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El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, cuya popularidad ha ido cayendo en picado en las encuestas, se ha visto obligado a remodelar su gobierno desde que se revelaron los vínculos entre la Iglesia de la Unificación, más conocida como el «Secta Moon», y el partido liberal-demócrata en el poder. Estos vínculos surgieron tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe el 8 de julio. Su asesino le reprochó su asociación con la secta, al que acusó de causar la ruina de su familia.
Fumio Kishida está apartando del gobierno y de su Partido Liberal Democrático a los ministros y altos funcionarios más abiertamente vinculados a la Iglesia de la Unificación o secta Moon. Es una barrida limpia. El gobierno de Kishida se encuentra en su nivel de popularidad más bajo desde que asumió el cargo en octubre de 2021, con un 46% frente al 59% de hace tres semanas.
El hermano de Shinzo Abe, el ministro de Defensa Nobuo Kishi, pierde su puesto. Con una salud precaria, confesó que miembros de la secta Moon se habían ofrecido como voluntarios para sus campañas electorales. El primer ministro Kishida, que jura no tener ninguna relación con la Iglesia de la Unificación, mantiene en sus puestos a los principales ministros de Finanzas, Asuntos Exteriores y Economía.
Una secta que se ha infiltrado en la política japonesa
La mayoría de los japoneses exige explicaciones sobre la relación entre la clase política y la secta Moon. Se oponen a la organización de un funeral de Estado para Shinzo Abe. El jefe del gobierno responde que sus ministros tendrán que «examinar a fondo» sus vínculos con la Iglesia de la Unificación. En otras palabras, para romperlas: «es una condición necesaria», añade.
Desde su fundación en 1954 en Corea del Sur por el «reverendo» Sun Myung Moon, el problema es que la secta Moon se ha infiltrado en casi todo el mundo político japonés, a excepción de los demonizados comunistas. Otra organización religiosa más poderosa, la Soka Gakkai, forma parte de la coalición gobernante a través de su partido Komeito.
La secta Moon genera la mayor parte de sus ingresos en Japón, donde posee varias empresas. Desde hace 30 años, un colectivo de abogados japoneses ha demandado a la secta ante los tribunales civiles, reclamando el equivalente a 900 millones de euros en daños y perjuicios para los ex adeptos.
