El obispo de Canarias cree que se justifica el asesinado de inocentes al eliminar fetos de 22 semanas
Estas palabras de la portavoz del Ejecutivo son con las que arranca Mazuelos uno de sus párrafos más contundentes: «Hablar de democracia y ampliar derechos a costa de la libertad de los médicos y de pisotear, en nombre del ‘derecho’ al aborto, la dignidad de la vida humana me parece una auténtica falacia». «En la propuesta de ley, se copia la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo de 2010 y se adorna con algunos cantos a la libertad, como son poner impedimento a la objeción de conciencia, eliminar los tres días de reflexión, la información previa y evitar –dicen- la pornografía», continúa el obispo y médico sevillano. «Van a intensificar la educación sexual para que no haya una violencia en la educación. Este descaro y este atentado a la libertad, a la democracia y a la razón solo se pueden argumentar con la lógica de la dictadura, es decir, absolutizando una opinión o idea e imponiéndola por ley y afirmando que quien no está conmigo no es demócrata».
El obispo de Canarias, sacerdote forjado en el Camino Neocatecumenal, «ante tal atropello», en su carta publicada a finales de mayo, se ofrece a padres y madres «que van a tener que sufrir en sus carnes esta ley que sigue creciendo en inmoralidad, injusticia e inhumanidad». Mazuelos no oculta su solidaridad y su apoyo y el de los obispos españoles a la manifestación que se celebrará el próximo 26 de junio en Madrid contra la nueva ley que regula el aborto.
En su condición de conocedor de la ciencia médica, Mazuelos va argumentando contra los supuestos derechos, a su juicio, que acaban en «la justificación de hecho de la muerte de un inocente». «El primero de ellos es que, según la nueva ley, dentro de las 14 primeras semanas se puede abortar libremente», explica. «Aceptar esto conlleva privar de todo derecho al ser humano hasta los tres meses y medio de gestación. Esta opción se fundamenta en negar que el embrión es un ser humano autónomo e independiente de la madre». «Ante esta evidencia científica se quiere justificar el asesinato del inocente en nombre de la filosofía y, más concretamente de la metafísica, negándole al embrión y al feto el estatus de persona», afirma el obispo.
Además no se olvida de hacer referencia a que la ley contempla que, para aquellos niños con alguna malformación, «se puede abortar hasta las veintidós semanas (5 meses y medio), que es cuando puede sobrevivir fuera del seno materno». «Esta medida legislativa nos introduce en el reconocimiento de la desigualdad y en la apertura de la puerta de la injusticia», afirma Mazuelos. «Con esta medida se crea, en nombre del progreso, un nuevo estatus humano, una nueva clase social sin derecho alguno. A partir de ahora no todos los seres humanos son iguales en dignidad y en derechos, minando el principio básico de la justicia: la igualdad de todos los seres humanos».
Cuando en el feto se detecten malformaciones severas se puede abortar después de las 22 semanas, según contempla la nueva ley, siempre y cuando una comisión clínica certifique que son intratables o incurables. «Este punto de la ley», añade Mazuelos, «suscita en nosotros una cierta sospecha de parecido con el llamado programa T4 diseñado por la cúpula nazi con justificaciones eugenésicas», antes de entrar a reflexionar sobre su moralidad. Cree el obispo que la comisión clínica «se le otorga nada más y nada menos que el poder de determinar o mejor de autorizar la muerte de un ser humano» y de «justificar el asesinato de un inocente».
No se olvida Mazuelos de resaltar lo que considera la «incoherencia» de permitir a una menor, con 16 años, abortar, cuando no puede votar. Y remata : «Admitir el ‘derecho’ al aborto nos sitúa ante la sentencia a muerte de un inocente. El poder y lo políticamente correcto han determinado, en nombre del materialismo más radical». En la carta, que se puede leer íntegra en www.laprovincia.es, Mazuelos expresa su preocupación, «como pastor de la Iglesia y como ciudadano», para que se tome conciencia crítica de la «lógica inhumana que late tras esta nueva ley».
