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La Asamblea Federal de IU: Resolución contra la legitimación del listado de inmatriculaciones

XII Asamblea Federal de Izquierda Unida – 26 y 27 de marzo de 2021.

Una izquierda laica que defienda el derecho a la libertad de conciencia y la igualdad confesional.

Ahora, el PSOE con la entrega del listado de inmatriculaciones al Congreso y la normativa subyacente blanquea las acciones de la Iglesia Católica (IC) de apropiarse de todo tipo de bienes, no sólo lugares de culto, sino también inmuebles, plazas, zonas verdes, cementerios, tierras comunales, … legitimando la propiedad de la IC de los mismos, conformando que la IC sea, después del Estado, la mayor propietaria de bienes inmuebles.

Izquierda Unida considera que el Gobierno PSOE-Unidas Podemos, junto con el resto de fuerzas parlamentarias progresistas deben articular una fórmula legal que permita declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica sin título suficiente.

El patrimonio histórico de raíz religiosa, con independencia del uso litúrgico que pueda desarrollarse en el misma, forma parte de la riqueza cultural heredada por el pueblo español y de ninguna manera puede permitirse que por inacción o trascurso del tiempo se pierda para las futuras generaciones.

Motivado:

Inmatricular es registrar por primera vez un bien.

Desde 1946, la dictadura permitió inmatricular a la Iglesia Católica todo excepto los equipamientos dedicados al culto, sin duda como recompensa al apoyo al golpe de Estado de 1936.

Partiendo de la normativa hipotecaria que equipara a la Iglesia católica con el Estado y se habilita a los obispos como funcionarios, notarios.

Pese a la aprobación y entrada en vigor de la CE, la IC siguió inmatriculando otros bienes, excepto templos, iglesias, catedrales, ermitas que siguen considerándose de dominio público sobre el papel.

En el período 1998-2015, el gobierno del PP modifica la legislación hipotecaria, permitiendo que la IC ponga a su nombre los bienes de interés cultural destinados al culto, que antes formaban parte del dominio público, pese a que dichas inmatriculaciones fueran nulas por inconstitucionalidad sobrevenida.

La Iglesia Católica comenzó a inmatricular bienes con la dictadura, prosiguió con la Constitución y fue privilegiada con una normativa hipotecaria ad hoc para apropiarse de dichos bienes que fueron obra del pueblo a lo largo de la historia.

No hay que olvidar que la Santa Sede, el Vaticano, es el propietario de dichos bienes y de todo su contenido, sin inventario conocido. Es decir, propiedad de un estado extranjero, reconocido por la ONU como Estado observador.

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