La Justicia tumba un intento de probar que el Estado fue “cómplice” de la Iglesia en las inmatriculaciones
Al movimiento contrario a la impunidad de las inmatriculaciones de la Iglesia se le cierra otra puerta. Tras la decepción que sufrió por el aval del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a la inscripción de decenas de miles de bienes por parte de la institución católica, la asociación Movimiento Hacia un Estado Laico (Mhuel) había probado un camino inexplorado: una querella contra un registrador de la propiedad, que pretendía demostrar la complicidad del Estado con la jerarquía católica en las inmatriculaciones.
¿Resultado? Un juzgado de Zaragoza acaba de archivar el caso.
Tras la pista de un templo mudéjar
La asociación MHUEL (Movimiento hacia un Estado laico), radicada en Aragón, interpuso la querella el 12 de marzo de 2021. La dirigió contra el registrador de la propiedad 2 de Zaragoza, J.J.O.A., y una alto cargo de la Dirección General de los Registros y Notariados, R.L.M., por los supuestos delitos de falsedad documental y prevaricación, respectivamente.
En la querella, la asociación relataba que en junio 2015 había solicitado al registro una certificación que contuviera el histórico de inscripciones completo de la Iglesia de San Pablo, de estilo mudéjar, a lo que el registrador respondió que no había inscrito ningún inmueble con ese nombre. Casi dos años después, en abril de 2017, el mismo registro expidió una nota a petición del Ayuntamiento de Zaragoza en la que sí aparece inscrita, concretamente con fecha de 5 de mayo de 1987. Los demandantes concluyeron que el registrador se había amparado en un detalle formal de su solicitud, la falta del nombre completo del templo, Iglesia Parroquial de San Pablo Apóstol, para escamotear a la asociación laicista la información sobre el templo, que había sido inmatriculado por la Diócesis de Zaragoza, explica Jorge García, presidente de Mhuel.
García, que acata y respeta el sobreseimiento del caso, cree que el registrador debía entender “sin lugar a dudas” a qué templo se refería la asociación al ser conocido inequívocamente en toda la ciudad. “Dentro de la lógica más elemental, Mhuel se pregunta si es posible la negativa por parte de un fedatario público cuando se le pregunta: ‘¿Dónde y a qué nombre está la Iglesia de San Pablo en la calle y plaza de San Pablo de Zaragoza?’”, en palabras de la asociación.
Al considerar que la certificación del registrador no era “veraz”, la asociación presentó una denuncia ante la Dirección General de los Registros y del Notariado reclamando la apertura de un expediente sancionador. La respuesta fue negativa. A juicio de la asociación, la contestación incumplía las obligaciones a seguir en un caso como aquel.
Admisión a trámite y sobreseimiento
El cierre judicial, que no ve indicios de falsedad documental ni prevaricación, se suma al aval del Gobierno a casi 35.000 inmatriculaciones realizadas por la institución católica, que hasta ahora sale indemne
En su querella, tras agotar la vía administrativa, la asociación consideraba que los hechos podían ser constitutivos de prevaricación y falsedad documental. La iniciativa penal fue admitida a trámite, lo que despertó expectativas en el movimiento de recuperación del patrimonio inmatriculado. El juzgado de instrucción 9 de Zaragoza, el mismo mes de marzo, inició diligencias previas por los delitos denunciados y citó a declarar a los dos querellados. Ahora, tras escucharlos, ha sobreseído el caso.
El 10 de septiembre el juez Eduardo López dictó un auto de sobreseimiento al considerar que “el contenido de la certificación emitida” por el registrador demandado “no falta a la verdad”. “Ciertamente se trata de un edificio muy conocido en la ciudad y la referencia dada en la solicitud de la querellante es suficiente para saber de qué edificio se trata. Sin embargo, ha de concluirse que la certificación de 9 de junio de 2015 no contiene falsedad alguna”, señala el auto, que tampoco cree que haya existido una “actuación arbitraria dolosa”, mucho menos con relevancia penal. El juzgado también exime de responsabilidad a la alto cargo de la Dirección General de los Registros y Notariados, al no apreciar “ningún indicio de adopción de resolución injusta”.
Tras conocer el auto, Movimiento Hacia un Estado Laico señala: “No nos quedó más remedio que judicializar este asunto después de más de cinco años de peloteo administrativo entre diferentes instituciones del Estado, en un cruce de escritos nada clarificadores y contradictorios sin poder dilucidar algo tan sencillo como: ‘¿Está la Iglesia de San Pablo en la calle San Pablo de Zaragoza y sí dicha Iglesia está inmatriculada a nombre de quién?’”. “Opinamos que era un tema tan obvio y sencillo para su rápida aclaración que nunca pensamos que se prolongaría más de un lustro por la vía administrativa para luego terminar en un procedimiento judicial penal”, añade la asociación, que no recurrirá el auto al considerar que existen escasas posibilidades de éxito y contar la asociación con pocos recursos para afrontar costas.
La pretensión de fondo
La iniciativa penal iba más allá del caso concreto del templo zaragozano. Organizaciones como la coordinadora de asociaciones contra las inmatriculaciones Recuperando y Europa Laica han puesto reiteradamente el foco del escándalo de las inmatriculaciones en el papel de los registradores de la propiedad, como una forma de implicar al Estado.
La querella se presentó en marzo, después de que en febrero el Gobierno echase un jarro de agua fría sobre el movimiento laico al avalar la legalidad de casi 35.000 inmatriculaciones de la Iglesia y estrechar los márgenes para la recuperación de bienes, empeño que requiere pleitos caso por caso, vía que suma contadísimas reversiones. El movimiento patrimonialista viene exigiendo desde entonces al Gobierno soluciones para evitar un cierre en falso del problema, en el que hasta la fecha la Iglesia católica se ha salido con la suya.
Jorge García, presidente de Movimiento Hacia un Estado Laico, explica a infoLibre que, en efecto, que la querella pretendía implicar al Estado en las inmatriculaciones para obligarlo a actuar y dar explicaciones. “Si pruebas que una Administración del Estado ha actuado en connivencia con la Iglesia católica en las inmatriculaciones, estás demostrando que han ido de la mano durante todo el tiempo. Entonces, ahí implicas a la parte política y al Estado, que tiene que moverse”, señala García, que recuerda que el Gobierno está, a su juicio, en falta con sus compromisos: “Pedro Sánchez dijo lo que dijo y ha hecho lo que ha hecho”. Añade García: “Pretendíamos demostrar, o intentar demostrar, que una persona normal va al registro y la tratan de manera y un arzobispo iba al registro como Pedro por su casa e inmatriculaba lo que le daba la gana”.
García cree que hay motivos para pensar que “el Estado y la Iglesia han estado más que unidos”, que “han sido absolutamente cómplices” y que “no hay voluntad política para remover eso”. Añade que son frecuentes los casos en que los registros han enredado a los particulares y movimientos laicistas que han intentado arrojar luz sobre las inscripciones de bienes en laberintos administrativos que han terminado siendo disuasores. García advierte que en ningún caso su asociación, ni el movimiento laicista y patrimonialista, dejará de pelear por la reversión de las inmatriculaciones.
