La ministra deja clara su posición (y la del Gobierno, no lo olvidemos): «… no ha aceptado posiciones maximalistas presentadas por algunos grupos. Ejemplos: que la Religión salga de la escuela o que se cierre la concertada…. Hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley… Ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley.»
La ministra asegura en esta entrevista que “ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta norma” y considera que “la polémica en torno al castellano es nominalista”
El Congreso aprobó el jueves la nueva ley educativa, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), conocida como ley Celaá, en un clima de fuerte división y por una mayoría más corta (177 votos a favor, uno más de los que requiere una ley orgánica) de la que el Gobierno esperaba hace unas semanas, antes de la polémica en torno a la supresión de la referencia al castellano como lengua vehicular y la movilización contra la norma de la escuela concertada. Isabel Celaá (Bilbao, 71 años), recibe a EL PAÍS un día después, en la sede del Ministerio de Educación, con el aire de quien acaba de volver de un campo de batalla.
Pregunta. ¿Qué cambio concreto de la nueva ley destacaría?
Respuesta. La ley cambia la filosofía hacia la equidad. Impulsa la excelencia para que todos los alumnos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen. La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social. Un niño puede entrar vulnerable a la escuela, pero no podemos consentir que salga vulnerable de ella.
P. ¿Cree que las nuevas medidas para supervisar la escolarización servirán para reducir el nivel de segregación escolar?
R. Esa es nuestra apuesta frente a una ley como la Lomce [aprobada en 2013 por el PP, que será derogada una vez que el Senado ratifique la Lomloe], que era claramente elitista porque desarrollaba el talento de los más rápidos, de los que por así decirlo venían de casa con bastantes aptitudes para el estudio, y esquinaba a los que tenían más dificultades. En la Lomce había itinerarios excluyentes y programas de bajo valor educativo. Ahora queremos desarrollar el talento de todos, que lleguen tan lejos como puedan y se desarrollen de acuerdo a sus competencias, capacidades y ritmos. Y vamos a hacerlo a través de una enseñanza personalizada, nuevas metodologías y la digitalización.
P. La ley ha sido aprobada en el Congreso por un margen muy ajustado. ¿Por qué cree que no la apoyaron grupos que sí contribuyeron a elaborarla en el trámite de enmiendas?
R. Creo que la ley sale respaldada de manera muy satisfactoria. Ha habido siete fuerzas políticas que han expresado su respaldo al proyecto. Se han recogido más de 300 enmiendas. Y Ceapa, la confederación de padres con más presencia en la escuela pública, ha afirmado que ha sido una ley muy participada. Es una ley que busca el equilibrio y no ha aceptado posiciones maximalistas presentadas por algunos grupos. Ejemplos: que la Religión salga de la escuela o que se cierre la concertada. Cuando se dice que esta ley es para dar satisfacción a grupos independentistas, no es cierto, porque hay grupos independentistas que no han votado a favor. Y cuando se dice que retira la Religión de la escuela, tampoco es así, y es uno de los motivos por los que algunos grupos no la han apoyado.
P. Una parte importante de la escuela concertada cree que la ley amenaza su continuidad.
R. Quiero tranquilizar. Hay una parte de la concertada que no ha sabido leer las ventajas de la ley, se ha sentido amenazada y, además, ha entrado con una campaña dentro de los centros que nos preocupa. Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada. La ley recoge las posiciones que ha tenido el país desde la Constitución, cuyo artículo 27 es el verdadero pacto educativo. En la ley se afirma la libertad de enseñanza y se define que la prestación del servicio público se realiza a través de los centros públicos y de los privados concertados, lo que es afirmar la libertad de las familias. Y mantiene los principios básicos de la concertación vigentes desde 1985. Lo que hace es retirar algunos excesos que se habían ido incorporando. Pero la concertada que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer. La desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad. Ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley.
P. ¿Por qué no se logra un pacto que supere la división entre izquierda y derecha?
R. Esta ley trasciende ese eje en su contenido, pero no está apoyada por el Partido Popular y por sus ramificaciones de la derecha. El PP nunca ha apoyado una ley educativa del partido socialista. Solo aprueban leyes educativas cuando cuentan con mayoría absoluta.
