Otras fundaciones públicas sí tienen que asumir un pago anual para contar con abogados del Estado en sus batallas judiciales.
El BOE de hoy recoge un convenio, firmado en diciembre, para que la Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos cuente con la asistencia jurídica de la Abogacía del Estado, esto es, que abogados del Estado le representen en posibles litigios. El documento aclara que la Fundación no pagará nada por este servicio, al contrario que otras fundaciones públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez propuso, en la anterior legislativa, transformar esta entidad, que en la actualidad cuelga de Patrimonio Nacional.
Como todos los convenios de asistencia jurídica de este tipo, los abogados del Estado no podrá representar a esta Fundación en el caso de que se enfrente, en los tribunales, contra el propio Gobierno. Así pasa también en un acuerdo similar entre la Abogacía del Estado y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Con una diferencia: el CTBG sí paga por esa asistencia jurídica. En concreto, 20.000 euros anuales. De hecho, esta entidad, encargada de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ha gastado más de 287.000 euros en defenderse de recursos, la mayoría de administraciones públicas, cuando ocurre justo eso: que se enfrentan al propio Gobierno y, por tanto, la Abogacía del Estado no puede representarles.
También otras fundaciones públicas similares a la del Valle de los Caídos tienen que tirar de su propio presupuesto. Tres ejemplos recientes: la Fundación Universidad-Empresa de Valencia, dependiente de la universidad de la ciudad, paga 20.000 euros al año; la Fundación Pública de Servicios de la Cueva de Nerja, encargada de cuidar esa instalación, 25.000; y la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, 3.000.
La Fundación Santa Cruz del Valle de los Caídos fue creada por el dictador Francisco Franco en 1957. En 1982, se reformó para que su patronato dependiera de Patrimonio Nacional, pero el Tribunal de Cuentas ha criticado la poca claridad de la relación económica entre ambos organismos y la opacidad de sus cuentas. De hecho, hace un año, Patrimonio Nacional decidió no transferir fondos al Valle hasta que presentara cuentas “veraces”.
El coste de este convenio gratuito se suma a las obras de mantenimiento sufragadas por Patrimonio Nacional y a las transferencias directas que reciben, de 340.000 euros anuales. El convenio publicado hoy en el BOE durará un año -con posibilidad de prórroga por otro más.
