El Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica, reunido a instancia de la Dirección Provincial de Educación para tratar el tema de la retirada o no de los símbolos religiosos presentes en sus aulas, ha decidido NO RETIRARLOS.
Como informaba la ACEL la pasada semana la Dirección Provincial de Educación de Valladolid había instado al Consejo Escolar del CEIP Isabel La Católica a pronunciarse para “poder la administración educativa intervenir y decidir, en vía de recurso administrativo, e imponer su criterio”, en virtud de lo ordenado por la sentencia 1617 de la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ).
La ACEL lamenta que se haya dejado pasar una oportunidad de haber solucionado en ese centro de forma definitiva un problema que afecta a la libertad de conciencia de miembros de la comunidad escolar.
De todas formas, habida cuenta de que la solicitud de retirada de los símbolos religiosos se produjo el curso pasado y que la respuesta entonces del Consejo Escolar fue declinar pronunciarse y “esperar comunicación de la Junta de Castilla y León”, la ACEL entiende que la decisión tomada ahora (independientemente del sentido de tal decisión) ha sido fruto de la obligación impuesta por la Junta de Castilla y León y su insistencia en poner en el disparadero a los Consejos Escolares, pasándoles una patata caliente que no desean sobre una polémica que no debía haber existido y respecto a la que los Consejos Escolares no tenían obligación de hacer frente.
La ACEL entiende que ahora la administración educativa ya no puede escudarse en no actuar para “respetar la autonomía organizativa de los centros”, eufemismo con el que ha tratado hasta ahora de encubrir su dejación de funciones, sino que como la sentencia del TSJ indica y la propia Dirección Provincial de Educación asume, deberá “intervenir, decidir e imponer su criterio”.
Por ello, y para seguir los pasos legales indicados por la propia administración educativa, la ACEL ha interpuesto ya un nuevo recurso de alzada ante la Dirección Provincial de Educación contra la decisión del Consejo Escolar.
Este nuevo recurso de alzada ya no trata de asuntos formales ni de competencias sino que exige entrar en el fondo del asunto habida cuenta de la obligación de la administración educativa de “intervenir, decidir e imponer su criterio” en vía de recurso, como ella misma reconoce y como le obliga la reciente sentencia del TSJ de Castilla y León.
