El Gobierno quiere regular el funcionamiento de la Conferencia Islámica de España (CIE), el máximo órgano de representación de los más de 1,8 millones de musulmanes que viven en España. Para ello viene trabajando en un real decreto con el que pretende acabar con la inoperancia que ha demostrado en los últimos años.
El Ministerio de Justicia ha convocado inicialmente para mañana -aunque aún está pendiente de que la agenda del ministro lo permita- una reunión de la comisión asesora de libertad religiosa, en la que expondrá las líneas maestras de la norma, uno de cuyos puntos clave es que haya un solo interlocutor de la CIE a nivel nacional. Pero el enfrentamiento entre las dos principales organizaciones que la componen, que viene de lejos, se ha vuelto a poner de manifiesto ahora ante esta iniciativa gubernamental.
El problema de fondo es que la CIE tiene dos cabezas, Riay Tatary, líder de la mayoritaria Unión de Comunidades Islámicas de España, y Mounir Benjelloum, al frente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas. Ambos comparten la secretaría general y pugnan por el liderazgo de la CIE. Defienden diferentes concepciones del Islam. Al primero se le considera más moderado, próximo a las enseñanzas de los Hermanos Musulmanes, mientras el segundo se inspira en los principios del movimiento radical islamista Justicia y Caridad.
Benjelloum se opone radicalmente al proyecto del Gobierno, que ha descalificado como un «atentado a la libertad religiosa» y una «injerencia inaceptable». Por su parte, Tatary está dispuesto a aceptar la regulación de Justicia como un «mal menor». El objetivo del Gobierno es acabar cuanto antes con esta situación de bicefalia que ha llevado a la CIE a la parálisis y hace que no tenga un interlocutor válido en asuntos de tanta trascendencia como son la prevención del yihadismo o el nombramiento de los imanes.
Tatary y Benjelloun
