Quienes recorren en romería las calles patrias, repartiendo fetos de plástico y llamando asesina a la ministra Bibiana Aído no pretenden una reforma distinta de la actual Ley, sino que ese tipo de intervenciones médicas sean erradicadas de nuestra normalidad legislativa tal y como ocurre en diversos países extracomunitarios. Así, Aznar se habría convertido en una especie de San Pablo redivivo que hubiera caído a destiempo del caballo que deslinda la moral religiosa de la ética civil y se hubiese sumado a la cohorte de abolicionistas que probablemente también busque, con el tiempo, la supresión del divorcio y que las misas vuelvan al latín.
Habrá que recordar que el pecado no existe en democracia y que exigir que una doctrina concreta rija para el común de la población obedece a las mismas reglas que en numerosos países llegan a imponer algunos fundamentalistas del Islam contra quienes tanto predica el propio Aznar. Quizá sea por nuestra bisoñez democrática pero, ¿en qué cabeza cabe que en el contexto de la laicidad europea, España siga primando a la Iglesia Católica por encima de todas las otras confesiones al reservarle un casillero especial en la declaración de la Renta? Tampoco sale mal parada su jerarquía, por cierto, en el reparto de los fondos públicos que nuestro país sigue destinando para mantener ese inasible entusiasmo de los creyentes por su fe que, como el cariño verdadero, ni se compra ni se vende.
El Partido Popular pretende ahora la retirada del proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva. ¿Cuál es su alternativa, la de mantener el texto actual, contradictorio, viciado y peligroso tras veinticuatro años de ejercicio, o eliminar el aborto de nuestro corpus jurídico? ¿Realmente están convencidos de que esa sería la opción de sus votantes?
Es probable que el consenso parlamentario obligue a algunas reconsideraciones del texto que el ministerio de Igualdad ha venido redactando y debatiendo desde hace más de un año. Entre sus incógnitas no parece que vaya a verse afectado el epígrafe que permite que las menores de edades comprendidas entre 16 y 18 años no necesiten el consentimiento de sus padres para interrumpir embarazos no deseados: probablemente se mantenga en su redacción actual dicho epígrafe ya que tan sólo amplia la Ley de Autonomía del Paciente que promulgó el PP en 2002. Otro aspecto polémico estribará en como articular la Objeción de Conciencia, a fin de regular el ejercicio de este derecho a través de los servicios públicos de salud en los que hasta ahora abundaban las negativas por parte de los sanitarios.
Pero, ante la manifestación del sábado, lo que cabe preguntar es donde se meten los partidarios de que el aborto siga siendo practicable, con mayores garantías, en este país. Los socialistas han renunciado a sacar a los suyos a la calle y tampoco otras corrientes ideológicas y sociales lo han hecho de manera visible. Cabría pensar que las organizaciones feministas que se movilizaron como una piña en 1985 a favor de que fuera legal la interrupción voluntaria del embarazo, prefieren quedarse en casa ahora que ya no se va a criminalizar a las mujeres por practicarla.
No se trata tanto de deserción o de dejación, sino de que aunque a José María Aznar y a otros ultramontanos les parezca mentira, ese segmento de la opinión pública entiende que el Gobierno se queda corto en los actuales postulados de la Ley. Y, en tal sentido, desde dicho sector se considera urgente y necesaria la tramitación del anteproyecto de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de Mayo de 2008, pero bajo otras premisas. Por ejemplo, que se introduzcan mejoras para reafirmar ese derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, de la apuesta por la educación sexual como forma de prevenir los embarazos no deseados y de dotar a la red sanitaria pública de los recursos necesarios para no sólo atender, sino promover la salud sexual y reproductiva. Así que, durante los últimos meses, vienen reclamando del Gobierno y del Parlamento que se mantenga la propuesta, recogida en su anteproyecto, de modificación del artículo 9 de Ley de Autonomía del Paciente para equiparar los derechos de las menores de 16 y 17 años ante una interrupción voluntaria del embarazo las demás intervenciones sanitarias, tanto en el ámbito de la decisión como en el de la información a dar a la familia. En ese sentido, tal reclamación podría chocar no sólo con los diputados y senadores conservadores sino con los de un sector del PSOE al que pareciera representar José Bono, que se muestra hostil a dicha proposición.
Quienes piensan que el Gobierno se queda corto, demandan que la nueva ley no limite “la libre decisión de las mujeres al corto plazo de las 14 semanas, alejado de las legislaciones europeas más avanzadas, que contemplan el plazo de decisión hasta las 22-24 semanas”. También, que se eliminen los requisitos administrativos, como los dos informes médicos o los 3 días de reflexión, ya que son obstáculos innecesarios cuando una mujer ha tomado la decisión de interrumpir un embarazo: “Retrasarlo lo único que logrará será prolongar el tiempo de angustia”, afirman. Otras demandas incluyen las de que no se desproteja a ninguna mujer, obviando las situaciones en las que llevar a término el embarazo pueda suponer graves riesgos para su salud física y/o psíquica. No hay ningún motivo que justifique el hecho de que una nueva ley dé un trato peor para estas mujeres que la Ley de 1985. Desde su punto de vista, por otra parte, la Ley es imprecisa en algunos extremos, como el de la regulación de la responsabilidad de los centros sanitarios y de objeción de conciencia de sus profesionales, de forma que ésta no pueda llevar a que determinados centros sanitarios públicos dejen de atender las IVES por ausencia de personal dispuesto a hacerlo. Quizá este último asunto no se resuelva en este trámite sino que habrá que llevarlo a un debate de otro calado sobre la objeción en general.
Mientras tanto, ajenos a esta otra frontera sobre esa misma polémica, los detractores de la ley del aborto seguirán en la calle o en los medios, con José María Aznar al frente, denunciando que Galileo es un hereje. Y que debería legislarse en tal sentido para que todos los españoles estuvieran obligados a creerlo.
Juan José Téllez es escritor y periodista, colaborador en distintos medios de comunicación (prensa, radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos y literarios. Fue director del diario Europa Sur y en la actualidad ejerce como periodista independiente para varios medios. En paralelo, prosigue su carrera literaria como poeta, narrador y ensayista, al tiempo que ha firmado los libretos de varios espectáculos musicales relacionados en mayor o menor medida con el flamenco y la música étnica. También ha firmado guiones para numerosos documentales.
