. Sánchez Bayle (Fadsp) lo ve así: «Cuando falla la Atención Primaria, el fallo se extiende a todo el sistema. Y si sigue así, todo el sistema hará crac»
También la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha movido ficha durante su congreso, igualmente en octubre, con un «documento para la reconstrucción» del sistema que reivindica el papel de la atención primaria como su «eje vertebrador» y reclama el 25% de la inversión. «Toca replantear y reforzar», señala Martínez Olmos, miembro del panel de expertos que ha elaborado la propuesta. José Polo, otro miembro del panel y presidente de Semergen, estima entre 9.000 y 11.000 los profesionales que faltan para el «relevo generacional». Hechos, pide Polo, para salir del «hospitalcentrismo».
Manifestaciones y protestas
El malestar de la Atención Primaria se extiende. Las denuncias se repiten: cansancio, saturación –con médicos que llegan a ver desde 40 hasta 60 pacientes en un día–, presión añadida tras una fase aguda de la pandemia en la que se dejaron de diagnosticar patologías convencionales… En Andalucía, el plan de atención primaria de la Junta, que incluye un primer cribaje a cargo de un enfermero, ha suscitado rechazo entre sindicatos y asociaciones médicas. Durante las dos últimas semanas se vienen celebrando protestas en diversas localidades, que se suman a las manifestaciones contra la no renovación de 8.000 sanitarios. «La situación de la Atención Primaria es desastrosa. Falta gente y falta organización. Es casi imposible que te den una cita», afirma Antonio Macías, secretario andaluz de Sanidad de UGT.
En la Comunidad de Madrid, la situación de escasez sanitaria se enquista. La Federación de Asociaciones Vecinales ha rechazado el plan de Atención Primaria presentado por insuficiente. La rebelión de casi un centenar de directores, que ha forzado al Gobierno de Madrid a cejar en su pretensión de retirarles competencias sobre sustituciones y doblajes, evidencia el clima de tensión.
En la Región de Murcia, cuatro asociaciones de pacientes y profesionales estudian posibles movilizaciones y piden adhesiones a un manifiesto que habla de «carencias crónicas», «grandes áreas de precariedad», «saturación»… En Galicia, la Plataforma Sos Sanidade ha convocado una manifestación el 14 de noviembre, que se suma a las concentraciones de CCOO, UGT y CIG. En Cantabria la junta de personal de los centros de salud de Santander ha reclamado «frenar la sangría de capital humano». «Si no vemos un cambio radical y sustancial» en el Gobierno cántabro, «procederemos sin más dilación a iniciar movilizaciones», han afirmado.
