El sentido y el tono del voto particular del magistrado catalán Eugeni Gay a favor de dejar en suspenso la ley del aborto hasta que se resuelva el recurso del PP proclaman de suyo cuál será su decisión final en la sentencia. Defensor a ultranza del Estatuto catalán frente a los conservadores, Gay puede ser ahora su mejor aliado para tumbar el texto de una ley que pugna con su conciencia.
Gay compagina o ha compaginado su cargo de magistrado constitucional con el de secretario internacional del Movimiento de Juristas Católicos Pax Romana. Además, es o ha sido consejero del Arzobispado de Barcelona; vocal del Consejo Pastoral Diocesano de Barcelona, miembro del Patronato de la Fundación del templo expiatorio de la Sagrada Familia y patrocinador y miembro fundador de la Red Latinoamericana de Juristas Católicos.
Además, en sus intervenciones públicas el magistrado ha dejado clara su postura como jurista católico. En una entrevista en La Vanguardia en junio de 2007, a propósito de su participación en la conmemoración del 60 aniversario de Pax Romana, Gay declaró: "Pax Romana está vinculada a la Iglesia. Mantiene siempre su fidelidad a Roma". Y añadía: "Pax Romana, en comunión con la Iglesia, reivindica la libertad intelectual".
Por contra, los votos del vicepresidente Guillermo Jiménez y el del magistrado conservador Vicente Conde en contra de la suspensión no causaron extrañeza, ya que la trayectoria de ambos ha sido inequívoca sobre cuestiones de procedimiento. Sin embargo, las previsiones apuntan a que en el recurso del aborto, Jiménez y Conde votarán en contra de la ley.
Al magistrado Vicente Conde, su ortodoxia procedimental le costó incluso la presidencia del Tribunal, al oponerse a los designios del entonces presidente Aznar y votar en contra de la admisión de un recurso del PP contra un Plan Ibarretxe aún en fase embrionaria. Dos de sus compañeros le negaron el voto y propiciaron que resultase elegida la actual presidenta, María Emilia Casas. Pero Conde es conservador y vota como tal, aunque no tuvo empacho en proclamar que el PP actuaba en "fraude de ley" y "abuso de Derecho" al recusar a tres magistrados progresistas para intentar moldear un Pleno que fallase a favor de sus pretensiones.
