El 1 de junio de 2018, Sánchez llegó a la presidencia y una de sus promesas estrella fue la derogación inmediata de la ley mordaza –que sustituía la también contestada ley Corcuera (1992) o ley de la patada en la puerta del PSOE de F. González–. Y pasados dos años y medio, nada de nada. Y después de un año de gobierno de PSOE-UP –que aseguraron en el pacto de coalición (punto 5.6) la rápida revocación de esta perversa ley–, también está quedando en agua de borrajas.
Otro compromiso que empieza a pudrirse y a hacer un tufo pestilente. Sobre todo, por el sufrimiento provocado en miles de personas represaliadas: sindicalistas, periodistas, migrantes, activistas contra los desahucios y toda clase de disidentes políticos; y más de 400 millones en sanciones. Unas arbitrariedades denunciadas muchas veces por Amnistía Internacional y centenares de organizaciones sociales, políticas y sindicales, por no respetar los derechos humanos.
¿Dónde han quedado los argumentos que Sánchez esgrimía allá por 2015, cuando empleaba un discurso radical para recuperar los votos que Podemos le estaba ganando? Unas razones tan válidas entonces, como hoy, que acusaban la ley mordaza como una vuelta al estado policial, como un regalo a la policía de poderes desorbitados contra las garantías judiciales, con sanciones monstruosas para criminalizar la disidencia, como en la dictadura franquista, y así poder impedir reuniones, manifestaciones, protestas, expresión de opiniones y divulgación de libre información… Unos razonamientos que continúan vigentes, pero renegados por el PSOE, al cual no le tiembla la mano si se trata de traicionar los acuerdos básicos del pacto con Unidas Podemos.
Y el principal valedor del mantenimiento de la ley mordaza es el ministro Marlaska. Un siniestro personaje con un currículum inequívocamente de derechas: miembro de la Audiencia Nazional (heredera del TOP franquista); condenado en 7 ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar torturas a personas detenidas en su custodia; juez que archivó la causa por el accidente del Yak 42, con la exculpación de responsabilidades al ministerio de Defensa; su papel en el caso Faisán para dinamitar el gobierno de R. Zapatero; designado por el PP como vocal del CGPJ (gracias a su voto fue nombrado el homófobo del Opus Dei, José Luis Requero, entre otras cagadas); un Marlaska negacionista de los derechos de las personas inmigrantes, por las devoluciones en caliente, y su apoyo a los CIE (Centros de internamiento de personas extranjeras)…
En resumidas cuentas, no es extraño que el PSOE de Marlaska frene la derogación de la ley mordaza –y que incluso la haya ampliado al ámbito digital, como China, Turquía o Irán, con el apoyo del PP y Cs–. Y que emplee excusas como que hay cosas más importantes, que toda la ley no es negativa, que todo llegará, pero mientras tanto, no se puede negar que esta ley se ha convertido en la instrumentalización del miedo, puesta al servicio de los gobiernos y de los poderes fácticos y de una ideología represora, autoritaria y heredera del franquismo.
Es urgente que los partidos que catapultaron a Sánchez a la poltrona no dejen pasar ni un minuto más y lo obliguen a derogar esta maliciosa ley, que tanto padecimiento está causando y que tiene como próximo represaliado valenciano, Joan Cogollos, profesor jubilado miembro de la PAH, que será juzgado injustamente por mediar en un desahucio en Oliva. Apoyemos la campaña: Jo també sóc Joan – Aturem la repressió!