P. ¿Usted diría que han intentado pactar esta ley con la derecha? Muchos piensan que no.
R. Antes de llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros, lo hemos hablado con el Partido Popular y con Ciudadanos. Y en fase de tramitación, el grupo parlamentario les ha ofrecido enmiendas transaccionales, pero no han querido entrar, se autoexcluyen del debate educativo. Son más las cuestiones en las que estamos de acuerdo, en lo estrictamente educativo. Pero si hacemos que el debate se centre en cuestiones que para ellos son más políticas, como la Religión, qué papel ocupa la concertada…, entonces lo único que pretenden es una cláusula de sumisión de sus propios postulados. Es una pena.
P. ¿No hubiese sido mejor en ese caso esperar?
R. La educación no podía esperar. No puede mantenerse en 2021 con un proyecto de ley que era inaplicable. El propio Partido Popular dejó partes de su Lomce suspendidas. Teníamos una legislación educativa para una sociedad que ya no existe.
P. El trámite en el Congreso ha implicado importantes cambios en el texto. ¿Se siente cómoda con el resultado, por ejemplo con el hecho de que ya no se diga que el castellano es lengua vehicular?
R. Sí, me siento cómoda. Creo que en toda la legislación educativa de la democracia no ha habido una propuesta tan garantista como la de esta ley. ¿Qué cabe más garantista que decir que todas las Administraciones educativas garantizarán la enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales de conformidad con la Constitución y los estatutos de autonomía, que forman parte del bloque de constitucionalidad? La ley afirma que al final de la enseñanza obligatoria todos deben tener un pleno dominio del castellano y las lenguas cooficiales. Y que los centros tendrán que adoptar medidas compensatorias para que se cumpla. Creo que es una polémica nominalista. En la legislación educativa el término vehicular aparece en 2013, con la Lomce. Pensar que ese es el término esencial para convertir al castellano en vehicular… Reducido al absurdo: desde 1978 y hasta el año 2013, el castellano no habría sido vehicular. O, según dicen otros, como Ciudadanos, incluso con la Lomce el castellano no ha tenido cambios ni ha sido vehicular en Cataluña. Lo importante es el desarrollo de las competencias lingüísticas de los alumnos.
P. ¿Por qué cambian el sistema de evaluación y de repeticiones?
R. Es importante que todo el elenco del profesorado decida, de forma colegiada, si un alumno puede promocionar de curso o, de manera muy excepcional, ha de repetir. Y reducir las repeticiones es importantísimo. El procedimiento debe ser la identificación de carencias y su tratamiento. De la repetición viene la frustración, de ahí el abandono, y un poco más tarde la precariedad laboral. El que habla solo del esfuerzo del alumno, se equivoca. Ese hay que suponerlo, como al soldado el valor, pero el sistema tiene que hacer un esfuerzo. Si no, estaríamos pensando que el sistema educativo español tiene alumnos más perezosos, más lentos o menos inteligentes que los del resto de sistemas europeos, en los que la tasa de abandono es un 7% inferior. Y no es el caso.
P. La ley deja la concreción de muchas medidas a las comunidades, como el porcentaje de horas escolares de clase que podrán decidir los centros. ¿No le preocupa que algunas no las apliquen? El PP ha dicho que buscará vías para no hacerlo.
R. En mal papel se vería una comunidad del PP si fuera insolidaria con una ley orgánica, contra la que no puede ir ninguna otra norma. Por otro lado, tenemos un reparto competencial. Nosotros vamos a fijar los aprendizajes esenciales y las reglas de juego. Tenemos mucha confianza en que los centros educativos van a saber utilizar esa nueva autonomía. Y siempre tendremos la supervisión final.
P. Un sector de la educación especial cree que, con la nueva ley, en 10 años las familias no podrán llevar a sus hijos a un centro especial.
R. Quiero que estas familias pierdan la preocupación por este asunto. Los centros de educación especial van a seguir existiendo siempre. Serán puntos de referencia y apoyo para el resto del sistema, además de seguir escolarizando alumnos. Y se contará con la opinión de las familias para destinar a sus hijos a un centro de educación especial. Pero quiero recordar que España tiene condenas de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU por falta de recursos en centros ordinarios para la escolarización de alumnos con discapacidad. No veo que por el hecho de que se dote a los centros ordinarios con más recursos pueda alguien sentirse menoscabado en su libertad.