A iniciativa de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de la Religiones del Instituto Universitario que sobre esas materias viene funcionando en la Universidad Complutense, se celebró el pasado martes, 7 de junio, una larga jornada que trataba de recoger distintas “voces” o “ecos” desde las confesiones religiosas, fuerzas políticas y de la sociedad civil precisamente sobre las relaciones que existen o deben establecerse entre los poderes públicos y las religiones.
Europa Laica había sido invitada a participar, junto con Cristianos Socialistas, en la mesa “Voces de la Sociedad Civil: hecho religioso y espacio público”. Además de agradecer la invitación y no eludir nuestra presencia en ningún marco que permita defender los principios democráticos del laicismo frente a otras posiciones, era una buena ocasión para conocer de primera mano y de forma dialogada el discurso actual de representantes cualificados de las confesiones religiosas y de las principales fuerzas políticas en torno a las relaciones del Estado español y las diferentes religiones.
Para sorpresa de algunos, la ponencia marco a cargo del propio director del Instituto, Fernando Amérigo, empezó por afirmar que de los cuatro problemas históricos que se han prolongado en nuestro país a lo largo de los últimos dos siglos, la Transición democrática había resuelto, a excepción del territorial todavía candente, los otros tres: la forma y jefatura del Estado, el intervencionismo militar en el terreno civil y la “cuestión religiosa”. Los repetidos conflictos por el confesionalismo abierto del Estado español, se habrían visto superados por la voluntad de todos los partidos políticos para evitar que la “cuestión religiosa” enconara el debate de la Constitución de 1978, optando por una política de reforma y no de ruptura con el legado del régimen anterior. En este caso, con la sustitución del Concordato de Franco con el Vaticano de 1953 por los nuevos Acuerdos “constitucionales” de 1979, la declaración de aconfesionalidad del Estado en la CE y la posterior Ley de Libertad Religiosa de 1980 -para desarrollar la “cooperación” a que se obligaban los poderes públicos con la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas-, quedó asentado un modelo de “laicidad positiva y abierta” más similar al italiano (Tratado de Letrán) que al francés o al alemán.
En conclusión del profesor Amérigo, la libertad religiosa de que gozamos resultaría más que aceptable, valorada en 7 sobre 10 en las encuestas. Sólo habría que hacer algunos retoques, 40 años después, para adecuar una nueva Ley de Libertad Religiosa a una sociedad más plural religiosamente, para mejorar la gestión pública de esa pluralidad, definir competencias de las diversas Administraciones Públicas al respecto y consensuar un status para mantener la Religión en los centros escolares (¿tal vez no evaluable?, ¿sin oponerle una alternativa?, …). Un marco, que más allá de matices, sirvió de general acuerdo y referencia para los participantes en las dos primeras mesas: representantes religiosos y políticos.
En la primera mesa redonda estuvieron presentes, además del cardenal-arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, representantes al máximo nivel de otras confesiones religiosas a las que se les reconoce “notorio arraigo”: comunidades islámicas, evangélicas, budistas y judías. Como era de esperar, aparte del mutuo reconocimiento y encomio del papel positivo y valores humanos que aportan las religiones a la sociedad, salieron a relucir los agravios comparativos sobre el trato recibido por las confesiones minoritarias frente a los mayores privilegios de que goza la Iglesia Católica. Las referencias a tradiciones culturales, identidades, número de fieles e influencia social, no impidieron el congratularse por estar sentados juntos, hacer votos por intensificar el “diálogo interconfesional” y, sobre todo, apoyarse en la defensa de lo que llaman “laicidad abierta e inclusiva” (por oposición al “laicismo excluyente”), que propugna el Estado español y su Constitución para exigirle mayores cotas de “cooperación”. Y ahí entra desde facilitarles la apertura y mantenimiento de sus centros de culto, exenciones fiscales y subvenciones públicas para “garantizar la libertad religiosa”, enseñanza de sus credos respectivos en la Escuela, … arguyendo que desarrollan una función pública y labor social frente a los “laicistas radicales” que quieren relegarlos al ámbito privado. Sin esa “labor social” que desarrolla la Iglesia, dijo el arzobispo Osorio, quedarían desatendidos millones de necesitados a los que ella atiende. Ninguna alusión a las responsabilidades del Estado en cubrir directamente las necesidades asistenciales y con los presupuestos adecuados.
