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La agenda del Vaticano incluye por primera vez sentarse a revisar los acuerdos Iglesia-Estado con España

Roma aboga por una reforma consensuada del Concordato y la ley de Libertad Religiosa, y así se lo ha trasladado a los obispos que estos días visitan al Papa: «El diálogo con el Gobierno está abierto», subraya el presidente de la Conferencia Episcopal.

El Vaticano ya habla de la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado en España. Y lo hace con los obispos españoles, que están de visita en Roma para rendir cuentas al Papa. Los prelados se han encontrado con que la Santa Sede tiene su propia agenda y les insta a «buscar el bien común» en el diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin prisa, pero sabiendo que ya han pasado 42 años desde la firma del último Concordato y que tanto esta norma como la Ley de Libertad Religiosa (también con cuatro décadas de historia) necesitan una reforma y prefieren que ésta sea consensuada.

Así lo reconocía el pasado viernes el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, desde Roma. Admitía que estos puntos surgieron durante el encuentro de los obispos españoles con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en una reunión «muy cordial» en la que se trataron «los temas que preocupan en estos momentos a España: la libertad religiosa, la enseñanza religiosa y el derecho de libertad de los padres a la educación de sus hijos, los acuerdos Iglesia-Estado y a la evolución laicista debido a la cultura actual».

En este encuentro obligatorio con las máximas autoridades de la Iglesia católica, llamado ad limina, la Conferencia Episcopal debe informar sobre su trabajo y los retos de futuro y a su vez es informada de la posición de la Santa Sede sobre diferentes cuestiones. En las reuniones en los distintos dicasterios –ministerios vaticanos– se ha invitado a los obispos a entablar un diálogo constructivo en los asuntos que tienen pendientes con el Ejecutivo. «Se ha abordado este asunto desde la perspectiva de que todos juntos desde la política del Estado y desde la Iglesia busquemos el bien común», ha destacado el arzobispo de Valencia, que resaltaba la transparencia en el diálogo de los obispos con la Secretaría de Estado del Vaticano, con la que «no hemos dejado ningún tema, hemos hablado con total sinceridad». «Estoy muy esperanzado», remató.

«El diálogo está abierto»

El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, también habló públicamente de este tema al término de su entrevista con el Papa Francisco. En un encuentro con medios anunció que dentro de unos días mantendrá un encuentro con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aunque desde Moncloa llevan tiempo desmintiendo que haya avances o una agenda formal en las negociaciones con la Iglesia que comenzaron hace tiempo con los encuentros entre la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo y Parolin. «El diálogo [con el Gobierno] está abierto, no está roto», subrayó Omella.

Lo cierto es que esas negociaciones pendientes sí están en la agenda vaticana: «La Secretaría de Estado propicia este diálogo», recalcó el cardenal de Barcelona, quien insistió en la sintonía con el Ejecutivo de Sánchez en temas relativos al bien común o la acogida de migrantes. Pero Omella se encargó también de dejar claras las distancias: «En los temas de la moral no siempre coincidimos», en referencia a la batalla eclesial contra el aborto y la eutanasia. «En el respeto y la firmeza, cada uno tiene que aportar su forma de ver», insistió. Sin embargo, hay otros asuntos también espinosos pero con margen de acción, como el pago del IBI, las inmatriculaciones o la reforma educativa ya en marcha. El presidente de la Conferencia Episcopal reiteró que la Iglesia española apuesta por el diálogo, «y la Santa Sede también».

Fuentes consultadas por elDiario.es añaden que estas conversaciones demuestran «que el Vaticano, y el Papa Francisco en particular, están muy bien informados de lo que sucede en España, y no sólo desde los cauces habituales». Prueba de ello fue el encuentro, llevado a cabo hace un mes, entre Bergoglio y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que «voluntariamente» se llevó a cabo antes de la visita ad limina y que le valió al pontífice críticas e insultos por parte de la derecha política y mediática española.

En la Santa Sede, no obstante, no se plantea un movimiento directo hasta que concluyan las visitas de los obispos españoles. El viernes Francisco recibió a los prelados catalanes y valencianos, y las dos próximas semanas les tocará el turno a andaluces, extremeños, manchegos y madrileños.

Además, está pendiente que se produzca el plácet de la futura embajadora de España, cargo para el que el Gobierno ha elegido a la ex ministra de Educación Isabel Celaá. Una designación que fue recibida con perplejidad por la Conferencia Episcopal, algunos de cuyos miembros consideran «una provocación» que llegue al Vaticano la responsable de la reforma educativa que deja –consideran los obispos– en mal lugar la clase de Religión y «arrincona» a la escuela concertada.

Investigar los abusos

Junto a ello, Roma ha abordado la difícil cuestión de los abusos sexuales, que tiene a la Iglesia española en una situación delicada respecto al resto de Europa. Y es que la Conferencia Episcopal es la única del Viejo Continente (junto a la italiana) que no ha abierto una investigación histórica sobre los abusos en su seno. Francisco, quien tras recibir el informe de El País con 251 nuevos casos de pederastia en la Iglesia española, parece decidido a que haya un profundo cambio de actitud en esta cuestión. Un informe que, en un primer momento, los obispos descalificaron por «falta de rigor». La llamada a filas desde la Santa Sede les llevó a modificar su actitud y enviar la información a las congregaciones para que investigaran las denuncias «si lo consideran necesario». Finalmente, tras las primeras reuniones ad limina, han prometido una investigación en las diócesis, pero sin el control de una comisión independiente.

El pasado lunes, durante su tradicional discurso de comienzos de año al Cuerpo Diplomático, Bergoglio exigió «una firme voluntad de esclarecimiento» ante los «crímenes» de la pederastia clerical, «para hacer justicia a las víctimas y evitar que semejantes atrocidades se repitan en el futuro».

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