Carta íntegra del obispo Mazuelos
Acogimos con sorpresa que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de Marzo, de Salud Sexual y Reproducción y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La nueva norma se asentará sobre la ley de 2010, se garantizarán y ampliarán derechos y se eliminarán los obstáculos existentes para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez ha calificado la reforma como “un nuevo avance para las mujeres y para la democracia en nuestro país”.
Hablar de democracia y ampliar derechos a costa de la libertad de los médicos y de pisotear, en nombre del “derecho” al aborto, la dignidad de la vida humana me parece una auténtica falacia. En la propuesta de ley, se copia la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo de 2010 y se adorna con algunos cantos a la libertad, como son poner impedimento a la objeción de conciencia, eliminar los tres días de reflexión, la información previa y evitar –dicen- la pornografía. Para ello van a intensificar la educación sexual para que no haya una violencia en la educación. Este descaro y este atentado a la libertad, a la democracia y a la razón solo se pueden argumentar con la lógica de la dictadura, es decir, absolutizando una opinión o idea e imponiéndola por ley y afirmando que quien no está conmigo no es demócrata.
Ante dicho atropello, quiero ser voz del grito silencioso de tantas vidas humanas y, a su vez, quiero unirme a tantos padres y madres que van a tener que sufrir en sus carnes esta ley que sigue creciendo en inmoralidad, injusticia e inhumanidad. Y para iluminar esta dura afirmación nada mejor que acercarse a la ley y analizar los supuestos casos de “derecho” al aborto que ampararía esta nueva norma. En ella es posible determinar una serie de pasos progresivos en la justificación de hecho de la muerte del inocente.
El primero de ellos es que, según la nueva ley del aborto, dentro de las 14 primeras semanas se puede abortar libremente. Aceptar esto conlleva privar de todo derecho al ser humano hasta los tres meses y medio de gestación. Esta opción se fundamenta en negar que el embrión es un ser humano autónomo e independiente de la madre, así como que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Esta postura es cada día menos sostenible desde el punto de vista científico. La ciencia no puede decir hoy que la vida humana no comienza con la fecundación y aún menos puede negar la existencia de un ser humano en el tercer mes de gestación. Ante esta evidencia científica se quiere justificar el asesinato del inocente en nombre de la filosofía y, más concretamente de la metafísica, negándole al embrión y al feto el estatus de persona. Pero esto es también insostenible desde el punto de vista filosófico, pues todo ser humano, desde el principio de su vida, es alguien que se va encarnando en un cuerpo que va desarrollándose con la edad. Ante este dato fenomenológico incuestionable, para justificar el aborto, no hay más remedio que, optando por una visión utilitarista, manipular la metafísica y calificar al feto menor de tres meses y medio sólo como ser vivo, negándole así el estatus personal e incluso el de ser humano, pero eso sí, sin explicar metafísicamente el salto cualitativo del ser originado a los tres meses y medio de ese alguien llamado embrión y feto.
La ley contempla que, para aquellos niños con alguna malformación, se puede abortar hasta las veintidós semanas (5 meses y medio), que es cuando se alcanza la viabilidad, es decir, que puede sobrevivir fuera del seno materno. Esta medida legislativa nos introduce en el reconocimiento de la desigualdad y en la apertura de la puerta de la injusticia. Me explico: suponiendo que no se le concede la dignidad a los seres humanos hasta los tres meses y medio nos preguntamos: ¿por qué si hay discapacidad la dignidad no se adquiere hasta los cinco meses y medio? La única respuesta racional y lógica es afirmar que todos los fetos discapacitados son “seres subhumanos”, más indignos que los aparentemente normales. Por tanto, con esta medida se crea, en nombre del progreso, un nuevo estatus humano, una nueva clase social sin derecho alguno. A partir de ahora no todos los seres humanos son iguales en dignidad y en derechos, minando el principio básico de la justicia, esto es: la igualdad de todos los seres humanos.