Con matices, no fue muy distinto el marco de relaciones Estado/iglesias defendido por los participantes de la mesa de políticos (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos). A la representante del PP, hay que agradecerle su franqueza: haciendo gala de su fe católica y defensa cerrada de la cultura cristiana como identidad española, anunció, sin embargo, que para reconocer la “pluralidad religiosa” hoy existente, en el próximo ejercicio del IRPF habría hasta 7 casillas para destinar el 0,7% de los impuestos de los respectivos fieles a cada una de las confesiones a las que se les reconoce ya “notorio arraigo”. La “equidad” y “simetría” en el trato a las confesiones minoritarias fue también el centro de las propuestas del resto de representantes políticos. Eludiendo la denuncia y derogación de los vigentes Acuerdos con la Santa Sede y los suscritos con otras confesiones en 1992, apuntaron que una nueva Ley de Libertad Religiosa podría ser el marco para redefinir nuevos pactos y los distintos capítulos de “cooperación” del Estado y las administraciones públicas para gestionar (sic) de forma más equitativa la pluralidad religiosa.
En su turno, y ante las vacilantes y “conciliadoras” propuestas de los representantes de Cristianos Socialistas con el estatus heredado, Europa Laica dejó claro que lejos de estar solventada la “cuestión religiosa”, es un problema clave de la democracia por resolver. Y no se soluciona con manipulaciones groseras e interesadas del lenguaje oponiendo al laicismo (“radical y excluyente”, a su juicio) “laicidades abiertas” o la “aconfesionalidad” constitucional, que, de hecho, significa la negación del principio democrático de la separación de Estado/iglesias y la exigida neutralidad ideológica de las instituciones públicas, para garantizar el derecho a la libertad de conciencia de todos y por igual.
Nada tiene que ver con esos principios, formalmente admitidos por todos, la financiación de las confesiones religiosas con fondos públicos, juramentos de cargos civiles ante textos “sagrados” en lugar del compromiso público con los ciudadanos a quienes representan, el uso sectario de los cargos institucionales para ponerlos al servicio de opciones religiosas particulares, y, viceversa, dar rango institucional civil a las autoridades religiosas y, lo que es más grave, permitir el adoctrinamiento dogmático de niños y jóvenes en el ámbito escolar, y por ello, en periodo de formación conculcando su derecho a la libertad de conciencia y a la educación con independencia de las presiones ideológicas del entorno.
En cuanto a la presencia e intervención en la “esfera pública”, que reclaman todas las confesiones, se dejó claro que la libertad de conciencia -que incluye la de profesar una religión- lleva aparejado el derecho a su expresión pública y privada, pero no a ocupar y privatizar ideológicamente los espacios institucionales y comunes, precisamente por ser el marco de convivencia y de construcción de una ciudadanía compartida, prescindiendo de las particulares convicciones personales en otros ámbitos como son las creencias o no creencias.
Finalmente, se dio a conocer la propuesta actual para que el Congreso adopte una resolución efectiva para la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con el Vaticano y demás confesiones religiosas si se quiere avanzar hacia una nueva ley educativa verdaderamente democrática y libre de las hipotecas actuales que hacen imposible la laicidad obligada de la Escuela. ¿Respuesta al emplazamiento personal? No saben, no contestan. Denunciar, aunque sea una situación anómala y antidemocrática, les parece una actitud negativa. Lo positivo: ¿continuar con los lastres del pasado y cambiar algo para que, en el fondo, todo siga igual?
Fermín Rodríguez durante su intervención en representación de Europa Laica.
