Izquierda Unida anunció ayer a través de una comparecencia con los medios de comunicación que no tiene intención de personarse en el procedimiento judicial abierto por la demanda presentada por el obispado contra la Fraternidad de la Orden Franciscana Seglar y contra Izquierda Unida, tanto regional como provincial, aunque en el caso de la formación política en calidad de interesados. Ante el deseo de la diócesis de registrar a su nombre la titularidad de la iglesia de San Francisco, IU apeló a las instituciones públicas como Diputación, Ayuntamiento y Junta para que sean ellas las que se personen en el caso «por la defensa de la titularidad pública del templo».
De hecho, tal y como explicó ayer el coordinador regional de la coalición de izquierdas, Juan Gascón, IU-Ganemos presentó el jueves durante el pleno de la Diputación y ayer en el pleno del Ayuntamiento sendas propuestas encaminadas en este sentido, después de conocerse que el juzgado de primera instancia número 6 haya admitido a trámite una demanda presentada por la diócesis en la que solicita el registro oficial a su nombre de la iglesia de San Francisco, tal y como adelantó DP. Gascón, que estuvo acompañado ante los medios por representantes de su formación política; el diputado provincial de IU-Ganemos, Eduardo Hermida; y el abogado de la coordinadora Recuperando, Alberto Blanco, comentó que la iglesia de San Francisco hace meses que no se destina al culto. Insistió en que el Ayuntamiento realiza actividades culturales en el edificio religioso como las visitas teatralizadas, explicando la historia del templo. Por su parte, Hermida remarcó que en la Diputación su formación política ha pedido que la institución provincial se implique «en la lucha por la titularidad pública del templo frente a las intenciones de la diócesis de hacerse con su titularidad».
El abogado de la coordinadora Recuperando, Alberto Blanco, comentó que la «diócesis no tiene legitimidad» para registrar a su nombre la propiedad de la iglesia de San Francisco, cuyo valor catastral supera el millón de euros.
La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos y que trabaja para hacer públicas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en todo el Estado, sostiene que la cifra total de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en todo el Estado entre los años 1946 y 2015 alcanzan los 100.000.
La coordinadora cuantifica esos bienes que fueron «inmatriculados desde que fue promulgada en 1946 la aprobación de la Ley Hipotecaria por el dictador Franco que permitió a los obispos inscribir inmuebles y fincas con su simple certificación y sin aportar títulos escritos de propiedad».