La ley contempla que cuando en el feto se detecten malformaciones severas se puede abortar después de las 22 semanas, siempre y cuando una comisión clínica certifique que son malformaciones intratables o incurables. Este punto de la ley, si por un lado suscita en nosotros una cierta sospecha de parecido con el llamado programa T4 diseñado por la cúpula nazi con justificaciones eugenésicas, por otro, nos obliga a una reflexión sobre la moralidad del mismo. Para ello me permitiré exponer algunos principios que pueden ayudarnos a discernir:
El primero de ellos es que desde el punto de vista sanitario no se puede olvidar que la misión del médico es curar y cuando esto no sea posible le toca aliviar o consolar, pero nunca sentenciar a muerte; el segundo es la constatación de que la conciencia humana nos grita que nunca es lícito acabar con la vida de un ser humano inocente y débil.
Además, la lógica racional nos lleva a la conclusión de que, con lo que establece la ley del aborto, a la comisión clínica se le otorga nada más y nada menos que el poder de determinar o mejor de autorizar la muerte de un ser humano. Ser humano que nadie duda de su existencia, ni siquiera la misma ley, pues tiene más de cinco meses y medio.
A ello habría que añadir también en pura lógica nacida del mencionado texto legal que, desde el punto de vista moral, el único fin que tiene la comisión es justificar el asesinato de un inocente.
En definitiva, pienso que dichas comisiones clínicas, más que abrir una puerta de humanidad, lo que pretende es justificar la eugenesia. Al mismo tiempo, con una formalidad revestida de pretensión científica, intenta acallar la conciencia humana, que grita en el interior de todo hombre y se rebela ante el atentado que se quiere cometer contra la razón humana, aplicando, en nombre del progreso, la eugenesia despiadada.
Aunque son muchas las incoherencia de la ley, como hemos podido ver al analizar su grado de humanidad, me gustaría aquí resaltar la incoherencia manifiesta que implica permitir a una menor de edad abortar. Lógicamente es una menor que ha recibido la educación sexual políticamente correcta, que ha sido estimulada a vivir una sexualidad hedonista e irresponsable y que se quiere continuar engañando con el aborto. Se intenta por todos los medios invitar a las jóvenes a entrar en la realidad virtual de que el aborto borra su ser madre hasta el extremo de que sus padres no se enteraran de nada. Dicha realidad virtual pone sobre la mesa la cuestión de si el aborto realmente borra el ser madre o sólo proporciona un modo de existir como madre. Ante esto, ni qué decir tiene que el ser maternal no viene eliminado con la eliminación del feto.
También habría que preguntarle al gobierno si las secuelas del aborto se van a vivir por detrás de los padres y en caso de graves complicaciones que ponen en peligro la vida de la menor hay que llamar a los padres o el estado y el personal sanitario responderá por ellos.
Por otra parte, no se entiende cómo se le otorga esa responsabilidad de abortar a una menor y se le niega todos los otros derechos, como por ejemplo, el derecho al voto. Es decir, la ley trae consigo, sin explicación ni justificación, la erosión grave de algunos conceptos jurídicos esenciales, como es el de “mayoría de edad” legal.
Por último, me gustaría hacer alguna consideración desde el punto de vista teológico. Admitir el “derecho” al aborto nos sitúa ante la sentencia a muerte de un inocente. El poder y lo políticamente correcto han determinado, en nombre del materialismo más radical, la eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida. Y, para ello, hay que encontrar todos los apoyos posibles y eliminar cualquier obstáculo para llevarlo a cabo. Ante esta situación caben varias posturas: lavarse las manos, mirar para otra parte, justificar la muerte, o mejor: esforzarse por cambiar en las conciencias, en las leyes y comportamientos por medios legítimos este estado de cosas que evidencia una clara cultura de la muerte que desdice de nuestra condición humana, de nuestra civilización e historia como pueblo y, para los cristianos, del mensaje del Evangelio. Nuestra opción ha de ser esta última con el apoyo de la oración y la certeza de que el mal, en este caso la muerte, no tienen la última palabra. Se recupera así la lógica de Jesús de Nazaret, Redentor del hombre, que, como nos recordaba Juan Pablo II, pasa necesariamente por la defensa y engrandecimiento de la dignidad humana.
Espero que esta reflexión que he querido compartir con vosotros, expresando mi preocupación como pastor del Iglesia y también como ciudadano os ayude a tomar conciencia crítica ante la lógica inhumana que late tras esta nueva ley.
