La presidenta de esta asociación ultra, Polonia Castellanos, afirma: «El gobierno está aprovechando el estado de alarma para imponer una dictadura anticristiana».
La Asociación Española de Abogados Cristianos –la misma que impulsó la reciente querella contra el actor Willy Toledo por cagarse en Dios– ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por un presunto «delito de prevaricación» así como por dos supuestos delitos contra los sentimientos religiosos, «uno de prohibición de culto y otro de interrupción de culto», por el desalojo de algunos templos mientras se estaba celebrando misa.
«Esta parte ha podido constatar cómo a lo largo de toda España se han interrumpido innumerables cultos religiosos, de forma coordinada y manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, e incumpliendo además con lo garantizado por el artículo 11 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma», subraya la asociación en el escrito.
En dicho artículo 11, se establece que: «La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro».
Abogados Cristianos enumera en su escrito una decena de incidentes ocurridos en iglesias de España durante el Estado de Alarma, citando informaciones recogidas en diversos medios de comunicación. Así, por ejemplo, señala que «el domingo 22 de marzo, en la Catedral de Valladolid, intervinieron varias patrullas de policía, dispersando a los fieles que se hallaban fuera, instándolos a que regresaran a sus domicilios»; el Domingo de Ramos, «la Policía Local interrumpió una Misa que se oficiaba en una azotea en la calle Pagés del Corro (Sevilla), pese que eran únicamente ocho asistentes y que todos ellos eran miembros de la Congregación de la Misión que viven en la casa y se hallaban en su propia azotea».
También denuncia el caso de la Catedral de Granada, donde la Policía Nacional entró el 10 de abril y desalojó a una veintena de personas que participaban en los oficios del Viernes Santo. Según precisa Abogados Cristianos, «lo ocurrido carece de sentido, puesto a que en el templo caben unas 900 personas y las desalojadas estaban guardando la distancia de seguridad». Además, señala otro caso ocurrido el 12 de abril, Domingo de Resurrección, cuando la Policía Municipal interrumpió la misa que se estaba celebrando y retransmitiendo en streaming en la parroquia de San Jenaro.
Según precisa la asociación, esta es «solo una pequeña muestra de una enorme cantidad de casos a lo largo de toda España» y considera a Grande-Marlaska como «el responsable de las numerosas interrupciones de celebraciones religiosas» porque «además del mando sobre la Policía Nacional, con motivo del Estado de Alarma, el ministro de Interior tiene transferido el mando sobre las policías autonómicas y locales».
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, considera además que «los posibles delitos cometidos por el ministro cuentan con el agravante de discriminación». «El gobierno está aprovechando el estado de alarma para imponer una dictadura anticristiana», ha denunciado.
Por todo ello, Polonia Castellanos ha asegurado que «estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar estos días son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista». «Se trata de una persecución religiosa», ha zanjado.
