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El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Imagen: La Moncloa)

La ARMH exige que la nueva ley de secretos no oculte archivos sobre la dictadura y la Iglesia

Reclaman el acceso sin restricciones a documentos sobre Franco, la Iglesia y Juan Carlos de Borbón.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha reclamado este martes al Gobierno que la nueva ley de secretos oficiales (Ley de Información Clasificada), que será aprobada en el Consejo de Ministros y enviada al Congreso, no imponga restricciones al acceso a documentación relativa a la dictadura franquista.

Según ha expresado la ARMH en un comunicado, esperan que el nuevo texto legal “no limite el acceso a temas como el papel de la Iglesia Católica en la dictadura”, así como a “la documentación relativa a los días en que Juan Carlos de Borbón fue jefe del Estado de la dictadura, por baja por enfermedad de Franco”. 

[ Se da la coincidencia de que la nueva ley ha sido aprobada el mismo día, 22 de julio, en el que Franco designó en 1969 a Juan Carlos de Borbón como sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey]

La organización memorialista solicita también el acceso a “materias militares que han permanecido ocultas durante décadas”, incluyendo “los archivos secretos del Ministerio de Defensa relativos a las relaciones entre España y la Alemania nazi, sus vuelos aéreos y sus intercambios de material entre 1936 y 1945”.

En su nota, la ARMH reclama la desclasificación de los estudios estatales sobre enterramientos relacionados con la guerra y la represión, elaborados antes de las exhumaciones para trasladar restos al Valle de los Caídos. Para Emilio Silva, presidente de la asociación, “esa información, elaborada en la década de los años cincuenta, es el mejor mapa de fosas comunes al que puede acceder hoy la sociedad”.

Asimismo, la ARMH pide que se haga público “el listado de confidentes del régimen, apropiaciones de bienes y nombres de empresarios y adeptos al franquismo que se beneficiaron de la violencia”.

La organización insta también a recopilar documentación sobre “los negocios de la familia del dictador Francisco Franco para enriquecerse desde su posición alcanzada mediante el uso de la violencia”.

Silva ha subrayado que es fundamental “permitir el acceso a toda la documentación relativa a asesinatos extrajudiciales, fusilamientos, desapariciones forzadas, leyes de fuga e informes relacionados con la represión”, y añade que “no debe haber restricción de ninguna clase en los documentos, ni ocultarse los nombres de los perpetradores”.

La ARMH también solicita un informe oficial sobre “la masiva destrucción de documentos que se llevó a cabo bajo la dirección de Rodolfo Martín Villa entre los años 1976 y 1978”. Recuerdan que, en una sesión a puerta cerrada en el Senado, el entonces ministro de Gobernación habría explicado que “se quemaban las fichas policiales de los que habían sido presos políticos para dejar su expediente limpio en democracia”, pero, según el comunicado, “lo que se hizo realmente fue ocultar pruebas de violaciones de derechos humanos”.

Por todo ello, la ARMH exige “la urgente digitalización de todo ese material para facilitar que sea estudiado, investigado y difundido”, y critica que “una ley de secretos oficiales firmada por Franco haya sobrevivido en democracia en los mismos términos de una dictadura”.

La asociación acompaña su comunicado con una copia de un documento franquista que reconocía el asesinato del poeta Federico García Lorca, del que guardaron una copia durante seis años. Señalan que pudieron hacerlo público en 2015 “de una forma que quizá sería sancionable con algunas de las líneas del proyecto de ley que ha avanzado el Gobierno”.

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