Comentarios del Observatorio
Desde el Observatorio se viene detectando cómo las diferentes fuerzas políticas y entidades sociales que reivindicaban la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, están dejando de hacerlo, dejando de reivindicar la titularidad pública de los mismos para centrarse en una lucha conservacionista del patrimonio en la que el sector público intervenga como gestor intermediario o colaborador. Así vemos, cómo se solicitan patronatos mixtos con representantes públicos y de la Iglesia, o cómo se reclama sólo la apertura de los bienes inmatriculados para su libre visita.
Desde el movimiento laicista, la reivindicación de la titularidad pública de los bienes inmatriculados por la Iglesia es fundamenta. La cuestión de fondo es que la Iglesia utilizó un privilegio franquista, ampliado por el gobierno de Aznar, para apropiarse de decenas de miles de bienes (probablemente más de cien mil), cuando esos bienes debieran ser de titularidad pública.
Los/as diputados/as de Izquierda Unida en el Grupo Plurinacional Sumar Engracia Rivera y Nahuel González, junto al también parlamentario del grupo Francisco Sierra han registrado una iniciativa donde, entre otras cuestiones, abordan la posibilidad de que el Ejecutivo tramite “en los mismos términos” el proyecto de ley de Patrimonio Histórico paralizado la pasada legislatura “en el que se reconocía que los bienes de interés cultural en posesión de la Iglesia católica no puedan ser enajenados a terceros, sólo a favor de la propia iglesia o al Estado”.
Los/as diputados/as de Izquierda Unida en el Grupo Plurinacional Sumar Engracia Rivera y Nahuel González, junto al también parlamentario del mismo grupo Francisco Sierra han registrado una completa iniciativa parlamentaria para conocer con detalle la actuación realizada desde el Gobierno con vista a impulsar la “recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica durante años”.
La iniciativa plantea una serie de actuaciones concretas para intentar que se ejecuten en los próximos meses referidas a distintas actuaciones irregulares practicadas por la jerarquía católica en nuestro país entre ellas, por ejemplo, y ante la venta de bienes inmatriculados, si el Gobierno la previsto “ampliar el informe que remitió al Congreso de los Diputados para abarcar todas inmatriculaciones de la Iglesia católica en España desde 1946, realizadas por el procedimiento que únicamente exigía una certificación propia como privilegio otorgado por el franquismo con respecto al resto de personas físicas o jurídicas”.
En la misma línea, los/as diputados/as firmantes abordan la posibilidad de que el Ejecutivo tramite “en los mismos términos” el proyecto de ley de Patrimonio Histórico paralizado la pasada legislatura “en el que se reconocía que los bienes de interés cultural en posesión de la Iglesia católica no puedan ser enajenados a terceros, sólo a favor de la propia iglesia o al Estado”.
Engracia Rivera, Nahuel González y Francisco Sierra inquieren también si “ha valorado el Gobierno presentar un proyecto de ley que permita regular en qué casos y en qué condiciones un bien de carácter religioso de extraordinario valor histórico debe ser de dominio público”.
En febrero de 2021, el Ejecutivo de coalición remitió al Congreso un informe sobre los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Según este trabajo, se realizaron un total de 34.961 inmatriculaciones a favor de la Iglesia católica entre el 1 de enero de 1998 y la entrada en vigor de una segunda reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 para que la Iglesia se sometiera a partir de ese momento al mismo proceso que el resto de las personas físicas y jurídicas para reclamar la propiedad de los bienes.
De ese total, 20.014 fincas son templos de la Iglesia o dependencias complementarias, mientras que 14.947 son otro tipo de fincas (terrenos, solares, viviendas o locales). Del total, 30.335 inmatriculaciones lo han sido en virtud de una certificación eclesiástica, y 4.626 se han inscrito bajo un título distinto, es decir, a título insuficiente para la demostración de la propiedad en este registro. A destacar que el informe no abarca todo el ámbito temporal desde 1946, por lo que la incidencia real de las inmatriculaciones indebidas es aún mayor.
La iniciativa registrada recuerda puntualmente que en septiembre de 2022 se aprobó en la Comisión de Constitucional una proposición no de ley con la finalidad de impulsar la acción del Gobierno en esta materia. En concreto se le instó a ‘seguir clarificando la situación jurídica de los bienes inmatriculados en posesión de la Iglesia, con el objetivo de remover los obstáculos existentes para su recuperación por sus legítimos propietarios’.
De ahí que Izquierda Unida incida también en preguntar al Gobierno sobre “cuáles son los avances concretos que se han llevado a cabo en la clarificación de la situación jurídica” de estos bienes.
Además, y a la vista de que hasta la fecha no se ha producido recuperaciones de bienes inmatriculados, se interroga también “por qué motivos no ha habido avances concretos en la recuperación de bienes inmatriculados por sus legítimos propietarios”.
Francisco Sierra y Engracia Rivera, diputados/as por Sevilla, recuerdan de manera especial que organizaciones sociales y patrimonialistas como la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia (Recuperando) o la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla “nos han traslado su preocupación por la inacción u olvido del Gobierno en esta materia”.
De ahí que dedique un amplio apartado de la iniciativa a plantear cuestiones concretas referidas al ámbito andaluz, entre ellas si el Gobierno prevé “impulsar la constitución de Patronatos Públicos que puedan regir la gestión de los bienes de extraordinario valor cultural reconocidos por la UNESCO, como es el caso paradigmático de la Mezquita de Córdoba o el Conjunto Catedral, Archivo de Indias y Alcázar de Sevilla”, para que así puedan intervenir el Ministerio de Cultura y las administraciones, universidades y asociaciones patrimonialistas interesadas en su mantenimiento y gestión.
Además, el Defensor del Pueblo recomendó en 2020 ante una queja presentada por Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla la ejecución de planes directores, dejando constancia en el contenido del Informe Anual al Parlamento de Andalucía en 2020. En este sentido, ambos diputados/as andaluces en el Grupo Plurinacional Sumar preguntan también al Ejecutivo si impulsará Gobierno “la creación de estos planes directores, elaborados por las instituciones interesadas en su conservación y en los que puedan participar todas las administraciones”.
Concretamente, con respecto a la apertura del Patio de los Naranjos, en Sevilla, que reivindican entidades locales y que permanece cerrado al público desde 1992 por la Iglesia católica, al igual que el Patio de los Naranjos del Salvador, interrogan si se prevé “iniciar las gestiones oportunas para que el Patio de los Naranjos de Sevilla pueda volver a ser un espacio público”, como lo fue antes.
