El nuevo vicepresidente de la junta, Juan García Gallardo-Frings, ya ha elegido a sus primeros asesores, eligiendo a un miembro de su familia y relacionados con la Conferencia Episcopal, tal y como informa elDiario.es.
Uno de estos primeros nombres es José María Barrio Gil-Fournier, emparentado con García Gallardo por parte de padre.
Su nombre es bastante llamativo ya que Gil-Fournier fue en Valladolid director de Promoción y representante de Reyal Urbis.
Esta constructora es famosa por ser actualmente el mayor moroso de la hacienda española.
La constructora contaba con activos valorados en 1.170 millones de euros y una deuda que ascendía a 4.600 millones. Actualmente está liquidándolos para intentar pagar sus deudas.
Además, Gil-Fournier tiene experiencia ante los tribunales. En 2013 compareció como investigado acusado de un delito contra el medio ambiente al haber adquirido la constructora un antigua fábrica de Uralita con amianto.
Pese a esto, la causa fue archivada, al no hallar dolo en las intenciones de Royal Urbis y por los problemas de diligencia de la administración competente.
García Gallardo ha defendido este fichaje aduciendo que no está unido en primer o segundo grado de sangre “no es mi padre, ni mi hijo, ni mi sobrino” y que es un “gran profesional” con mucha experiencia en la empresa privada y en las administraciones públicas, sin señalar exactamente en que administraciones públicas o que experiencia tiene José María Barrio Gil-Fournier.
De la Conferencia Episcopal a asesorar al vicepresidente
Otro de los fichajes llamativos ha sido el de Montserrat Lluís Serret, hasta hace un mes directora general para Emisoras Musicales, TRECE, Desarrollo Digital y Comunicación de Abside Media, donde la Conferencia Episcopal reúne a sus medios.
A diferencia de José María Barrio Gil-Fournier, que ha hecho desaparecer su perfil de LinkedIn, Montserrat Lluís Serret lo ha mantenido.
En el se puede ver una dilatada carrera siempre en medios conservadoras: fue directora tanto en TRECE como en COPE.
Antes de esto, trabajo durante casi dos décadas para el conservador grupo Vocento, donde fue coordinadora editorial. También tuvo posiciones directivas en el ABC.
Su salto se prevé como un posible enfrentamiento por llevar la comunicación con Julio López Revuelta, director de Comunicación del Partido Popular.
Juan García Gallado ha negado la mayor y ha señalado que servirá para “reforzar la unión de gobierno y la unidad de acción”.
Con esta jugada, Vox espera atraer más apoyos de la Conferencia Episcopal y del voto católico, un colectivo con el que puja por el Partido Popular.
Una radicalización en este sentido puede decantar la balanza, ya que actualmente Vox sigue teniendo menos voto católico que el Partido Popular.
De luchar contra el nepotismo a los privilegios
Vox se ha presentado siempre como un partido que intenta recoger la ansiada bandera de la regeneración, algo habitual entre los partidos de la “nueva política”.
Pero la realidad es que Vox ha sido uno de los que menos limitaciones ha puesto a sus cargos en este sentido. Juan García Gallardo es un ejemplo viviente.
Es el vicepresidente de Castilla y León, pero sorprendentemente sin ninguna cartera. Así le quedan las funciones más básicas, como son las de sustituir a Alfonso Fernández Mañueco cuando este no pueda estar presente en distintas instituciones y coordinar distintas fundaciones y colegios profesionales. Su salario será casi de 80.000€ anuales, exactamente 79.571€.
No se conoce ningún privilegio político al que Vox haya renunciado, a diferencia de miembros de distintos partidos. De hecho la formación ha hecho lo posible por ocultar el patrimonio de sus miembros, como cuando veto declarar las posesiones de sus diputados.
Otras formaciones de la “nueva política” sí renunciaron a algunos de sus privilegios, cómo Ciudadanos, que renunciaron a coches oficiales o la conexión ADSL en el Congreso, Podemos, que limitó su salario a 3 veces el SMI y renunció a la casi totalidad de privilegios que ofrecía el congreso o de Izquierda Unida, que fue uno de los primeros partidos en renunciar a estos.
Además, aunque Vox se muestra contrario al gasto político, no ha rechazado en ningún momento los asesores ni ha renunciado a la subvención a los partidos políticos, como lleva en su programa electoral.
De hecho, distintos ex concejales de Vox que han abandonado la formación denuncian las mismas cosas: que el partido es totalmente vertical y que es una “agencia de colocación”.
Con esto se refieren a que el partido no pierde oportunidad en “enchufar” sus miembros en todos los cargos a su disposición.
Además ha sido notorio cómo distintos cargos de Vox han estado inculpados por cohecho, malversación u otros trámites de dudosa legalidad.
Algunos de los casos más famosos fue el del exporta voz en Castilla y León, el juez Serrano, investigado por un millonario fraude con subvenciones o el reciente caso de Carlos Santonja, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que se negó a pagar las obras de su lujosa mansión valorada en tres millones de euros o el nuevo consejero de Cultura de Castilla y León que cobró durante 20 años por asesorar una fundación que dirigía.
