La corriente Izquierda Socialista abogará durante el 32 congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), que se celebrará los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en Oviedo, por un modelo de Estado federal y laico.
Este colectivo que acudirá al congreso con una delegación compuesta por siete miembros, anuncia que llevará una batería de enmiendas que previamente han sido debatidas, argumentadas y aprobadas en su seno y en las asambleas de aquellas agrupaciones en las que tiene presencia.
Izquierda Socialista entiende que la laicidad es un régimen social de convivencia «donde las instituciones políticas y jurídicas se legitiman exclusivamente por la soberanía popular y no por elementos religiosos».
Estos postulados de laicidad se defienden, indica, dejando espacio y respetando la libertad de conciencia, entendiendo que las creencias de cada uno han de suscribirse únicamente al ámbito personal y no trascender al político, judicial o ejecutivo.
En el congreso, Izquierda Socialista lleva una propuesta encaminada a defender el federalismo como prioridad en la concepción del Estado, siendo compatible y apostando por una descentralización democrática.
Desde la corriente se plantea que la evolución del Estado de las autonomías ha convertido a España en un Estado prácticamente federal, con algunas disfunciones, y es por ello señala que «la visión debe ajustarse a los nuevos tiempos, para dotar a España de un moderno desarrollo político y social».
Izquierda Socialista remarca así su línea política internacionalista y federalista anteponiendo como premisa la solidaridad entre los territorios de forma que se asegure el acceso «igual» a los servicios que garantizan el estado de bienestar de todos los españoles, en concordancia con la resolución adoptada en el 39 Congreso Federal, celebrado en Madrid.
Indica que entre la batería de enmiendas presentadas, y que cuentan con el apoyo de las asambleas de varias agrupaciones, destaca también la defensa para presentación en la Junta General del Principado de una proposición de ley a las Cortes Generales, instando la anulación de las condenas por motivos políticos, dictadas durante el régimen franquista.
Así mismo, se pide también al Principado que legisle sobre la memoria histórica, al igual que han hecho otras comunidades, con el fin de suplir las carencias de la ley estatal.