Frente a la Catedral de la Almudena de Madrid, Alberto Garzón, candidato de IU-Unidad Popular a la presidencia del Gobierno, ha presentado este miércoles junto al presidente de la organización Europa Laica sus propuestas electorales para lograr un Estado «100% laico». Ante la mirada curiosa de dos sacerdotes que se han asomado a través de la valla —la rueda de prensa se ha celebrado en la acera, sin entrar en las dependencias del templo y sin incidentes—, Garzón ha desgranado algunas de sus medidas, entre las que destaca una concepción radical de que la educación con dinero público no puede llevar a cabo «adoctrinamiento religioso», según sus palabras, de forma que aboga por sacar completamente la religión de las aulas y eliminar la escuela concertada «con ideario propio»—ya sea religioso o de otro tipo— de forma «progresiva». Entre sus propuestas se encuentra también la desamortización de los bienes de la Iglesia.
«Defendemos una educación 100% pública y creemos que el suelo público tiene que ser solo para las escuelas públicas. Hay que acabar progresivamente con este estatuto de privilegio de los centros concertados, de forma que acabemos sin centros concertados», ha asegurado el candidato, que no ha detallado en qué plazo estimarían la eliminación de los conciertos. El responsable del área federal de Educación de IU, Enrique Díez, ha explicado después a EL PAÍS que contemplan un plazo de entre cuatro y seis años.
Esta propuesta de IU, compartida con la organización Europa Laica y que le diferencia del PSOE y Podemos, contempla que el profesorado de la escuela concertada se incorporase a la pública «sin que se vieran mermados los derechos de quienes ya han hecho unas oposiciones», ha indicado Garzón. La medida se llevaría a cabo con dos mecanismos: para aquellos centros concertados construidos sobre suelo público, se procedería a su «nacionalización», es decir, su incorporación a la red pública. Para el resto, se les propondría integrarse en el sistema público y, si no quisieran, dejarían de recibir la financiación pública. En el ámbito educativo, el partido defiende que la religión no forme parte del currículo y del ámbito escolar.
«Ni un euro público a financiar ninguna Iglesia», proclama Garzón y, en consecuencia, la formación concurre a las elecciones con la propuesta de eliminar la financiación de la Iglesia católica a través del IRPF, así como suprimir los beneficios fiscales de cualquier naturaleza, como el IBI. El partido quiere que la Iglesia católica esté obligada a presentar una memoria al Congreso de los Diputados sobre toda su actividad económica desde 1979. Para ello, así como para asegurar que la religión salga efectivamente de las aulas, es necesario «anular o en su caso denunciar» los acuerdos con la Santa Sede de 1979. IU asegura la anulación y no la revisión, por si esa fórmula escondiera una medida menos drástica.
El programa electoral llevará también, en su apuesta por la laicidad, una «desamortización paulatina y para uso público de los bienes de la Iglesia católica» cuando el Estado «participe en su mantenimiento y restauración». Una vez que se ha modificado la Ley Hipotecaria, por la cual la Iglesia ya no puede seguir inmatriculando bienes (registrarlos a su nombre), «el Estado debe declarar por vía legislativa como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia católica por dicho procedimiento, restituyéndolas a su anterior situación registral», dice el documento. Para ello, debe hacerse un listado y balance de todo lo inmatriculado por la Iglesia católica desde 1946 hasta junio de 2015 (cuando se aprobó la ley que impide las inmatriculaciones).
Hasta entonces, los obispos gozaban de un tratamiento similar al de un funcionario gracias a la ley que les permitía inmatricular, es decir, registrar como suyos todo tipo de edificios que nunca antes hayan tenido una titularidad. Les bastaba con ir y decir que esa propiedad les pertenecía, sin demostrarlo con documentos. De esa manera se han inmatriculado miles de viviendas, fincas rústicas, fuentes, quioscos, frontones y, desde 1998 también templos, gracias a una reforma de la ley que hizo el Gobierno de José María Aznar. El PSOE pidió al Gobierno el pasado mes de junio mediante una proposición no de ley registrada en el Congreso, que reclamara la titularidad de edificios, templos y otros bienes que la Iglesia ha registrado a su nombre desde 1998 cuando los obispos no hayan aportado para ello documentos que demuestren que les pertenecían.
Entre las 24 medidas que propone IU se encuentra también la de eliminar la referencia a la Iglesia católica de la Constitución, en concreto del artículo 16.3—una propuesta que lleva el PSOE en su programa—, y la de derogar la Ley de libertad religiosa de 1980 y sustituirla por una Ley de libertad de conciencia, «que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones ni privilegios».
El Código Penal se modificaría para derogar los artículos que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, «en relación con sus actos o ceremonias, tanto de palabra como de forma escrita». El Código Civil también sería reformado para suprimir la validez civil de los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.
En materia de símbolos, el programa laico de IU señala que ninguna autoridad pública o funcionario podrá participar en actos de carácter confesional en calidad de tal, suprime las ceremonias religiosas en los actos oficiales que organice el Estado y elimina las capillas de los lugares públicos. Los cementerios serán civiles. «Una de las fallas que permanece desde 1978 es que todavía no tenemos un Estado laico», ha concluido Garzón, que se compromete con la plena separación entre Iglesia y Estado.
