Las ayudas del Ayuntamiento de esta localidad cordobesa al AMPA de una escuela que segrega por sexos abre un pulso entre la alcaldesa (IU) y la dirección del partido, y pone en riesgo una de las Alcaldías más consolidadas de la coalición de izquierdas en Andalucía. Sierra ha dejado claro a ‘Público’ que “no va a rectificar”.
María Sierra Luque lleva 16 años como alcaldesa del municipio cordobés de Almodóvar del Río, ha ganado tres mayorías absolutas y una simple, asegura que “lo ha visto todo” el política y, sin embargo, “no da crédito” a la polémica que se ha desatado en las últimas 24 horas en su pueblo.
La dirección regional de IU, que dirige Antonio Maíllo, ha amagado con abrirle un expediente sancionador que podría derivar en su expulsión del partido -en el que milita desde hace casi 30 años- si no rectifica y retira la subvención a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio Torrealba, un centro concertado ligado al Opus Dei que segrega a sus estudiantes por el sexo. El Torrealba es una de las diez escuelas con educación diferenciada en Andalucía que, contra el criterio del Gobierno de Susana Díaz, sigue financiado con fondos públicos.
El pulso entre el Gobierno municipal de Almodóvar del Río y la dirección de IU puede poner en riesgo una de las Alcaldías más consolidadas de la coalición de izquierdas en Andalucía. Sierra, en conversación telefónica con Público, ha dejado claro que “no va a rectificar”, y acusa a Maíllo de “no haberse informado mejor ni haberse puesto en contacto con su equipo antes de lanzar la amenaza de expulsión del partido”. “Si siguen adelante y me abren un expediente, allá ellos. El pueblo entero está indignado por cómo han gestionado esto, y nosotros también tenemos nuestras armas para defendernos. Por supuesto que no voy a rectificar”, asegura.
La versión de la alcaldesa aporta muchos matices a la denuncia inicial que hizo el grupo de Ganemos, en la oposición, y que ha asumido como propia la dirección de IU. Sierra dice que su Ayuntamiento no ha otorgado una subvención “nominal” “ni al colegio Torrealba ni a su AMPA”, sino que ha aceptado la propuesta del PP de ampliar la partida presupuestaria que se destina a sufragar actividades de los colegios del pueblo. La novedad es que con ese dinero antes se costeaban actos de cuatro centros educativos, y ahora se incluirá también a los alumnos del Torrealba entre los beneficiarios. “La partida asciende de 3.000 a 4.000 euros, pero eso no significa que hayamos subvencionado con 1.000 euros al AMPA del Torrealba, como se ha dicho”, dice Sierra.
La alcaldesa se muestra dolida e indignada con las advertencias de su formación y mucho más con la amenaza de expulsión. “Yo no he subvencionado a un colegio del Opus Dei, eso lo está haciendo el Gobierno andaluz, y nosotros siempre hemos estado en contra. El dinero es para los alumnos de mi pueblo, para todos, incluidos los del Torrealba”, advierte la regidora. Sierra dice que ha trasladado su explicación a la dirección provincial de IU en Córdoba, pero luego ha leído un comunicado de denuncia de sus propios dirigentes “obviando mi relato y dando por bueno el de la oposición”. “Nunca hemos incumplido las directrices políticas de IU, nunca en 16 años. Yo no trabajo con el Opus Dei ni con un colegio exclusivo de niños, sino con padres y madres (dice recalcando madres) de una escuela de mi pueblo”, insiste.
Al coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, las explicaciones que le ha trasladado la dirección provincial de Córdoba no le parecen suficientes. IU sostiene que su formación no puede, “de ningún modo”, destinar dinero público a escuelas que segregan a su alumnado por sexos, porque va en contra de los principios ideológicos que defiende su formación.
La coalición de izquierdas ha sido siempre la más combativa contra la educación diferenciada en el Parlamento, presionando a la Junta para que retire el concierto a la decena de escuelas que separan a su alumnado por sexos y siguen financiadas con dinero público. El Gobierno de Susana Díaz le retiró las ayudas hace un año (y era la tercera vez que lo hacían), pero estos colegios lograron mantener su estatus tras recurrir a los tribunales. El pulso jurídico es difícil de ganar, porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo una enmienda en la Lomce (Ley básica de Educación) para blindar los conciertos a colegios que segregan por sexo.
La corporación municipal de Almodóvar del Río está formada por siete miembros de IU, que gobierna con mayoría absoluta, tres del PSOE, dos de Ganemos y un concejal del PP. La alcaldesa defiende que la partida presupuestaria para los colegios existe desde hace años y defiende que este curso se haya incluido al Ampa del Torrealba porque sus proyectos son “tan útiles para el pueblo como los del resto”: proponen pintar las casas de los vecinos más mayores y se les paga la pintura; proponen salidas al campo para conocer la flora del municipio y se les compra los bocadillos; se les costea una chocolatada, una actividad de voluntariado para recogida de basura, una Gymkhana… “No les subvencionamos con dinero, sino en especies”, dice el Gobierno local, que asegura “no dar crédito a lo que se ha liado con este asunto”.
La alcaldesa insiste en poner el acento en que la dirección política y orgánica de su partido no se haya dirigido personalmente a ella antes de elevar el tono de la denuncia. Sus colaboradores sí han hablado con Sebastián Pérez, secretario de Organización de IU en Córdoba, y después de esta conversación, la ejecutiva ha seguido adelante con su amago de expulsarla del partido.
Maíllo, que asegura que “no le temblará la mano en este asunto”, ha lanzado un mensaje muy duro a la alcaldesa: “No hay otra posibilidad de conciliación. Se ha equivocado. O rectifica de inmediato y retira ese dinero, o se expone a la apertura de un expediente sancionador, porque los estatutos de IU dejan claro que ningún cargo público puede saltarse la línea política del partido”, aseguran fuentes de la dirección. Las normas internas de la coalición de izquierdas establecen que, tras la apertura de un expediente, es necesario que una comisión instructora analice la falta cometida y proponga una posible sanción, que en último caso podría derivar en la expulsión. Sierra afirma que si se llega a ese punto, su equipo tiene “armas” para responder y preservar su Gobierno al margen del partido. “Allá ellos”, concluye.
